Tegucigalpa, Honduras. – El flujo migratorio de paso por Honduras podría quedarse estancado en las fronteras por donde ingresan las personas en transito irregular cuyo destino es cruzar las fronteras hasta llegar a Estados Unidos o Canadá, debido a que el Congreso Nacional (CN), no ha aprobado la ampliación de la amnistía migratoria.
Con relación a la no aprobación de la amnistía migratoria, que se esperaba se realizara el pasado jueves cuando se convocó a reunión a los legisladores, el diputado Rolando Barahona, señaló que dicha aprobación de extensión del beneficio que exime a las personas en tránsito del pago de USD 261 (L 6 mil 434.72), no se logró debido a que varios sectores del país se benefician.
Estamos viendo una dificultas con los migrantes que están entrando por Honduras y que los están vendiendo, ¡vendiendo!, en Ocotepeque, autoridades del país se dedican a vender a muchas personas a narcotraficantes en Guatemala”, denunció el diputado de Comayagua.
De acuerdo con Rolando Barahona, las personas en tránsito están siendo vendidas para el tráfico de órganos y trata de personas.
En ese sentido, el diputado señaló que la amnistía migratoria serviría para disminuir los riesgos a los que se enfrentan las personas en tránsito, quienes detienen su viaje por falta de dinero.
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ORGANISMOS INTERNACIONALES URGEN AMPLIACIÓN DE LA AMNISTÍA MIGRATORIA
Por Honduras, desde el 01 de enero hasta el 17 de diciembre han transitado 527,792 personas migrantes y refugiados, de los cuales 487747, son niñas, 61,070son niños, 137,769 mujeres y 280,206 hombres.
Estas personas se han visto beneficiadas con la amnistía migratoria que se aprobó en abril de 2022 y entró en vigor en agosto de ese mismo año, y fue ampliada en junio de 2023 hasta enero de 2024.
Alice Shackelford, coordinadora residente de la Organización de Naciones Unidas, expresó“hacemos un llamado –otra vez— a los diputados y diputadas para la aprobación de la amnistía migratoria, crítica para miles y miles de migrantes en tránsito por Honduras”.
A finales de mayo, el flujo migratorio se estancó principalmente en la frontera oriental entre Nicaragua y Honduras, al punto que el alcalde de Danlí, anunció un cierre del municipio ante la falta de capacidad para atender a las personas en tránsito.
En ese sentido, el presidente nacional de la Cruz Roja Hondureña, José Juan Castro, expuso que la ampliación de la amnistía migratoria es un tema de prevención.
En ese sentido, advirtió que la capacidad de atención de la red humanitaria se verá disminuida, al no tener una amnistía adecuada para los próximos años. Además, refirió que la Cruz Roja Hondureña, brinda atención médica y psicológica a las personas en tránsito irregular,
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ENFRENTADOS A VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS
Criterio,hn ha constatado a través de los testimonios de personas en tránsito irregular y solicitantes de asilo, que han sido victimas de muchas violaciones a derechos humanos durante la travesía de la ruta migratoria.
Xenofobia, discriminación, asaltos, abuso sexual, cobros excesivos, trata de personas, entre otras violaciones, son las principales que reportan las personas en tránsito.
En ese sentido, Alice Shackelford, refirió que la amnistía migratoria “es fundamental para garantizar y proteger los derechos humanos de personas migrantes y refugiadas en tránsito por Honduras.
Además, por medio de un comunicado, la Red Humanitaria –espacio donde convergen organismos internacionales e instituciones estatales para la atención de personas migrantes—, señaló que la amnistía migratoria es un mecanismo “mitigar los riesgos que enfrentan las personas en tránsito, se reducen las vulneraciones de derechos humanos que pueden sufrir y se disminuyen las causas que les fuerzan a utilizar estrategias como la mendicidad, así como la situación de vulnerabilidad que propicia que sean objeto de trata de personas, especialmente para fines de explotación sexual y laboral”.
Por su parte, Alianza Américas, destaca que las personas migrantes siguen enfrentándose a violaciones sistemáticas de los derechos humanos como consecuencia de leyes y prácticas que les niegan el acceso a protecciones básicas por su condición migratoria.
