Tegucigalpa, Honduras. – “Es difícil ser mujer en este país”, es una de las frases que se escucha con regularidad debido a las múltiples violencias a las que se debe enfrentar el 52% de la población.
María Esther Escalante, del Centro de Derechos de la Mujer (CDM), señaló que “en Honduras las mujeres seguimos enfrentando altas tasas de violencia”.
Esta realidad que enfrenta más de la mitad de la población, se refleja en los datos abrumadores que ubican a Honduras con la tasa más alta de femicidios en América Latina.
La violencia contra la mujer es una problemática regional que requiere el compromiso de los Estados para abordar las causas sociales, culturales y estructurales de la violencia feminicida.
Para el caso, la data de instituciones y organizaciones feministas apuntan que, durante el 2022, los países con más muertes violentas fueron Guatemala con 668 y Honduras con 390 femicidios y muertes violentas de mujeres; por el contrario, El Salvador registró 68 y Nicaragua 57 asesinatos de mujeres.
Además, otra de las problemáticas que están afectando especialmente a niñas y adolescentes es la violencia sexual. Durante el 2020 y 2021 en Guatemala se registraron 24,593 denuncias, en Honduras 2,896, en El Salvador 3,567 y en Nicaragua 7, 611.
Ante este panorama, organizaciones feministas el El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua, mantienen una lucha frontal para erradicar este flagelo y enfatizar en el compromiso de los estados para transformar las causas sociales, culturales y estructurales de la violencia feminicida.
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¿QUÉ DEBE HACER EL ESTADO DE HONDURAS PARA CONTRARRESTAR LA VIOLENCIA EN CONTRA DE LA MUJER?
Honduras tiene grandes retos para cambiar la realidad a las mujeres y niñas, que de acuerdo con analistas y defensores y defensoras de derechos humanos se requiere voluntad política para garantizar el derecho a la mujer a vivir libre de violencias.
La Convención de Belém do Pará define la violencia contra la mujer como “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”.
En ese sentido, para contrarrestar la violencia contra la mujer, desde la institucionalidad del Estado se deben crear políticas públicas que aborden las causas estructurales de la violencia y promueva el empoderamiento de las mujeres y las niñas.
Jessica Sánchez, directora ejecutiva del Grupo sociedad Civil, es de la opinión,que lo prioritario desde el gobierno es que la violencia se asuma como un problema, “se debe priorizar la violencia de género”. Además, refirió que se debe fortalecer la institucionalidad y verdaderos procesos de investigación.
De igual manera, Sánchez en reiteradas ocasiones ha señalado que ante el alto número de femicidios es pertinente nombrar a una persona designada para la violencia contra las mujeres y femicidios. “hay un designado para presos políticos en un país donde n o hay presos políticos”, recriminó
Además, la defensora de derechos de las mujeres, es del criterio que la violencia en contra las mujeres son “una cuestión de clase”, en consecuencia, le recordó al gobierno volver su mirada a las poblaciones históricamente vulnerabilizadas, “sería un buen giro del gobierno regresar a la base, saber cómo están las mujeres, cómo viven en realidad”, enfatizó.
Por su parte, Cristina Alvarado, del colectivo de mujeres por la Paz Visitación Padilla, refirió que mientras no se tomen acciones contundentes como la aprobación de la Ley de Integral contra las violencias hacia las mujeres –presentada hace más de un año a la presidenta Xiomara Castro y que aún no ha sido envidiada al Congreso Nacional— el panorama que les espera a las mujeres “no es nada bueno, seguiremos enfrentando la diversas manifestaciones de violencias, particularmente la violencia sexual y una institucionalidad ajena a la comprensión de la problemática y ausencia de políticas públicas qué respondan, protejan y garanticen derechos a las niñas, adolescentes y mujeres”.
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ESTRATEGIA REGIONAL
El escenario de violencia en contra de niñas y mujeres en Centroamérica es abrumador que además se vincula con patrones socioculturales discriminatorios que tienen su origen en estereotipos de género y concepciones erróneas de inferioridad y subordinación, los cuales están presentes en todos los países del hemisferio, como lo apunta el estudio regional sobre las raíces culturales y el contexto de la violencia contra las mujeres en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
En ese sentido, entre las principales acciones y pautas que presentan a los estados, plasmadas en el estudio están: Eliminar el machismo, mejor control de las armas de fuego, dar a conocer cifras desagregadas por sexo, grupo de edad y otras variables; diseñar y difundir rutas de denuncia de la violencia sexual; cumplir y aplicar las leyes con enfoque de género.
Otro de los temas pertinentes es combatir la impunidad. En el caso de Honduras las organizaciones de mujeres refieren que la impunidad en casos de violencia y femicidios sobrepasa el 95%.
En ese sentido, María Esther Escalante, investigadora del CDM, durante el lanzamiento de la campaña regional: Ciudadanía e instituciones activas contra la violencia hacia las mujeres, expresó “tenemos índices de impunidad elevados y las estadísticas siguen en alzada”. Una situación que para la defensora de derechos humanos es importante evidenciar para demandar al Estado el cese a la impunidad y la efectiva implementación de justica.
Además, se insta a los estados a destinar presupuestos suficientes para atender a las sobrevivientes y castigar a los agresores, empoderar a la niñez y adolescencia en torno a sus derechos, asegurar entornos familiares, educativos y laborales libres de violencia.
La Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), Centro de Derechos de Mujeres (CDM), y el Centro de Investigación, Capacitación, Apoyo a la mujer y juventudes (CICAM), reiteran que la violencia contra las mujeres solo puede ser erradicada con las sinergias ciudadanas y gubernamentales que atiendan las raíces que legitiman, naturalizan y toleran la violencia sexual y feminicida.
Desde enero hasta el cierre de julio, de acuerdo con la data del Centro de Derechos ce la Mujer (CDM) Honduras registra 274 femicidios, incluida la peor masacre en la historia de la Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), donde 46 mujeres perdieron la vida de manera violenta, hecho catalogado como un delito de lesa humanidad, y que a más de dos meses de la tragedia no se tiene indicios de la investigación.
