La mandataria Castro emplazó a las autoridades de Seguridad a dar resultados en las próximas 72 horas
Por: Katerin Galo
Tegucigalpa. –La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, exigió resultados a las autoridades de la Secretaría de Seguridad ante la ola de violencia que vive el país centroamericano a pesar de estar bajo estado de excepción.
A través de sus redes sociales, Castro reconoció que Honduras está bajo ataques del crimen organizado, es por ello que desde sus redes sociales le dio un ultimátum de 72 horas a los entes de seguridad del país para dar respuesta a la población.
La reacción de la mandataria se debe a que en menos de una semana se reportaron dos muertes múltiples que dejaron como resultado 16 personas asesinadas.
En lo que va del 2023 ya se registran nueve muertes múltiples que han dejado al menos 38 personas fallecidas de manera violenta, los últimos dos homicidios múltiples ocurrieron el sábado 4 de marzo en Comayagüela, ciudad adyacente a Tegucigalpa, donde perecieron siete personas y el segundo hecho violento ocurrió el 6 de marzo en el departamento de Comayagua que dejó nueve personas asesinadas.
En respuesta a lo expresado por la mandataria, el secretario de Seguridad, Ramón Sabillón aseguró que, ante la falta de presupuesto, “se hace lo que se puede” ante pocos recursos económicos.
En una conferencia de prensa las autoridades policiales señalaron que no es fácil cambiar una conducta que viene desde hace años.
Por su parte el ministro de Seguridad aseguró que el estado de excepción está funcionando, pero se debe continuar trabajando.
Para el criminólogo y abogado Carlos Padilla el tema de seguridad debe ser abordado por todas las instituciones de seguridad, puesto que han dejado sola a la Secretaría de Seguridad y a la Policía Nacional en el combate a la criminalidad.
Aunque Padilla reclama la inclusión de los militares en asuntos de seguridad, estos siempre han estado ejerciendo dicha función, pese a que la presidenta Castro prometió desmilitarizar la seguridad ciudadana.
Padilla expone que se debe crear la fuerza de tarea conjunta, no solamente a la Policía Nacional, sino que también debe involucrarse la Dirección Nacional de Inteligencia, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y se debe exigir que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) actué en contra de las personas que reciben cantidades de dinero en sus cuentas y no pueden establecer cómo obtienen esos fondos.
Asimismo, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) debe obligar a las compañías de telefonía celular a regular la venta de chips.
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VIOLENCIA RECRUDECE A PESAR DE ESTADO DE EXCEPCIÓN
Honduras se encuentra en Estado de excepción desde el 6 de diciembre de 2022. La medida se ha venido aprobando mediante decretos del Poder Ejecutivo y se ha prorrogado en tres ocasiones. La última vigencia cesa el 6 de abril.
El 6 de diciembre del 2022 entro en vigor el PCM 29-2022 que decretó estado de excepción en 162 barrios y colonias en los municipios de Tegucigalpa, Comayagüela y San Pedro Sula. Lo anterior, supuestamente para combatir la extorsión y delitos conexos que han afectado a los hondureños, especialmente a los pequeños comercios.
El 6 de enero del 2023 la presidenta Castro ordenó la ampliación del estado de excepción por 45 días más. Esta vez la medida se extendió a 73 municipios del país mediante el PCM 01-2023.
Posteriormente, el 16 de febrero, el gobierno ordenó una segunda ampliación del estado de excepción la cual finaliza el 6 de abril. Se prevé que esta vigencia extendida nuevamente.
Ante los cuestionamientos por las dos últimas muertes múltiples, la Policía Nacional aseguró este martes que, desde la implementación del estado de excepción hasta el 20 de enero pasado, se registraron 132 homicidios menos en comparación con el mismo periodo de tiempo del 2021.
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ABANDONO GUBERNAMENTAL Y CAUSAS DE LA VIOLENCIA
A juicio del criminólogo Carlos Padilla el repunte en crímenes en consecuencia del abandono gubernamental a la población.
Es decir, que Honduras está viviendo la desatención del gobierno (actual y anteriores), pues no se ha trabajado en atender las causas que ocasionan la violencia y delincuencia, que son los flagelos que alimentan a las organizaciones de crimen organizado que operan en el país.
En una entrevista con Criterio.hn, el criminólogo expuso que el combate a la criminalidad no es exclusivo del accionar de la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional, sino que tiene que haber una integralidad de todas las secretarías de Estado para atender las necesidades de la población.
Padilla señala que la violencia social tiene varias causales, por tanto, los actores que tienen que intervenir para solucionar el problema no son solamente las fuerzas de seguridad del Estado.
Las garantías que establece la Constitución de la República, inherentes a la dignidad humana, no son atendidas por los gobiernos y eso ha sido un problema histórico en Honduras.
“Tenemos una carencia de vivienda, tenemos falencias graves en el sistema educativo y de salud del país, en generación de empleo, desintegración de la familia, migración forzada, entonces todos esos temas contribuyen a que estas organizaciones criminales puedan reclutar nuevos miembros”, expuso.
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HONDURAS, UN NARCOESTADO
En los últimos años Honduras ha sido catalogado como un narcoestado, inicialmente por el trasiego de drogas provenientes de Sudamérica rumbo a Estados Unidos. Sin embargo, en los últimos años este país centroamericano pasó a ser productor de coca y de instalar en su territorio laboratorios donde se procesa la cocaína. Esto sin duda contribuye a fomentar la violencia y criminalidad, aunque no necesariamente se refleje en la tasa de homicidios.
El concepto de narcoestado comenzó a tomar fuerza en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, cuando en los juicios de narcotraficantes hondureños, los fiscales aducían que el tráfico de drogas era facilitado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
El crimen organizado en Honduras traspasó al poder político, prueba de ello es que el expresidente Juan Orlando Hernández se enfrenta a un juicio en Estados Unidos por narcotráfico y su hermano, Juan Antonio “Tony” Hernández, fue sentenciado, en marzo de 2021, a cadena perpetua más 30 años de prisión.
El narcotráfico también ha salpicado a la cúpula policial, una evidencia de ello es que el exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla, fue extraditado a Estados Unidos por delitos de narcotráfico.
El criminólogo Nery Ordoñez externó, recientemente en una entrevista proporcionada a Criterio.hn, que Honduras dejó de ser un lugar de paso de droga a ser un fabricante, a tener producción de cocaína.
Entre tanto, el abogado Carlos Padilla aseveró que el estigma de narcoestado será difícil de quitar de encima mientras no se concreten las más de 30 solicitudes de extradición que están engavetadas en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“Honduras no quiere este tipo de personas involucradas en política, ni en policía, ni en el ejército, ni donde sea que estén y lo que se quiere es que sean llevados ante la justicia”, dijo.
