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Xiomara Castro, presidenta Constitucional, 100 días de gobierno popular

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Por: Javier Suazo[1]

Se cumplen los primeros 100 días “efectivos” de gobierno de la presidenta Xiomara Castro, en un ambiente de crecientes expectativas de la población  e inestabilidad económica y social, e incluso política, en tanto medios televisivos y analistas independientes atribuye a una estrategia del partido nacional hacer difícil la gestión de gobierno y cumplimiento de las promesas de campaña.

Xiomara Castro, es la primer mujer electa como presidenta de Honduras, contando con el respaldo del voto mayoritario del pueblo hondureño con más de 1.7 millones de votantes. Ya antes, en las elecciones generales de 2013, donde también fue candidata a la presidencia de la Republica por el partido Libertad y Refundación (LIBRE), había obtenido-según cifras oficiales- un total de 896, 498 votos, en un ambiente caracterizado por la represión política y denuncias de fraude del candidato oficialista Juan Orlando Hernández (JOH) con 1,149,302 votos.  En las elecciones de 2017, decidió hacerse a un lado e integrar la Alianza Opositora contra la Dictadura con Salvador Nasralla a la cabeza, que denunció de nuevo un fraude a favor de JOH, cuando los primeros cómputos arrojaban una tendencia de votos válidos a su favor.

En los comicios generales de 2021 se presentó como candidata de LIBRE a la presidencia, electa en elecciones internas, conformándose  de nuevo una Alianza Opositora para enfrentar la Dictadura con  Salvador Nasralla del partido Salvador de Honduras,  a la que se sumó la licenciada Doris Gutiérrez de PINU-SD y el periodista Milton Benítez, conocido como el “Perro Amarrillo”, candidato independiente.  Los dos primero se integraron como designado(s) presidencial (es) y el tercero como Asesor en Comunicaciones e Información. Hay que definir claramente las funciones de cada uno y agenda de trabajo compatible con la de Ministros, Directores y demás asesores.

 Para el caso, Salvador Nasralla trabaja el tema de corrupción del cual ha sido unos de los principales abanderados en su lucha, pero existe una nueva Secretaria, igual es visible un rol más protagónico del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA). Además, muestra preocupación y tiene propuestas para desarrollar proyectos de inversión que generen empleos de buena calidad (no los empleos espurios al amparo de la Ley del Empleo por Hora, catalogada como inconstitucional y derogada), pero debe ser parte de una estrategia de trabajo conjunta y multisectorial donde participen los ministros del ramo e instituciones involucradas, actores privados y gremios.

  1. Propuesta de Campaña y Gobierno Refundacional

Para las elecciones generales de 2021, la candidata Xiomara Castro presentó a consideración de la sociedad hondureña, el Plan de Gobierno para Refundar Honduras (2022-2026), y avanzar en la construcción de un Estado Socialista Democrático.  Es, en realidad, una propuesta de campaña política que se convertirá en Plan Estratégico Refundacional una vez que se conforme la institucionalidad. El gobierno decidió eliminar la Secretaria de Coordinación General de Gobierno (SCGG), que había caído en una especie de inercia institucional, donde su accionar se acomodó al cumplimiento de objetivos y metas de estabilización económica lideradas por la Secretaria de Finanzas (SEFIN), Banco Central y Ministerio de Economía, pero también a la agenda personal del presidente de la Republica. Una de las principales debilidades de la SCGG fue el centralismo burocrático con la creación de  gabinetes sectoriales, como un medio para aumentar el poder de JOH y control de las acciones institucionales y fondos públicos.

Con la creación de la nueva Secretaria de Planificación Estratégica (SEPE), se sientan las bases para conformar dicho instrumento de política que permita visualizar las acciones requeridas para reconvertir el país, derivado de las orientaciones conceptuales, políticas y pragmáticas y compromiso de la presidenta electa una vez en el cargo. Hay que construirlo desde los territorios con actores locales, pero generando las orientaciones conceptuales y metodológicas necesarias para la conformación de otros instrumentos sectoriales, regionales  y locales, caso de los planes regionales y de desarrollo en salud, educación, agrícola, infraestructura, ambiente, infraestructura, vivienda y empleo. Una de las principales funciones de esta Secretaria es la coordinación del Sistema Nacional de Planificación Económica y Social, conformado con la mayor parte de los actores y presidido por la presidenta de la Republica, actuando como secretario técnico el ministro del ramo.

No debe ser visto cómo un Consejo Corporativo y Burocrático, sino como un instrumento de coordinación, participación y representación ciudadana en el proceso de toma de decisiones, y de control social de las acciones institucionales.

  1. Crisis y Estabilización Heterodoxa

Los neoliberales, con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a la cabeza, son del criterio que frente a la crisis no hay otra solución que la estabilización económica y el ajuste estructural, aun cuando se ha demostrado que estas políticas profundizan dicha crisis, especialmente por el aumento desmedido del endeudamiento, contracción del gasto y privatización de las empresas públicas y servicios; pero, además, por el aumento del desempleo, subempleo, pobreza, inseguridad alimentaria y destrucción ambiental. No digamos la falta de acceso de la población a satisfactores sociales como salud, educación, protección social, vivienda y cultura.

Se cuestionó a la Ministra de Finanzas Ricci Moncada por mostrar el estado de las finanzas públicas, sobreendeudamiento y piñata de los fondos de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), donde los dueños de las empresas que proveen energía al Estado cada año celebran el desorden existente, ya que le permite obtener ganancias más allá de lo que una economía sana debería obtener, es decir, más allá de los llamados costos reales de la energía que deben pagarse por el Estado al situarse el precio del kilovatio/hora en su nivel, tomado como referencia los costos promedios regionales.

EL FMI es corresponsable al avalar la aprobación de una Ley Energética que no tiene operatividad, ya que no se visualizan los beneficios para la población ni existe una estrategia efectiva de reducción de pérdidas técnicas y no técnicas de la ENEE, según el compromiso asumido por la Empresa Energía Honduras (EEH), donde el Sindicato de la ENEE y eterno presidente de “facto”, Manuel Aguilar, tiene parte de la culpa al ser socios de la misma.

La presidenta Xiomara Castro envió al Congreso un proyecto de ley  para reformar la Ley Energética, donde lo más destacable es el reconocimiento de la energía como un bien público, la vuelta al control del Estado, desconcentración del servicio, renegociación de contratos y/o la posibilidad de compra de las plantas generadoras de energía en caso que se siga con la política extractiva y de usura por los empresarios que son pocos. La Embajadora de EEUU en Honduras, Laura F. Dogu, dio a entender en un comunicado que estas acciones ahuyentan la inversión, sin referirse a lo que ha sucedido en el pasado inmediato, donde la ENEE y sus recursos fueron  utilizados para  beneficio de empresarios que consideran que la energía es un bien privado donde los precios deben ser fijados por decreto sin considerar los costos internos y regionales.

Igual se cuestionó la reformulación del presupuesto de ingresos y egresos dejado por JOH, por el aumento de 50,000 millones de lempiras para enfrentar los compromisos pendientes, las brechas financieras y cumplir parte de las promesas de campaña en este primer año de gobierno. El argumento justificativo es que debió reducirse el gasto en un 15% o 20%, cerrando instituciones públicas, pero también no contratar deuda cara con la colocación de bonos soberanos cuya tasa de interés subió.

Hay también en analistas económicos una especie de velo monetario, en tanto consideran que el gobierno no debió pedir  recursos financieros al Banco Central, ya que se considera un financiamiento inorgánico que genera inflación. Hemos conversado con funcionarios de SEFIN y Banco Central, y esta decisión fue consultada con el FMI, existiendo el compromiso de responder con el pago de dichos fondos en el tiempo previsto.

En el gobierno de JOH,  el FMI conspiró contra el rol de Banco en el desarrollo del país, al tratar de independizarlo de las decisiones de política económica del Ejecutivo, focalizado en controlar la inflación y mantener una flexibilidad (incluso por decreto) de la tasa de cambio, aunque ello disminuya sustancialmente los montos del gasto de inversión pública, baje el monto de crédito para la producción alimentaria y aumente el desempleo. Pareciera que los funcionarios del gabinete económico de JOH nunca leyeron a Keynes, ni siguieron la lucha del pueblo ecuatoriano por defender el rol del Banco Central en el desarrollo del país.

Es importante que el gobierno de Xiomara Castro, contrario a lo que piensan miembros de la misión del FMI,  fortalezca el  rol del Banco Central en apoyo al cumplimiento de las promesas de campaña, pero también en la consecución de los objetivos de desarrollo económico y social, como la reducción de la pobreza, desempleo, inseguridad alimentaria y deterioro ambiental, sin descuidar la reconversión de la matriz productiva y base exportable.

Una acción inmediata es el nombramiento de un “volante de llegada” como asesor técnico, ya que pareciera que los problemas del Banco se resuelven por la vía legal al conformar su Directorio con profesionales de la rama del derecho, no de las ciencias económicas, contrario a lo que ha sido la tradición. El destacado economista hondureño, Edmundo Valladares, era del criterio de diseñar un modelo nacional de política monetaria y cambiaria frente a las propuestas de la ortodoxia neoliberal, siendo necesario la contratación de técnicos con un pensamiento más heterodoxo y crítico sobre el desarrollo nacional.

Lo anterior no significa que el gobierno de Xiomara Castro se despreocupe por el aumento de la inflación, siendo en su mayor parte importada. En la reciente visita de funcionarios de dicho organismo, cuya misión la encabezó Joyce Wong, se insistió que Honduras se acercó a 7% de inflación a finales del mes de marzo, cuando en 2021 se cerró con una tasa de 5,32%.  Es probable que la inflación supere el 10% a finales del año, pero  ello no debe ser factor justificativo para suscribir un nuevo convenio con el FMI y aceptar políticas de ajuste económico “draconianas”, tal como lo han sugerido algunos empresarios y economistas con “solapa” fridmaniana. Urge además un control sobre la especulación de precios de productos básicos, sobre todo en los centros poblados urbanos de mayor población.

Los problemas fiscales ameritan un tratamiento diferenciado. El rumbo debe marcarlo el aumento sostenido del gasto de inversión pública y financiamiento, tal como ha ocurrido

 en los gobiernos de Evo Morales y Lucho Arce en Bolivia. No obstante, ello no debe verse como un “cheque en blanco”, sino como un desafío de la política fiscal. Implica un seguimiento permanente de la productividad de dicho gasto, resultados e impactos obtenidos en el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas y proyectos de inversión sectorial. Insistimos en la urgencia de conformar un programa de inversiones de mediano plazo, más allá de aquel que maneja la SEFIN como programa multianual de inversiones, que deja fuera muchas iniciativas desde los territorios y gobiernos locales. Debe abrirse a lo externo, involucrando la participación de las Embajadas, Consulados y Agencias Cooperantes.

Hay que revisar las exoneraciones y exenciones fiscales que aumentaron el gasto tributario. Se habla de 40,000 millones de lempiras anuales. Los empresarios aducen que la mayoría de ese gasto no es atribuible a los negocios que hacen sus empresas, sino a ONGs e iglesias que operan sin pagar impuestos al fisco. Se han hecho varios intentos para regular el gasto (eliminarlo es una misión imposible), pero no hay avances visibles. La estrategia deber ser caso por caso, o sea individualizar el mismo. En el pasado se integró una comisión conformada por técnicos de SEFIN, economía y aduanas. Hay que reactivarla, incorporando la participación de empresarios y gremios.

Hay que evaluar el impacto  de las transferencias a los gobiernos locales. Curiosamente Honduras ha retrocedido en esto, ya que varios municipios en vez de subir de categoría han bajado, aunque hayan recibido dichas transferencias. Los planes de desarrollo municipal con enfoque territorial que son apoyados por la agencia de cooperación del gobierno de Japón (JICA) no han funcionado, ya que se tarda mucho su formulación y no se hace un análisis de actores involucrados para que sean flexibles y dinámicos.

III. Sectores Estratégicos

La presidenta electa Xiomara Castro, ha definido los sectores estratégicos en su propuesta de  campaña política. Estos incluyen salud, educación, ambiente, empleo, agroalimentario, infraestructura, seguridad; faltando vivienda popular. Desde ya, los ministros nombrados hacen sus mejores esfuerzos para reducir las brechas existentes. En salud la prioridad ha sido el aumento de la vacunación contra el Covid-19 y la regulación de los contratos de trabajo de personal de primera línea, varios de los cuales fueron parte de la piñata celebrada a finales del gobierno de JOH; en educación igual, pero la  estrategia está puesta en la vuelta a clases presenciales en escuelas y colegios. En ambiente, hay acciones orientadas a proteger el bosque con la participación de los militares, pero se ocupa de una política de mayor plazo y multisectorial. En la generación de empleos masivos y de buena calidad, se necesita un programa nacional de proyectos de inversiones públicas del alto impacto y revisión de incentivos al capital, sumado a la conformación de fondos regionales y municipales para beneficio de las mí pymes, cooperativas agroforestales  y unidades de producción campesina,  

La Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG) ha venido avanzado en la conformación de la estrategia para el desarrollo del sector agroalimentario y el medio rural de largo alcance, tal como se ha estilado desde inicios del 2000 con la formulación de la Política de Estado para el Sector Agroalimentario (PESA); pero como dicen los expertos, ocupa aterrizaje en medidas de política por subsectores y rubros, y proyectos de inversión; integrando  las cadenas y actores. Hay decisión política que todos los proyectos de desarrollo agroalimentario manejados como “islas”, deben pasar a la SAG en el menor tiempo posible, igual medida debe tomarse para los demás sectores.

En infraestructura hay problemas de manejo de personal con los ajustes a la institucionalidad, pero también se necesita una modalidad de trabajo que integre a los actores y gobiernos locales a la gestión de proyectos al fortalecerse el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y Red Solidaria. Un programa masivo de construcción de viviendas populares utilizando al máximo los recursos locales y enfoques de participación y gestión comunitaria debe empezar a operar ya.

El fortalecimiento de la Secretaria de Seguridad y FFAA con más recursos, debe acompañarse con una medición efectiva de resultados. Lo peor que puede pasar es que aumente el número de muertes violentas y perdidas crecientes de recursos forestales cuando hay fondos para ello. La protección de la Biósfera del Rio Plátano convertida en el paraíso prometido de narcotraficantes, madereros y ganaderos, es una decisión tomada, y debería pensarse en una policía ambiental y de control ciudadano permanente, la que puede recibir apoyo de la cooperación externa.

  1. Compromisos de Campaña

Aunque cerca de 20 diputados de LIBRE no confiaban en la gestión del Congreso Nacional a cargo de Luis Redondo Guifarro como su presidente, éste se ha convertido en el principal aliado de la presidente electa.   Las acciones se han orientado a apoyar las decisiones tomadas por Xiomara Castro, sobre todo, en lo relacionado con el cumplimiento de las promesas de campaña. Se ha logrado:

  1. a) reducción del precio del galón de gasolina en un 10%;
  2. b) el no pago de la factura eléctrica para aquellos abonados de bajos recursos que consumen menos de 150 kilovatios/mes, o sea 1, 025,000 clientes según registros de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE);
  3. c) se eliminó la ley de secretos, una especie de pacto de impunidad de aquellas acciones ejecutadas en contra del pueblo y fondos públicos;
  4. d) el perdón y retorno de aquellos cuídanos que fueron perseguidos por oponerse al golpe de Estado contra el expresidente Manuel Zelaya Rosales;
  5. e) prohibición de la minería de cielo abierto;
  6. f) eliminación de la piñata del fondo departamental manejado por los diputados;
  7. g) eliminación del programa de desarrollo agrícola por 4 mil millones de lempiras ejecutado por las FFAA de Honduras con la participación de dirigentes campesinos cuestionados por actos de corrupción;
  8. h) la derogación de las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDE);
  9. i) la derogación de la Ley de Empleo por Hora, entre las más importantes.
  10. Retos Futuros

La experiencia latinoamericana con gobierno progresistas de “primera vuelta”, caso de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Uruguay y Argentina, demuestra que un cambio del modelo neoliberal implica un proceso refundacional del Estado, o, al menos, la vigencia de políticas democráticas heterodoxas que pongan como punto principal de agenda la reducción de brechas económicas, sociales y culturales que no permiten transitar a un estado de democracia  cuyo horizonte meta sea el desarrollo de la persona humana.

La llamada segunda vuelta u ola de gobiernos progresistas demostró por un lado, la necesidad de aprender de las debilidades observadas frente a políticas neoliberales avaladas por organismos internacionales y grupos de poder internos y externos. Los ejemplos son evidentes en el caso de Ecuador, Uruguay y en menor grado Argentina; no así en Venezuela y Bolivia.  En este último país, el cambio refundacional en proceso se ha construido sobre bases sólidas que no pudieron ser debilitadas ni con un golpe de Estado promovido por los EEUU. El Socialismo Democrático tiene aquí uno de sus principales fundamentos y soportes, o sea la alta participación, movilización y conciencia popular, frente a un modelo autoritario y burocrático que se presenta como alternativa al neoliberalismo, siendo en realidad su continuidad. El cambio refundacional no sé da  por decreto. Hay que construirlo desde los territorios y con amplia participación ciudadana.

En el caso de Honduras, la creciente inestabilidad económica y social conspira contra este proceso, por lo que se necesitan acciones encaminadas a reconstruir las bases de un Estado democrático que fueron debilitadas y cercenas en 12 años de dictadura; ese es el rumbo actual, base fundamental para avanzar en un proceso de cambio más profundo.

Los retos para el gobierno son grandes. El primero es la reducción de la pobreza y pobreza extrema, cuyas cifras se han incrementado. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas (INE), un 54% de los hogares hondureños se encuentran en condiciones de pobreza, cuyo ingreso monetario es insuficiente. “Al analizar los datos obtenidos se determinó que el 59.2% de la población se encuentra en condición de pobreza. Aunque la pobreza es más grave en el área rural, también en el área urbana alcanza a más de la mitad de la población (55.5% urbano y 63.8% rural”. (INE, encuesta permanente de hogares, Tegucigalpa, julio de 2021). El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), habla que 77.7% de la población está en condición de pobreza, o sea más de 7.3 millones de hondureños, por lo que es importante aclarar de que pobreza se habla y la metodología utilizada, tal como ha sido el debate sobre el costo de la canasta mensual de alimentos básicos y cifras de inflación manejas por el BCH.

El gobierno ha vuelto a la vida el programa presidencial Red Solidaria, y hay evidencia de la vigencia de un nuevo marco de políticas sociales de mediano y largo plazo. El gobierno de Lula en Brasil complemento los programas de transferencias monetarias con políticas alimentarias y redistribución de activos productivos como la tierra, o sea políticas más integrales en contra de la pobreza. Hay también medidas de política complementarias, caso de los programas de generación de empleos masivos  y fortalecimiento de las mi pymes.

El segundo. Honduras no puede seguir apostándole a una matriz productiva con poca integración de sectores, subsectores, productos y actores, que se reflejan en una baja productividad, valor agregado, empleos de mala calidad, baja oferta exportable y destrucción ambiental.  La reconversión de esta matriz es una tarea urgente, con criterios de sustentabilidad ambiental y aprovechamiento máximo de los recursos locales.

Hay rubros que muestran un alto potencial, incluso durante y post-pandemia Covid.19, caso los cafés especiales, alimentos básicos y turismo. Hay que sumar el bosque, la biodiversidad y servicios ambientales, que amerita de intervenciones focalizadas por regiones, departamentos y municipios con un fuerte liderazgo de la institucionalidad, caso particular del Instituto de Conservación Ambiental (ICF), Ministerio del Ambiente y Ministerio de Economía. El llamado sector industrial no maquilero ha sido golpeado con políticas generalizadas de liberalización comercial, lo que ha permitido aumentar la dependencia externa de estos productos, muchos de los cuales pueden ser producidos internamente.

La construcción de vivienda popular es potencialmente generador de empleos y protección para las familias de bajos recursos. Lo mismo sucede con la economía y actividades de cuidado que han venido en ascenso, pero que demanda una legislación especial para aquellas personas ligadas al trabajo y cuidado de las casas y familias. La Legislación a favor de estas actividades debe ser aprobada en 2022, lo que significa una reivindicación de derechos adquiridos.

Hay una apuesta por el aumento de la capacidad del Estado para generar ahorro interno  y aumentar el gasto de inversión real. En el modelo clásico de estabilización económica y ajuste, el ahorro viene de la contracción de las funciones del mismo Estado (menor gasto) e ingresos captados por la venta de empresas y servicios al sector privado. Hay que revitalizar el rol del Estado en la economía, lo que implica el rescate de empresas públicas con Hondutel y la ENEE; proceso ya en marcha. Pero también una nueva forma de gestión que posibilite la participación de actores en el proceso de generación de beneficios para la población, caso de los gremios. En la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), el SITRAUNAH es un actor invisible de estos beneficios para trabajadores y maestros afiliados.

Finalmente, el gobierno de Xiomara Castro le apuesta a una estrategia “frontal” de combate de la corrupción e impunidad. Hay una promesa de campaña de traer la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH) en 2022 con un alcance de mediano plazo (2022-2027), pero también urge recuperar los dineros y bienes mal habidos y disminuir la pérdida de fondos públicos. Estos recursos deben servir para apoyar los programas de desarrollo social en beneficio de los más pobres y marginados, incluyendo aquellos que Gautama Fonseca, el abogado de los campesinos,  llamaba “descamisados”.

Tegucigalpa, Honduras, 7 de abril de 2022

[1] Economista Hondureño, catedrático de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNAH. Es un ensayo  que recoge entrevistas no formales  a funcionarios públicos, dirigentes obreros y población con ocasión de celebrarse  el 1 de mayo 2022, día del trabajador.

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