Entre el periodo de 2023 a 2024 el CPTRT documento 193 tratos de tortura, castigos inhumanos y degradantes en contra de personas privadas de libertad y sus familiares
Tegucigalpa, Honduras. Desde la militarización del sistema penitenciario en junio de 2023, las denuncias por tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes contra personas privadas de libertad y sus familiares han ido en aumento, según defensores de derechos humanos consultados por Criterio.hn.
El lunes 14 de julio trascendió en diversos medios de comunicación que la presidenta Xiomara Castro solicitó la renuncia del general Ramiro Muñoz, quien ostentaba la titularidad del Instituto Nacional Penitenciario, y aunque la separación del cargo fue oficializada, el control de los centros penitenciarios continuará en manos de las Fuerzas Armadas.
Tras la salida de Muñoz, el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura (CPTRT), emitió un comunicado en el que solicitan a las autoridades hondureñas un informe de rendición de cuentas sobre las compras millonarias realizadas durante la administración del general.
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REALIDAD IGNORADA
De acuerdo con informes del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus Familias (CPTRT), de junio de 2023 a junio de 2024, se documentaron 193 casos de tortura, castigos inhumanos y degradantes (TCID) en contra de personas privadas de libertad y sus familiares.
Los datos cotejados por el CPTRT, señalan que 106 de los casos de tortura/TCID, 74 se realizaron en contra de hombres, 30 de mujeres y dos menores de edad, y de estos 21 se registraron dentro de postas policiales y 72 en centros penales.
Las cifras señalan además, que durante la custodia militar se registraron 65 muertes, de las cuales 58 fueron al interior de los centros penitenciarios.
Mientras que el informe de 2025, expone que 139 personas privadas de libertad han sido víctimas de tortura al sufrir golpes, puñetazos empujones, caidas de segundo nivel, patadas durante requisas, aislamientos, revisiones invasivas, amenazas entre otros mecanismos de torturas.
TORTURA Y VULNERACIÓN DE DERECHOS
Para conocer la situación de los privados de libertad durante la militarización de los centros penitenciarios, este medio digital contactó a Evelyn Ramírez del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus Familias (CPTRT), quien aseguró que tras la intervención de la institución castrense, las violaciones de derechos humanos, y los tratos crueles y degradantes aun incrementado significativamente.
Ramírez afirmó que desde el CPTRT han recalcado en reiteradas ocasiones que los militares no son las personas idóneas para estar a cargo de la custodia de los centros penitenciarios, y señaló que prueba de ello son las múltiples violaciones de derechos humanos, ya que estos carecen de conocimientos sobre el trato correcto que se debe brindar a las personas privadas de libertad.
La defensora de derechos humanos aclaró que los centros penitenciarios deben ser espacios productivos de reeducación y rehabilitación para las personas privadas de libertad y no espacios de aislamiento, tortuga y tratos crueles como se ha dado durante la intervención militar.
Ramírez aseguró que desde CTPRT continuarán denunciando y señalando todos los actos que representen una violación de derechos para las y los privados de libertad en el país.
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MILITARIZACIÓN DE LOS CENTROS PENALES CONTRAVIENE ACUERDOS Y TRATADOS INTERNACIONALES
El doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía, explicó a Criterio.hn que, según obligaciones internacionales, los centros penitenciarios no deben estar bajo control militar. Citó la sentencia Pacheco Teruel y otros vs. Honduras, en la que la Corte IDH establece que la gestión penitenciaria debe estar a cargo de personal civil especializado, no de las Fuerzas Armadas ni la Policía Nacional.
Mejía afirmó que el gobierno generó un retraso al militarizar nuevamente el sistema nacional penitenciario, además de incumplir con obligaciones constitucionales e internacionales.
El profesional del derecho señaló que el sistema penitenciario debe estar en manos de personal capacitado, y advirtió que la insistencia del Estado en mantener el control militar constituye una violación a sus obligaciones internacionales. Además, recordó que, según el artículo 15 de la Constitución, los tratados internacionales en materia de derechos humanos son de cumplimiento obligatorio para Honduras.
LA RUTA CORRECTA
El analista en derechos humanos, Christian López, aclaró que el rol de las Fuerzas Armadas en contextos penitenciarios debe ser estrictamente temporal, excepcional, y subsidiario, y nunca bajo un sentido de carácter permanente debido a que debilita el principio de civilidad del Estado.
Por ello, hizo hincapié en la necesidad de una reforma penitenciaria integral que priorice la formación y profesionalización de custodios civiles, al considerar que el fortalecimiento institucional y la implementación de políticas de rehabilitación deben estar en manos de personal civil especializado.
El profesional del derecho destacó que Honduras necesita en este momento una política integral que cumpla con los estándares internacionales tanto de Naciones Unidas como de la Comisión Interamericana, así como los principios de las denominadas reglas de Mandela que son para las personas privadas de libertad y que enfatizan que la seguridad debe estar a cargo del personal civil.
López afirmó que Honduras necesita un sistema penitenciario digno, eficaz, y respetuoso de los derechos humanos y recalcó que eso solo se logra con un personal civil capacitado, con transparencia institucional, voluntad política y una rendición de cuentas.
“La seguridad en los centros penitenciarios no debe confundirse nunca con represión” expresó el analista en derechos humanos, Christian López.
