El anuncio de reincorporar a Honduras al CIADI en el primer día de gobierno reactiva el debate sobre soberanía, arbitraje internacional y demandas multimillonarias impulsadas por inversionistas, incluidas las vinculadas por las ZEDE.
Analistas advierten que el retorno al sistema de arbitraje internacional no garantiza inversión extranjera y reabre riesgos jurídicos y territoriales para el Estado hondureño.
Tegucigalpa, Honduras. – El anuncio del gobierno de Nasry Asfura, realizado en su primer día de mandato, sobre la intención de reincorporar al país al Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Estados e Inversionistas (CIADI) no responde a un trámite técnico, sino a una decisión política. El gesto envía una señal al sector privado de que los intereses corporativos volverán a ocupar un lugar central, aun a costa de los derechos y necesidades del pueblo hondureño.
Para la investigadora del Institute for Policy Studies (IPS), Jen Moore, la comunicación enviada al CIADI constituye un mensaje “bastante fuerte” al capital transnacional, similar al discurso de 2011 de que Honduras estaba “abierta a los negocios” durante el gobierno del también nacionalista Porfirio Lobo Sosa, y origen de muchas de las demandas que hoy enfrenta el país.
Durante la administración de la expresidenta Xiomara Castro (2022-2026), Honduras denunció el convenio del CIADI en febrero de 2024, decisión que entró en vigor el 25 de agosto de ese mismo año, tras la acumulación de demandas de arbitraje internacional presentadas por inversionistas contra el Estado hondureño.
Según el Procurador General de República, Manuel Díaz Galeas, –nombrado durante la administración de Castro–, la denuncia de convenio se sustentó, entre otros aspectos, en que el organismo desconoció la declaración soberana de Honduras de 1988, que establecía como requisito el agotamiento previo de las instancias internas antes de someter al país a esa jurisdicción.
Uno de los primeros litigios internacionales fue presentado por los inversionistas de la Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) Honduras Próspera, quienes reclamaban –hasta octubre de 2025– una indemnización de 10,775 millones de dólares tras la derogación del marco legal que dio origen al cuestionado régimen que cedió soberanía a actores privados.
Para Julio de 2025, Honduras acumulaba 16 litigios principalmente ante el CIADI, con reclamos que ascendían a 19,440 millones de dólares.
LA CARTA Y SUS IMPLICACIONES
En la carta remitida al CIADI, la administración Asfura expresa su intención de reincorporarse al convenio, enmarcando la decisión en un discurso de seguridad jurídica, cumplimiento de procedimientos internacionales y fortalecimiento de la confianza de los inversionistas.
El documento presenta la medida como un paso institucional orientado a garantizar reglas claras para la inversión extranjera, sin mencionar las razones que motivaron la salida del país del mecanismo en 2024.
La investigadora asociada del Transnational Institute (TI), Luciana Ghiotto advierte que no se trata de un regreso automático. Explica que la reincorporación implica una nueva adhesión al Convenio CIADI de 1965, lo que requiere no solo la firma del Ejecutivo, sino también la aprobación del Congreso Nacional, lo que podría abrir un escenario de debate político.
Ghiotto subraya que este gesto implica además la decisión de no cuestionar los tratados de libre comercio ni los acuerdos de protección a las inversiones vigentes, así como de mantener intacto los privilegios otorgados a los inversionistas extranjeros. A su juicio, el retorno al CIADI podría anticipar un giro en la estrategia de defensa del Estado, orientándola hacia una postura más conciliadora frente a los interés corporativos.
¿SE ATRAERÁ INVERSIÓN EXTRANJERA RETORNANDO AL CIADI?
Uno de los principales argumentos utilizados para justificar el regreso al CIADI es que la pertenencía al organismo fortalecería la confianza de los inversionistas extranjeros. Sin embargo, el procurador Díaz Galeas sostiene que esta relación es falsa y carece de respaldo empírico. Diversos estudios, señala, han demostrado que pertenecer al CIADI no garantiza mayores flujos de inversión extranjera directa.
Como ejemplo, cita el caso de Brasil, el principal receptor de inversión extranjera directa en América Latina, pese a no ser miembro del CIADI. En esa misma línea, la coordinadora de la Red de Solidaridad con Honduras, Karen Spring, advierte que la credibilidad de un país no se construye mediante arbitrajes corporativos, sino a través de instituciones democráticas sólidas, el combate a la corrupción y la atención de los conflictos sociales y ambientales derivados de proyectos extractivos.
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RIESGOS CONCRETOS: DEMANDAS, ZEDE Y TERRITORIO
Para las organizaciones de base, la reincorporación de Honduras al CIADI reabre un escenario de riesgos concretos asociados a la expansión de proyectos extractivos, la entrega de territorios y el fortalecimiento de marcos jurídicos favorables a actores privados.
Christopher Castillo, integrante de la Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH), advierte que este paso podría facilitar la reactivación de concesiones y la devolución de favores políticos a grandes corporaciones transnacionales, en detrimento de los derechos colectivos.
Castillo subraya que el CIADI ha sido el foro utilizado por inversionistas vinculados a las ZEDE para demandar al Estado hondureño por montos multimillonarios, convirtiéndose en una herramienta de presión contra decisiones soberanas adoptadas en defensa del interés público. Desde su perspectiva, el retorno al CIADI refuerza un modelo que subordina el futuro del país a la lógica del capital transnacional.
Luciana Ghiotto del Transnational Institute subraya que la salida de Honduras del CIADI tuvo un carácter simbólico pero políticamente relevante, al cuestionar uno de los pilares del sistema de protección a las inversiones.
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