Foto portada: de archivo
Tegucigalpa, Honduras. – Los índices de embarazos en adolescentes continuarán en aumento en Honduras, ante la falta de la implementación de educación sexual integral, una realidad que han vivido más de 142,000 de niñas entre ocho y 14 años en los últimos años.
Durante el fin de semana, en el apogeo de la controversia que genero la publicación en el diario oficial La Gaceta la adhesión de Honduras al Banco de Desarrollo de América Latina, más conocido como Corporación Andina de Fomento (CAF), a través del Decreto 38-2023. La presidenta Xiomara Castro, anunció en su cuenta de Twitter el veto a la Ley de Prevención de Embarazos en Adolescentes.
Una decisión que ha criterio de las organizaciones de mujeres es una cortina de humo, otro de los análisis es que la mandataria hondureña cedió a las presiones de los grupos fundamentalistas religiosos con el único objetivo de ganar popularidad.
Para Regina Fonseca, del Centro de Derechos de la Mujer (CDM), “le doblaron el brazo los antiderechos fundamentalistas, los que mienten impunemente”. Además la defensora de derechos humanos cuestionó si esta decisión trae consigo alguna negociación política.
Un análisis que también comparte Jessica Sánchez, directora ejecutiva del Grupo Sociedad Civil (GSC), quien señaló en entrevista con Criterio.hn, que esta disposición podría haber sido un consejo de las personas cercanas a la mandataria hondureña, en ese sentido, no descarta que “habría sido una retirada del proyecto de ley a cambio de los votos o de la aceptación del CAF”.
AGRESIONES POR DEFENDER DERECHOS DE NIÑAS Y MUJERES
El veto presidencial, trajo consigo una serie de agresiones a través de las redes sociales a quienes se pronunciaron en contra de la determinación de la mandataria hondureña y que defiende los derechos de las mujeres y las niñas.
Gilda Rivera, directora del CDM, solicitó a la presidenta Castro una explicación de por qué el veto a la referida de ley. “¿No cree que es nuestro derecho como organizaciones que por décadas hemos luchado en contra de estos crímenes contra niñas y adolescentes?”, interpeló Rivera.
Este reclamo, generó comentarios como el de Alejandra Ferrera, quien señaló “ustedes son activistas que solo se pasan abortando y ni hijos tienen, y quieren a hijos ajenos zamparle a la fuerza una educación que sus padres no quieren”. Según esta usuaria de la red social, el veto presidencial obedece al rechazo de los padres.
Estas agresiones, de acuerdo con Jessica Sánchez, se generan porque estamos ante una sociedad muy intolerante, fenómeno que se observa a nivel mundial.
Además, denunció que las amenazas por trabajar en pro de la garantía de los derechos den mujeres y niñas, no se reducen solo a ataques virtuales. “las amenazas no solo son en redes sociales, son personales. Se han recibido amenazas de parte de ministras y altas autoridades del Estado hacia las defensoras”.
Estas amenazas, Jessica Sánchez, las cataloga como una contradicción del gobierno que ha tomado la bandera de defensa de los derechos humanos. Además, señaló que estos ataques son en general con la defensoría de los derechos humanos.
Ante esto, la defensora de derechos humanos indicó que el mecanismo de protección “está fallando”. Sánchez sugirió que se debe pensar en una estrategia contra la violencia y femicidios.
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DERECHOS DE LAS MUJERES Y NIÑAS: ¿UN COMODÍN POLÍTICO?
La violencia de género, sigue creciendo en el país centroamericano que registra la tasa más alta de femicidios en toda América Latina.
En los primero seis meses del año, el CDM contabilizaron 240 femicidios incluidas la muerte de 46 privadas de libertad el pasado 20 de junio, considerado el mes más violento para las mujeres.
Entre el 2019 y 2022 se registraron 11,445 denuncias por violencia sexual, de las cuales 1,244 han tenido resoluciones condenatorias. Y en los últimos cuatro años los hospitales públicos registraron que 99,934 niñas tuvieron un parto.
Ante esta realidad violenta, Cristina Alvarado, del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, valoró el veto presidencial como “un retroceso” por ceder a la presión las iglesias y grupos fundamentalistas
“La realidad que viven niñas y adolescentes nos indican que debemos atender la problemática de abuso sexual y falta de información que prevenga los embarazos precoces (…) ¡No hay espacios públicos y privados libres de abuso sexual y mientras no se investigue a profundidad, quedan en total impunidad!” lamentó Alvarado.
De acuerdo con la feminista y defensora de derechos humanos, en torno a la discusión de la Ley de Prevención de Embarazos en adolescentes primaron los discursos de odio, intolerancia desinformación y evidencia una institucionalidad ajena a la comprensión de la problemática y ausencia de políticas públicas que respondan, protejan y garanticen derechos a las niñas, adolescentes y mujeres.
Por su parte, Jessica Sánchez, consideró que, en la realidad nacional, el tema de la defensa de los derechos de mujeres y niñas, para la clase política significan “un comodín”.
“En las historias centroamericanas, ya sabemos que los derechos de las mujeres son negociables, un comodín que se vende al mejor postor. Sólo queda seguir luchando”, enfatizó Jessica Sánchez.
