Rodolfo Pastor Fasquelle
a los meseros Thelma, Leticia, Joaquín y Adolfo
Se trata de un clásico distractor. En las últimas horas, a partir de un lapsus en el discurso ante el Grupo de los 77 más China en que la presidenta quiso defender a Nicaragua contra las sancionesestadounidenses (como dijo bien al día siguiente ante Naciones Unidas) han proliferado los ataques contra Xiomara por sus contrarios y sus socios, alguno ¡Pinochetista declarado! que invocan la defensa de los derechos civiles, a la vez que alientan conspiraciones y exigen condenas moralistas.
No hay nada que esconder y no tenemos que dejar -por el contrario- de tomar nota de la información que nos llega, en especial del vecindario. Porque históricamente la suerte de los centroamericanos depende del sistema de vasos comunicantes que nos une, incluso cuando nos distanciamos. De modo que lo que pasa en los países vecinos siempre nos atañe, igual en paz que en guerra, bajo dictaduras o revoluciones democráticas.[1] Y mal haríamos en comprometernos con discursos y actos ajenos o con un silencio cómplice hacia fuera, o ante las naciones
En lo personal (antes y después de funcionario soy un ciudadano) me apenan algunas medidas que han tomado los gobernantes vecinos, invocando la defensa de la seguridad del estado, y entiendo los cuestionamientos que hacen mis colegas en la academia y en el foro cívico en donde, sin embargo, encuentro mucho olvido y confusión conceptual.
Aunque no debe desvirtuar el fin y propósito de su milicia, parece no solo legítimo y conveniente que un gobierno democrático busque controlar a sus militares; es indispensable. También debe un gobierno del pueblo y para el pueblo exigir que los medios de comunicación se sometan a ley. Porque, así como la energía, igual la comunicación pública confiable es indispensable en una democracia. Y es responsabilidad del estado democrático sancionar a los medios de comunicación si caen en la conspiración y la desinformación, como aquí los enemigos del gobierno, publicando mentiras sistemáticamente. No hay que defender a Ortega.
Pero un partido-hecho-gobierno tiene que controlar a sus bases y a las redes partidarias que –sino- podrían desbordarlo e incluso desestabilizarlo. Aunque me queda claro que un régimen que manipula contra la democracia interna del propio y atropella a otros partidos políticos tiene una deriva antidemocrática. Así como que el irrespeto a la independencia de los poderes y la persecución judicial a sus opositores tiene que preocupar a los demócratas en cada país; y debemos ser solidarios. Pero eso no obliga a los gobiernos extranjeros a condenar al vecino o permitir que se los atropelle, pues, siendo congruentes, tendríamos que romper con una infinidad de países que tienen sistemas de un solo partido, más o menos cerrado, o que operan con otras reglas. ¿Quién se salva? Por lo demás, igual aquí ha sido necesario fiscalizar a las ongs sin fines de lucro, y exigirles cuentas, pues aun siendo prestigiosas deben ser leales al bien general y rendir cuentas ante la autoridad legítima.
Se puede perseguir a la membresía de una organización criminal, como tantas hay que conspiran contra el bienestar y la seguridad de los pueblos, no solo la mara, incluso las gremiales que pasan por asociaciones civiles. Pero como liberal, pienso que hay que demostrar, aparte de la pertenencia al organismo indiciado, alguna complicidad y comisión de delito antes de rescindirle a los individuos derechos inalienables a la vida, la libertad y el trabajo, no digamos dignidad.
Me disgusta lógicamente que se cierren institutos académicos. A veces no sirven al avance de sus pueblos (por su atavismo o por su mediocridad, que suelen ir de la mano, aunque tienen bien ganado su prestigio tanto la UCA como el INCAE) pero me cuesta creer que, en la realización de sus actividades, que son la investigación y la docencia, las instituciones académicas amenacen el bien público. Y me solidarizo con los colegas en Nicaragua, como con el amigo Sergio Ramírez, uno de los más logrados hombres de letras del istmo y un sandinista comprometido, a quien su gobierno, sin embargo, le ha quitado la casa y la nacionalidad. Debería haber una ley internacional que lo proteja.
Pero las sanciones unilaterales que Xiomara estaba rechazando en su discurso ante la ONU condicionan la independencia del país al que se aplican; e implementan en forma arbitraria el concepto injerencista de la extraterritorialidad de la ley estadounidense y de sus aliados, que las aplican sin jurisdicción y sin haber completado proceso alguno, al perfecto arbitrio de un funcionario administrativo en Foggy Bottom, que juega al Teddy bear y policía.
Nuestros gobernantes tampoco son taumaturgos, investidos por derecho divino para defender principios religiosos o filosóficos universales y no pueden imponer sus criterios, valores o nuestra ideología ubicándose por encima de sus pares. Solo reciben por parte de sus pueblos, mandatos limitados para administrar la cosa pública de sus propios países; para resguardar sus intereses y derechos colectivos, según las leyes, y para representarlos en el exterior, de acuerdo con y respeto a las leyes internacionales, que se fundamentan en la independencia y la autodeterminación de los pueblos.[2] Crucial para defender nuestra propia libertad. Sería fatal olvidarlo o comprometernos con el discurso de la derecha internacional hegemonista
En cambio, la neutralidad en los asuntos ajenos conlleva la obligatoria solidaridad sin condiciones. Los nicaragüenses que sufran por mano de su gobierno exilio o persecución deberían contar ipso facto con nuestra protección activa y fraterna, y nuestra nacionalidad está a la orden de cualquier centroamericano que la reclame. Ya que INCAE anuncia su traslado al campus costarricense, Honduras debería, con apoyo de todos, invitar a UCA a trasladarse a nuestro territorio con toda la protección de ley, que de mucho nos serviría.
[1] En los años 30s los dictadores colaboraban entre ellos eliminando a los rebeldes contra el vecino que cruzaban la frontera; tienen razón los exponentes de la teoría del dominó.
[2] A determinar sin interferencia externa su estatus político, forma de gobierno, modelo de desarrollo económico y social… Es un principio cimentado en la Carta de las Naciones Unidas, obligadas a defenderlo, y ratificado en innumerables tratados y declaraciones. El derecho de los pueblos a decidir su destino, darse sus leyes propias y elegir sus instituciones, optar por su independencia, adherirse a un Estado o conservar su estatus, pacíficamente, y respetando los derechos humanos, que es un sine qua non pero no incluye el de la incorporación jurídica.
