Por: Celeste Molina
redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-Se ha hablado mucho en años recientes sobre el proceso de transformación estructural que enfrentan la mayor parte de países de América Latina, caracterizado por una creciente urbanización, un incremento en la productividad tanto en la agricultura como en la economía urbana, la preponderancia de la industria y los servicios por encima de la actividad agrícola, mayor participación en el comercio internacional, entre otros aspectos (FIDA, 2016). Lo anterior, aunado a un desempeño positivo de las economías de la región y la implementación de políticas emblemáticas de inclusión social, han resultado, en términos generales, en una reducción de la pobreza y la desigualdad.
Sin embargo, una mirada más cercana pone en evidencia importantes diferencias existentes entre las subregiones y los países; en el caso de Centro América, varios de estos indicadores distan por mucho de las tendencias regionales, particularmente en los países del Triángulo Norte. Por ejemplo en Guatemala, la mitad de la población continúa siendo rural y la pobreza (67.7%) continúa teniendo un rostro rural (76.1%) e indígena (79.2%). En general, Centro América ha tenido un ritmo de crecimiento de 3.9% en el último quinquenio (por encima del promedio de América Latina), pero los índices de pobreza y desigualdad continúan estando entre los más altos de la región.
Desde hace más de una década Rimisp y sus socios vienen desarrollando un conjunto de investigaciones enfocadas en estudiar las interrelaciones entre ciudades pequeñas y medianas con sus entornos rurales y su papel para el desarrollo incluyente en diferentes contextos de América Latina. Estas investigaciones han generado amplia evidencia que apunta a que los vínculos rurales-urbanos contribuyen al crecimiento y a la reducción de la pobreza (Berdegué et al., 2015). Los resultados más recientes de estas investigaciones para México, Colombia y Chile (realizadas por Rimisp, la Universidad Iberoamericana de México y la Universidad de los Andes de Colombia con el apoyo de IDRC), fueron presentados en el seminario “Territorio y Bienestar” hace unos días en la Ciudad de México. Se presentaron asimismo los principales hallazgos de estudios similares realizados en Guatemala y El Salvador (conjuntamente con el IDIES de la Universidad Rafael Landívar y la Universidad Centroamericana de El Salvador, con el apoyo de la Fundación Ford) para la identificación y caracterización de los territorios funcionales rurales-urbanos en estos dos países. Los territorios rurales-urbanos se definen como territorios con alta frecuencia de interacciones sociales y económicas entre las personas, empresas y organizaciones (Berdegué et al., 2011). Los hallazgos de estas investigaciones constituyen un importante cuerpo de evidencia con interesantes implicaciones de política pública.
Los territorios funcionales rurales-urbanos se identifican y caracterizan mediante una metodología desarrollada por Rimisp, que combina luces satelitales, datos de conmutación y fuentes secundarias. En Guatemala se identificaron 29 territorios funcionales rurales-urbanos, de los cuales la mayor parte se ubica en la franja central y sur del país. Éstos concentran el 43% de la población y el 44% del territorio nacional. Se observó una tendencia a que los territorios funcionales rurales-urbanos tienen mejores indicadores que el resto del país rural, aunque todavía muy por debajo de los indicadores de bienestar que tiene el departamento de Guatemala. Para el caso de El Salvador se identificaron 13 territorios funcionales rurales-urbanos, similarmente ubicados en la franja central y litoral del país, así como hacia la frontera con Guatemala. Su importancia en conjunto es similar a la del área metropolitana y los demás municipios del país. El conjunto de estos territorios representa el 22.7% de la extensión territorial del país y el 28.7% de la población total (Censo 2007). A nivel nacional, la población urbana representa el 62.7%, pero solamente 6 de los 13 territorios rural urbanos identificados superaban ese porcentaje, lo cual nuevamente confirma el peso de la ruralidad en la subregión.
En conclusión, resalta que los territorios funcionales rurales-urbanos de todos los países estudiados concentran una parte significativa de la población. Algunos factores asociados a mejores resultados de desarrollo e inclusión en dichos territorios incluyen: una mayor conectividad con centros urbanos, un mayor acceso a bienes y servicios públicos, la diversificación de la estructura productiva y mejoras institucionales. De ahí la importancia de visibilizar el potencial de los territorios rurales-urbanos para generar dinámicas territoriales de crecimiento con inclusión y de diseñar políticas integrales que simultáneamente se adecúen a las características específicas de los territorios, se articulen con las políticas sectoriales y combinen de manera efectiva las políticas productivas con las sociales. Se subraya además la necesidad de profundizar los análisis respecto a los contextos históricos, sociales y culturales que influyen en las dinámicas territoriales, así como en las formas de gobernanza de dichos territorios.
El riesgo es que en el contexto complejo que afrontan los países del triángulo norte – inestabilidad política (Guatemala); transiciones de mando (Guatemala, El Salvador); crisis socioeconómica que han derivado en la intensificación del fenómeno migratorio y en la profundización de la violencia y la conflictividad (Guatemala, El Salvador, Honduras); e incluso cuestionamiento de la legitimidad y continuidad de las instituciones democráticas (Guatemala y Honduras) – las políticas territoriales continúen ausentes en la agenda política y/o con muy bajos niveles de inversión pública. Los hallazgos de esta caracterización inicial de territorios funcionales rurales urbanos en Guatemala y El Salvador apuntan a la urgencia de promover políticas públicas territoriales que reconozcan el continuado peso de la ruralidad, así como el enorme potencial de dichos territorios en la generación de dinámicas de crecimiento con inclusión, lo cual se propone como un elemento fundamental de las estrategias para paliar la crisis.
