Por: Redaccion CRITERIO.HN
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Tegucigalpa. Con posiciones confrontadas entre las bancadas oficialistas y opositoras, el Congreso Nacional aprobó en su sesión virtual de la mañana de este jueves, la “Ley de uso obligatorio de mascarilla y aplicación de protocolos de bioseguridad”, que obligará a todo aquel hondureño que incumpla el uso de tapaboca a pagar una multa de 200 lempiras.
La iniciativa que la semana pasada el titular del Poder Ejecutivo, Juan Hernández anunció que enviaría al Congreso, fue presentada por el Secretario del Congreso, Tomás Zambrano, siendo aprobada en su totalidad.
De acuerdo al artículo 6 de la nueva ley, “Las personas que no usen o se nieguen a usar mascarillas o cubre bocas en los términos establecidos en esta ley se les aplicará una multa de 200 lempiras con la obligación de realizar trabajos comunitarios por seis horas, y por primera vez se le dotará una mascarilla por parte del gobierno a través de la persona que lo detenga”.
Sin embargo, durante la discusión del dictamen, las bancadas opositoras criticaron fuertemente su contenido por considerarlo una medida autoritaria que implicará “la penalización de la pobreza”, sobre todo, para la personas con escasos recursos.
Precisamente, el mecanismo fue calificado como una “medida coercitiva” por la congresista del Partido Innovación y Unificación Social Demócrata (PINU-SD), Doris Gutiérrez, quien además expuso que el decreto que contiene el nuevo mandato penal no contempla la educación de la población en materia sanitaria que a su juicio sería más efectiva.
Seguidamente, el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Jorge Cálix, expuso que la nueva normativa legal fue diseñada dejando sin lugar la angustiante realidad económica de aquella población que no tiene como costearse los insumos sanitarios requeridos durante la etapa post pandemia.
Ampliando la argumentación expuesta por Cálix, el diputado del PINU-SD, Luis Redondo, reconoció a la comisión encargada del dictamen de la nueva ley por reducir el monto de la multa que abusivamente el Poder Ejecutivo había fijado en 300 lempiras.
No obstante, manifestó su inconformidad, puesto que “nosotros no estamos de acuerdo que se impongan sanciones ni detenciones que violenten el marco constitucional, ni tampoco de establecer penas sancionando durante el estado de emergencia”, expresó.
Por lo que “sancionar sería penalizar la pobreza e incrementar la situación de desigualdad social, provocando entre otras cosas discriminación”, sentenció Redondo.
De su parte del diputado del Partido Liberal (PL), Mauricio Villeda, dijo que aunque la medida tiene razón de ser “en ninguna manera puede imponer sanciones como la multa de 200 lempiras y el trabajo forzoso, que suena a dictadura”.
Tras las intervenciones de las bancadas opositoras, el diputado nacionalista, Mario Pérez, presidente de la comisión de la elaboración del dictamen, defendió la nueva disposición argumentando que no contiene ninguna implicación penal, ya que “es una sanción administrativa que no puede considerarse pena”, explicó.
En este sentido, Pérez procedió a únicamente añadir algunas sugerencias que algunos legisladores como el diputado liberal Mario Segura y la congresista nacionalista, Johanna Bermúdez, recomendaron incorporar a la ley. Entre ellas, la orden de obligar a los patronos a que en sus empresas, suministren de mascarillas a su personal laboral. Asimismo, el promover una campaña por el uso de mascarilla. Igualmente, la sugerencia de exceptuar del uso obligatorio de mascarilla a personas que presenten algunas patologías que le impida usar el tapaboca.
