Que los criminales utilicen indumentaria policial es un mal histórico que no se ha logrado controlar, o por la inacción de las autoridades. Pero algo que han identificado analistas en temas de seguridad, es que esta modalidad bajo el estado de excepción se ha acrecentado debido a las facultades que poseen los uniformados, algo a lo que las agrupaciones delictivas están sacando ventaja
Tegucigalpa, Honduras. Históricamente, las agrupaciones criminales con mayor poderío en el territorio hondureño han cometido una serie de fechorías utilizando uniformes y hasta armas pertenecientes a los diferentes departamentos de la Policía Nacional y la Policía Militar del Orden Público (PMOP). Por ello, analistas en tema de seguridad proponen modernizar la indumentaria y establecer un mejor manejo de los.
«Entre enero y abril de 2024, en San Pedro Sula, Tegucigalpa y otros sectores del país, se han registrado y denunciado que bandas criminales han estado utilizando indumentaria de la ATIC, Dipampco, policía militar y nacional para cometer hechos violentos. Esto no es nuevo; es un mal histórico, pero ahora, bajo un estado de excepción, esto agrava la percepción de confianza de la población hacia las autoridades», explicó Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
De hecho, una acción que refuerza lo expuesto por Castañeda fue el hecho criminal que ocurrió el pasado 20 de abril de 2024, en un consorcio de vehículos ubicado en la 6a calle entre el bulevar Juan Pablo II y la avenida Circunvalación de San Pedro Sula. Ese día, un grupo de criminales vestidos con indumentaria de la Dipampco llegaron al lugar para despojar de sus pertenencias a los clientes y dueños del establecimiento.
Después del incidente, la Secretaría de Seguridad, liderada por Gustavo Sánchez, ofreció una recompensa de 100 lempiras a cambio de información para dar con el paradero de los delincuentes, quienes incluso portaban armas de grueso calibre que, supuestamente, también pertenecían a la institución armada. Sin embargo, casi un mes después del incidente, los perpetradores del robo siguen sin ser capturados.
“Por antecedentes como este instamos a las autoridades a que, para mantener la paz y una correcta percepción de confianza en la ciudadanía, deben controlar de manera exhaustiva el uso y asignación de los uniformes, así como implementar controles internos en los depósitos o bodegas donde se manejan este tipo de indumentaria, para que no lleguen a manos de bandas criminales que luego los utilizan para cometer actos delictivo”, recomendó el letrado.
De igual manera, Casteñeda propuso el uso de cámaras corporales para que los oficiales policiales y militares puedan grabar cada una de las acciones que emprendan, además de servir como un distintivo que asegure al ciudadano común que el policía porta su uniforme de manera correcta.
«También deberían realizar campañas periódicas las autoridades, demostrando un uso correcto de los uniformes y cómo nosotros, la ciudadanía, podemos identificar y conocer cuando un criminal está usando indumentaria policial para facilitar la ejecución de sus crímenes. Todas estas son tareas pendientes que son realizables a corto plazo porque la institución posee los recursos necesarios», aseveró Castañeda.
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ESTA MODALIDAD TOMÓ FUERZ CON EL ESTADO DE EXCEPCIÓN: AUTORIDADES
Que Honduras esté bajo un estado de excepción desde el seis de diciembre de 2022 facilita que los criminales utilicen indumentaria policial para cometer sus fechorías. De igual manera, simplifica el hecho de que los mismos funcionarios policiales cometan ilegalidades, enmarcadas en las facultades y el poder que les otorga esta medida de emergencia.
Por ejemplo, más de 12 uniformados están enfrentando procesos judiciales por cometer fechorías amparados en el estado de excepción. Según un requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público (MP), ocho, de estos 12 sujetos, la madrugada del 12 de enero de 2024, llegaron en dos vehículos pick-up a la colonia Monte Fresco, en San Pedro Sula, Cortés, en el norte de Honduras, e irrumpieron en una vivienda.
De acuerdo con la evidencia, estos policías golpearon al propietario de la vivienda y le exigieron que entregara todas sus pertenencias de valor. Sin embargo, el agredido respondió que no tenía nada de lo solicitado, solo dos celulares y un reloj digital. Ante esta respuesta, los uniformados lo subieron a uno de los vehículos y le exigieron 350 mil lempiras para liberarlo.
«En todas las instituciones hay manzanas podridas. No estoy diciendo que todos los funcionarios policiales sean corruptos, pero esto solo pone en evidencia la realidad que se está viviendo por las facultades que da esta medida (estado de excepción). Y esto no es nuevo. Algunos policías que encuentran algo de valor ‘mal parado’ en una casa se lo roban, y ya han trascendido denuncias por esos casos», opinó el criminólogo Gonzalo Sánchez en conversaciones con este medio de comunicación digital.
Entonces. tras no recibir el monto solicitado, lo trasladaron a las instalaciones de la DIP en la zona norte. Allí, presentaron informes de investigación falsos, lo anunciaron ante la prensa como un poderoso integrante de una estructura criminal y le implantaron pruebas de cocaína, marihuana y un arma de fuego.
Para Sánchez, la implantación de evidencia falsa y la manipulación de procesos de investigación no son nuevos métodos de delinquir de algunos funcionarios policiales. Lo novedoso, bajo su criterio, es que estén literalmente cometiendo ilegalidades como, por ejemplo, allanar viviendas para robar pertenencias, abusando de la suspensión de garantías constitucionales.
«La implantación de pruebas, hacer informes de investigación falsos no es nuevo, ya hay muchos policías que han sido esperados por esos motivos. Lo novedoso sería que el estado de excepción es la puerta para cometer estas ilegalidades. No tenemos idea de cuántas fechorías se han cometido y que han tenido éxito. Los actuales procesos judiciales sólo son una muestra de lo que se está viviendo dentro de la institución», opinó Sánchez.
Con la vigencia del estado de excepción, a los hondureños se les están suspendiendo seis derechos (artículos 69, 78, 81, 84, 93 y 99) garantizados en la Constitución de la República, como la libre circulación y la inviolabilidad del domicilio. En pocas palabras, las autoridades policiales pueden realizar arrestos y allanamientos a cualquier hora del día, sin previo proceso de investigación y sin necesitar de una orden emitida por un juez.
