Analistas consultados por Criterio.hn coincidieron en la necesidad de que los tres poderes del Estado trabajen con el objetivo de reformar el Código Penal
Tegucigalpa, Honduras.- Mientras en el Congreso Nacional impera la falta de voluntad política para discutir y votar las reformas al Código Penal, surge la necesidad de que la presidenta Xiomara Castro presente una iniciativa de ley destinada a reformarlo.
El Código Penal, que entró en vigor el 25 de junio de 2020, presenta una serie de debilidades que requieren revisión en las penas aplicadas a diversos delitos, como la usurpación, los delitos contra la administración, los delitos sexuales y las limitaciones a la libertad de expresión.
La semana pasada, la presidenta Xiomara Castro declaró públicamente que existe la necesidad de reformar el Código Penal, aunque se limitó a mencionar los delitos contra el medioambiente, en el marco de la emergencia ambiental decretada por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS).
Sin embargo, la voluntad de la presidenta Xiomara Castro debe ir más allá de instar al Congreso Nacional; también debe incluir acciones concretas, entre ellas, la posibilidad de enviar al Legislativo un anteproyecto de ley destinado a reformar el Código Penal.
Actualmente, la Secretaría de Derechos Humanos, en representación del Ejecutivo, trabaja en la elaboración de una propuesta de reformas al Código Penal. Las propuestas están siendo desarrolladas desde la Mesa Técnica de Armonización Legislativa, la cual incluye al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), el Congreso Nacional y el Poder Judicial, con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
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Para el investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ), Joaquín Mejía Rivera, los resultados de la Mesa Técnica de Armonización Legislativa servirán como base para que la presidenta Xiomara Castro promueva una iniciativa de ley destinada a aprobar las reformas necesarias al Código Penal.
«En definitiva, la presidenta tiene la potestad de promover reformas al Código Penal y enviarlas al Legislativo. Es necesario plantear al Congreso Nacional que haga las reformas. Desde la mesa técnica hemos trabajado varios delitos vinculados con derechos humanos, pero hay varios grupos trabajando en otros asuntos del código», declaró Mejía Rivera a Criterio.hn.
Por su parte, el director de Democracia y Transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Juan Carlos Aguilar, manifestó que, aunque la presidenta Xiomara Castro prometió en campaña electoral endurecer las penas en los delitos contra la administración pública, no es algo que solo depende de ella.
«El Congreso Nacional tiene una comisión anticorrupción; es necesario que trabaje en esas reformas. Debe haber también la opinión de la Corte Suprema de Justicia, una armonía entre los tres poderes: que el Ejecutivo lo promueva, que el Poder Judicial dé el visto bueno y que el Congreso Nacional las materialice», señaló Aguilar en conversación con este medio digital.
El analista agregó que no sólo es necesario el endurecimiento de las penas, sino también que el Ministerio Público, a través de los fiscales, haga una labor efectiva en la persecución del delito.
PENDIENTE EL INFORME DEL CONGRESO
Desde el 7 de julio de 2022, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, nombró una comisión especial encargada de analizar la aprobación y las reformas al Código Penal, con el propósito de presentar ante el pleno de diputados un informe detallado de la votación y aprobación del mismo, incluyendo recomendaciones sobre reformas a esa normativa penal.
Sin embargo, pese a que en mayo de este año los diputados oficialistas Ramón Barrios y Silvia Ayala, que integran la comisión, dijeron a Criterio.hnque el informe está cerca de ser presentado, los diputados se fueron a receso legislativo sin conocerlo y volverán a sesiones a partir del próximo 1 de julio.
Las reformas al Código Penal cobran relevancia previo a la eventual instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad, considerando que en 2023, cuando el equipo de expertos de la ONU realizó el diagnóstico del sistema de justicia, planteó la necesidad de que este instrumento jurídico sea reformado para garantizar un mejor combate a la corrupción y la impunidad.
El vigente Código Penal, que reemplazó al de 1983, establece penas más leves para delitos de corrupción como malversación de fondos públicos, abuso de autoridad, tráfico de influencias, fraude, cohecho y enriquecimiento ilícito.
