En un contexto de polarización y crisis de violencia contra las mujeres, actores políticos instrumentalizan la violencia de género para intereses partidarios, mientras las agresiones y la impunidad aumentan, limitando la participación de la mujer y debilitando la representación democrática en Honduras
Tegucigalpa, Honduras. – La violencia política de género en Honduras no solo representa una grave vulneración de los derechos de las mujeres, sino que se ha convertido en un recurso instrumentalizado por diversos actores políticos.
En un contexto de polarización social y partidaria, los discursos y denuncias sobre violencia política de género suelen ser utilizados estratégicamente para beneficiar intereses particulares, ya sea para atacar adversarios, victimizarse ante la opinión pública o desviar la atención de problemas estructurales.
Para Jessica Sánchez, directora ejecutiva del Grupo Sociedad Civil hay un juego político donde “las mujeres somos el objeto de cambio. Interesante, porque ningún partido ha hecho nada por las mujeres”, recriminó.
En periodo electoral las agresiones están a la orden del día, entre golpes, insultos, señalamientos, traspasando de lo público al plano privado, las mujeres son las más afectadas. Los hechos más recientes, la agresión a Saraí Espinal, candidata a diputada por el partido Liberal y los señalamientos de Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE) hacia su compañera de trabajo, la consejera presidenta Cosette López.
Sánchez enfatizó que, más allá de si el tema es utilizado políticamente, la realidad es que muchas mujeres, como las consejeras del CNE, enfrentan discursos confrontativos y acusaciones que buscan deslegitimarlas. Sánchez criticó la división “sin precedentes” en el CNE y la falta de confianza en el Ministerio Público.
A ello se suma, las constantes agresiones hacia la presidenta Xiomara Castro y demás mujeres del Partido Libertad y Refundación (Libre), las mujeres del Partido Nacional y toda la violencia hacia las mujeres que participan en la política, sin que hasta le fecha se pueda deducir responsabilidades a quienes propician y replican estas agresiones.
De interés: Ley contra la violencia política hacia las mujeres sigue estancada en pleno año electoral
PARTIDOS POLÍTICOS CON DOBLE MORAL
La sociedad hondureña atraviesa una etapa de polarización política, donde la confrontación y la división se han instalado en todos los niveles del debate público. En este ambiente, los discursos sobre violencia política de género son moldeados y amplificados según las necesidades de cada grupo de poder.
Merly Eguigure, coordinadora del Movimiento de Mujeres por la Paz «Visitación Padilla»,señala que la violencia contra las mujeres en la política no distingue colores partidarios, pues es ejercida por hombres de todos los partidos políticos. Sin embargo, señala que existe una doble moral en la que se protege a las mujeres afines a un partido mientras se agrede a las que pertenecen a movimientos opuestos, reflejando un juego de poder patriarcal profundamente arraigado.
Este patrón evidencia cómo el patriarcado se mantiene vigente en la política hondureña, utilizando la violencia como herramienta para controlar y limitar la participación femenina según intereses y lealtades políticas.
«Nada justifica la violencia», sentenció Eguigure, al tiempo que enfatizó la irrelevancia de la vida privada de las funcionarias y candidatas. «No nos interesa la vida personal de ninguna candidata o consejera. Están ellas ahí en un desempeño profesional», afirmó, enfatizando que lo relevante es su desempeño y funciones.
Lea: Organizaciones advierten un escenario electoral crítico para las mujeres
IMPACTO EN LA DEMOCRACIA Y LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER
La instrumentalización de la violencia política de género tiene consecuencias directas sobre la democracia hondureña.
Dulce Davis, del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad) e integrante del Consorcio de Mujeres Unidas por Honduras (Comunh), advierte que la violencia política dirigida hacia las mujeres en Honduras representa un obstáculo grave para el fortalecimiento de la democracia.
Para que la democracia sea verdaderamente representativa, es fundamental que las mujeres, que constituyen el 53% de la población, no solo participen, sino que estén efectivamente representadas en los espacios de toma de decisiones. Sin embargo, la violencia política que enfrentan es desproporcionada y específica por su condición de género, ya que muchas agresiones traspasan el ámbito público para atacar aspectos personales y familiares, afectando su desempeño profesional y su integridad.
Davis también alertó sobre el contexto electoral actual, donde la violencia política y electoral hacia las mujeres se intensifica y no existen mecanismos legales efectivos para protegerlas. “La violencia va en escalada conforme nos acercamos a las elecciones generales, y no contamos con herramientas ni voluntad política para garantizar la seguridad e integridad de las mujeres en política”, afirmó.
AUSENCIA DE VOLUNTAD POLÍTICA Y ESTANCAMIENTO LEGISLATIVO
A pesar de los reiterados llamados de organizaciones feministas y de la sociedad civil, el Congreso Nacional mantiene estancada la aprobación de la Ley Especial contra la Violencia Política.
Esta falta de avance evidencia el uso político del tema: mientras se proclaman discursos de apoyo a la igualdad, en la práctica prevalece el cálculo partidario y la ausencia de compromiso real.
Esta legislación, señaló Merly Eguigure, «permitiría que las mujeres tengan un marco de acción para denunciar y sentirse con mayor respaldo desde las autoridades frente a todo este tipo de atropellos vergonzosos que están ocurriendo».
Desde el llamado a elecciones en septiembre de 2024, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) ha registrado múltiples casos de violencia política con impacto electoral, donde mujeres han sido víctimas de agresiones simbólicas, físicas y amenazas, en un contexto donde la impunidad prevalece.
Esta violencia se suma a la crisis generalizada de violencia de género que enfrenta Honduras, país que lidera las tasas de feminicidio en América Latina, con más de 100 mujeres que han perdido la vida de manera violenta en lo que va de 2025 y una impunidad superior al 95%.
Ante ello, Jessica Sánchez denunció la indiferencia y falta de compromiso del Estado hondureño frente a la violencia de género, señalando que las organizaciones feministas siguen sin ser recibidas por autoridades clave como la presidenta Xiomara Castro. Mientras los femicidios continúan en aumento y la violencia doméstica se oculta mediante la reclasificación de delitos.
Que, para Sánchez, representa una violencia simbólica que golpea a las mujeres que sufren violencia de género, especialmente cuando niñas víctimas de abuso sexual y embarazos forzados no reciben la protección ni el apoyo necesario.
