De acuerdo con la primera Encuesta Nacional sobre la percepción de las mujeres en la política, la violencia política es una de las cinco barreras que enfrentan las mujeres electas y que aspiran a cargos de elección popular
Diseño de portada: Ruth Moncada
Tegucigalpa, Honduras. Con las elecciones generales a 45 días, el Congreso Nacional mantiene en pausa la aprobación de la Ley Contra la Violencia Política de Género, a pesar de los recientes casos de violencia y de las demandas sostenidas por diputadas y organizaciones de mujeres.
Durante las elecciones primarias, se documentaron al menos 11 casos de violencia política de género contra aspirantes a cargos de elección popular y funcionarias del Estado. Sin embargo, la violencia no solo persiste, sino que continúa en aumento, sin que hasta ahora exista una respuesta efectiva por parte de las autoridades.
En un reciente estudio realizado por organizaciones de sociedad civil y defensoras de derechos de las mujeres, se expuso cómo desde la perspectiva de la ciudadanía las mujeres enfrentan cinco candados que vienen desde sus institutos políticos hasta los espacios institucionales en los que ocupan cargos, que limitan su participación política, por su condición de ser mujer.
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43 MESES EN ESPERA
En marzo de 2022, las diputadas Fátima Mena y Johana Bermúdez impulsaron ante el Congreso Nacional la Ley Contra la Violencia Política de Género, una propuesta clave para enfrentar las agresiones sistemáticas que afectan principalmente a las mujeres en espacios de poder y participación política.
Desde entonces han transcurrido 43 meses y, pese a las constantes demandas de organizaciones de mujeres, sociedad civil, funcionarias y las propias congresistas, la aprobación de esta normativa sigue sin concretarse. Esto, a pesar que el presidente del Poder Legislativo se comprometió a aprobar, según han denunciado diputadas y feministas.
Con el objetivo de conocer las razones por las cuales la aprobación de dicha ley no ha sido concretada, Criterio.hn intentó contactarse con el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, sin embargo, no se obtuvo respuesta. Asimismo, intentamos comunicarnos con el vicepresidente del Poder Legislativo y candidato a diputado por el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), Hugo Noé Pino, quien se limitó a responder que se encontraba fuera del país.
Hace dos días, la diputada del Partido Liberal por el departamento de Gracias a Dios, Erika Urtecho, expuso durante la presentación de la Primera Encuesta Nacional sobre la percepción de las mujeres en la política, que la mayor parte de las diputadas del Congreso Nacional, se han unido separando sus colores políticos incluso contra los compañeros de sus propios institutos para la aprobación de la ley.
Urtecho señaló que, pese a sus esfuerzos, no han logrado que el proyecto sea aprobado, y que si no se logra durante este período continuará la lucha al término de las elecciones para garantizar dicha normativa.
La congresista afirmó que, al igual que muchas de las diputadas, ella ha sido víctima de dicha brecha estructural y que lo sufrió de manera directa con el asesinato de su madre en las elecciones generales pasadas.
Por su parte, la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Ligia Ramos, señaló durante su participación en el panel que la violencia política no distingue colores partidarios, ya que la mayoría de las mujeres que participan en política la sufren. Subrayó además que se trata de una realidad persistente que, según ella, no cambiará a corto plazo.
Ramos afirmó que en muchas ocasiones ha tenido que canalizar su enojo, cuando Luis Redondo no les cede la palabra, puesto que, de demostrar malestar son señaladas como histéricas y hormonales por los propios congresistas.
La diputada del PSH, aseguró que en muchas ocasiones se ven obligadas a ceder protagonismo para que un proyecto sea aprobado y que esa es una demostración más de la violencia política dentro del Legislativo.
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PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CNE
La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE) y representante del Partido Nacional, Cossette López, manifestó que iniciará una campaña relacionada con el tema del protocolo de prevención de violencia, para regular.
López señaló que dentro del CNE los empleados por categoría usan descalificativos en contra de ella y Ana Paola Hall, por lo que aseguró que será de las primeras en hacer uso del protocolo de prevención.
Pie de foto: “La violencia no se va, está ahí, la desigualdad sigue ahí, pero seguimos luchando y en medio de la desigualdad debemos prevalecer, no agacharle la cabeza a nadie, no permitir que el hecho de que nos quieran humillar nos desaliente”, dijo López.
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SOBRE EL ESTANCAMIENTO
La abogada y defensora de derechos humanos, Reina Rivera, explicó a Criterio.hn que la violencia política de género ha sido una constante en los distintos procesos y momentos electorales del país, y señaló que esta problemática es consecuencia directa de una estructura social profundamente patriarcal.
Rivera señaló que las mujeres están históricamente excluidas del acceso al ejercicio del poder y que eso es uno de los factores que explica la violencia política de género.
La profesional del derecho y analista nacional apuntó que, leyes como la Ley Contra la Violencia Política de Género no son aprobadas por los pactos patriarcales, ya que a estos no les conviene y quieren que las mujeres dejen de hablar por la misma cultura patriarcal.
Sobre el protocolo recientemente aprobado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), Rivera remarcó que, si bien este identifica las formas de violencia política que enfrentan las mujeres durante los procesos electorales, carece de un mecanismo sancionatorio y se limita a ser una herramienta de carácter disuasorio, por lo que no existen sanciones.
Rivera afirmó que es necesario, además, que se cumpla con el 15% de los fondos de la deuda política destinados a las mujeres, ya que, aunque este porcentaje se aprueba, en la práctica no se entrega. Como resultado, los recursos quedan atrapados en las cúpulas masculinas de los partidos.
