El destino de la Uferco y las implicaciones de su posible clausura subrayan la necesidad urgente de un compromiso renovado y genuino por parte del gobierno y las élites políticas para enfrentar las redes de corrupción de manera decidida y transparente
Tegucigalpa, Honduras. -El destino de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) parece estar en su fase final por decisiones de élites políticas y económicas que han pactado impunidad, pese a las promesas de las nuevas autoridades de fortalecer esta unidad que lucha contra las redes de corrupción público privadas que han saqueado las arcas del Estado.
Desde su creación, la Uferco, ha jugado un papel crucial en la identificación y persecución de redes de corrupción que involucran tanto a funcionarios públicos como a empresarios. Sus investigaciones han llevado a la luz numerosos casos de desvío de fondos y abuso de poder.
La ruta a seguir es unificar la Uferco con la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) y la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), conoció Criterio.hn en voz de una fuente anónima que prefirió esta vía para hablar con este medio de comunicación ante posibles represalias en su contra.
Como parte de la estrategia para darle el tiro de gracia a la Uferco, que ha venido siendo dirigida por el fiscal Luis Javier Santos, es la desintegración de la misma mediante argucias que van desde la rotación y renuncias de los fiscales.
La versión de la fuente toma mayor fuerza con la reciente denuncia del exfiscal, Víctor Fernández, quien contó semanas atrás Criterio.hn que la mayoría de fiscales, que fueron formados por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), han sido removidos de la Uferco.
Fernández, abogado e integrante del Bufete Estudios para la Dignidad, recomendó, en aquel momento, a la fiscalía general explicar la razón de los cambios y remoción de fiscales.
“De lo contrario nos dan a entender que la razón por la que están haciendo estos cambios podría estar relacionado con las razones por las que se validó el nombramiento del fiscal general y fiscal general adjunto, con una mayoría de votos en el Congreso Nacional”, agregó el entrevistado adelantando lo que se supone ya ha sido negociado entre las élites políticas y empresariales corruptas para desarticular la Unidad que de cierta manera dio un espacio de esperanza en el combate a la corrupción.
Fernández expuso, además, que con las rotaciones de personal se está generando un retraso en las investigaciones y casos que la Uferco tiene en su poder, porque los fiscales recién integrados tienen que empaparse de los casos antes de accionar.
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RICARDO CASTRO, LA FIGURA CLAVE PARA DESMANTELAR UFERCO
El 8 de noviembre de 2023, se informó sobre la destitución del entonces director de la Agencia Técnica de Investigación (ATIC), Ricardo Castro, por supuestamente obstaculizar procesos de investigación e incluso alertar a los investigados para evitar sus capturas. Sin embargo, cuatro días después se informó que Castro pasaba a ser parte de la Uferco.
La rotación de Castro, quien ha sido vinculado al encubrimiento del asesinato de la agente de la ATIC, Sherill Yubissa Hernández, siempre fue asociado a una estrategia con malas intenciones. Hoy la razón asiste a la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, quien en aquella oportunidad adelantó lo que podría pasar con la Uferco.
“Metieron semejantes fichas, ya eso es como una Uferco terminada y liquidada, ya desde ahí carece de confianza, desde ahí tenemos una Uferco que no va a cumplir las expectativas que tenemos todos los hondureños”, advirtió Villanueva.
La determinación de destituir a Castro de la ATIC y colocarlo en la Uferco fue del entonces recién nombrado fiscal general interino, Johel Zelaya, que fue ratificado en su cargo el pasado 28 de febrero de 2024 con 110 votos.
La fuente que conoce cómo funciona el Ministerio Público, dijo a Criterio.hn que Ricardo Castro ha sido el aliado del fiscal general Johel Zelaya para mover las piezas dentro de la Uferco.
De hecho, que a partir del inesperado nombramiento de Castro se realizaron las rotaciones y renuncias de fiscales que han trabajado con el jefe de la Uferco, Luis Javier Santos, y que fueron formados por la MACCIH y que trabajaron también con la desaparecida Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC).
La fuente detalló que, como parte del plan, de entrada, el fiscal general Johel Zelaya pidió informes sobre los casos en los que estaban trabajando los fiscales de la Uferco y los perfiles de los fiscales involucrados en los mismos.
Zelaya habría manifestado interés en dos casos puntuales: el proceso contra el precandidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura y el de la Tasa de Seguridad.
El caso del exalcalde capitalino refiere a la malversación de 29 millones de lempiras provenientes de la recaudación de impuestos, tasas, multas, transferencias del gobierno, que estaba siendo administrado por un fideicomiso firmado entre la Alcaldía y un banco privado.
En ese entonces la Uferco presentó una solicitud de antejuicio contra el exedil y actual precandidato presidencial por el Partido Nacional, Nasry Asfura
De igual manera, pidieron el expediente del caso Tasa de Seguridad, conocida como Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, con el cual se realizaron varios actos de corrupción que implica a políticos y banqueros.
En aquella ocasión, para justificar la solicitud de datos, Zelaya se presentó con deseos de apoyar la Uferco. Sin embargo, nadie se imaginó que detrás existía la intención de desmantelar la Unidad anticorrupción.
A raíz de la puesta en práctica del plan para desestabilizar la Uferco, se originó la renuncia del fiscal Helmer Cruz, quien después de pertenecer a esta unidad élite de combate a la corrupción, se convirtió en defensor privado del actual diputado del Partido Nacional por el departamento de Cortés, Alberto Chedrani, acusado por el caso Red de Diputados y a quien se le dictó sobreseimiento definitivo. Este es otro de los casos que presentó la Uferco.
Asimismo, la fiscal Karla Padilla dimitió de su cargo en la unidad anticorrupción, mientras que la fiscal Karina Varela, quien estaba a cargo del caso Agua Zarca, solicitó desde febrero pasado una licencia médica por un año. Entre tanto, la fiscal Divina Laínez fue removida al Módulo de Atención Inmediata del Ministerio Público.
“El ambiente es tenso. Hay mucha incertidumbre con lo que va a pasar” y sobre todo desconfianza entre los mismos fiscales, apuntó la fuente.
Del mismo modo, se refirió a los fiscales que han llegado a la Uferco, para reemplazar a los que han sido removidos, quienes señaló son personas que no están “certificadas” y no cuentan con las capacidades que requiere la unidad élite en la persecución de redes de corrupción.
Asimismo, reveló que algunos agentes de investigación asignados a la Uferco han sido denunciados por infidencias. “Él (Luis Javier Santos) no puede confiar en nadie, hay infiltrados por todos lados que quieren la información y la venden”, sostuvo.
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FISCAL GENERAL BUSCARÍA UNIFICAR UFERCO, UNAF Y FETCCOP
En febrero de 2024, el entonces fiscal general interino Johel Zelaya –ratificado en su cargo el 28 de febrero— habló sobre la posibilidad de una reestructuración en las unidades encargadas de combatir la corrupción y la impunidad.
Zelaya manifestó que de surgir cambios en la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) y en la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (Fetccop), estos se llevarían a cabo “con responsabilidad” y “para generar certidumbre”.
“En ningún momento va a venir una rotación para esconder expedientes como se ha dado a entender al país, va a ser para mejorar la persecución penal e ir contra la corrupción”, dijo a un medio de comunicación.
De igual manera, mencionó que las unidades que ellos consideren, no serán fortalecidas y se buscará eliminarlas “y eso es una potestad que tengo como fiscal”.
Añadió que “han considerado tres fiscalías, pero eso será comunicado en el momento adecuado”. Esta afirmación de Zelaya coincide con la versión de la fuente.
La determinación del fiscal general se generaría con la intención de frenar el trabajo que ha venido realizando Luis Javier Santos frente a la Uferco, por lo tanto, de e concretarse la unificación de la Uferco, UNAF y Fetcoop se estaría debilitando aún más los procesos de investigación, en especial los casos que apuntan a las redes de corrupción que quedaron evidenciadas con los casos presentados por la MACCIH a través de la Ufecic y que posteriormente retomó la Uferco.
Asimismo, la unificación restaría competencias, ya que el trabajo de las tres unidades es diferente. Por un lado, la Unidad Fiscal Especializada en Redes de Corrupción (Uferco) se enfoca en investigar y enjuiciar a los responsables de delitos de corrupción pública de alto impacto y redes de corrupción.
Los casos que procesa la Uferco son asignados por la Dirección General de Fiscalía –a cargo de Juan Carlos Sánchez Villalobos— y continúa investigaciones previamente judicializadas por las extintas Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad y la Corrupción (Ufecic) y la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
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Mientras que la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) funciona como un cuerpo fiscal especializado, cuyo objetivo es investigar y ejercer la acción penal pública en aquellos casos en los que, por razón de la importancia de los hechos delictivos, se genere una grave afectación de los intereses generales de la sociedad o un perjuicio a los derechos individuales o colectivos de amplios segmentos de la población.
Entre tanto, la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (Fetccop), investiga delitos de corrupción, especialmente aquellos cometidos por particulares. Además, dirige y supervisa las investigaciones relacionadas con denuncias presentadas contra estos individuos, con el fin de presentar acciones penales para su enjuiciamiento y condena.
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DESAPARECER LA UFERCO NO ES NADA NUEVO
En marzo de 2023, Luis Javier Santos, confesó a Criterio.hn que temía que la Uferco fuera desmantelada, pues en aquel entonces se rumoraba que se pretendía hacer una reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público.
En reiteradas ocasiones, el jefe de la Uferco ha reclamado que las autoridades de la Secretaría de Finanzas no cumplen con la reasignación de fondos. Además, denunció que a dicha unidad no se le ha asignado personal adicional al que dejó la MACCIH antes de ser cerrada.
Bajo este panorama, no descartó que la verdadera intención sea desmantelar la unidad, lo que dejaría la lucha contra la corrupción como un discurso político de las autoridades.
En refuerzo a lo expresado por Santos, la fiscal que integraba la Uferco, Divina Laínez, reclamó en X –antes Twitter– por el poco apoyo que se le da a esa Unidad anticorrupción.
“Si tan solo se le diera a Uferco el personal necesario y logística, serían requerimientos todos los meses”, comentó.
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JOHEL ZELAYA, EL ESLABÓN DE LAS ÉLITES POLÍTICAS
Johel Zelaya, logró ser ratificado como la máxima autoridad del Ministerio Público el 28 de febrero de 2024 con el voto favorable de 110 diputados, pero antes de contar con el beneplácito de la oposición fue designado por la Comisión Permanente del Congreso Nacional como fiscal general interino.
Esta hazaña se logró tras varios meses de negociaciones partidarias y la distribución de cuotas de poder en instituciones como el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Ministerio Público e Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), para los tres partidos políticos de mayor caudal electoral, es decir, el oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), el Partido Nacional y el Partido Liberal.
Esta votación no estuvo exenta de críticas, ya que el diputado de Libre, Jorge Cálix, denunció que hubo negociaciones entre el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y el precandidato presidencial por el Partido Nacional, Nasry Asfura.
“Sería bueno que Luis Redondo nos contará qué negoció con don Nasry Juan Asfura Zablah, conocido como ‘Tito’, el ‘papi que puso orden’. Si aquí hay diputados del Partido Nacional, ¿por qué reunirse con ‘Tito’ Asfura, ¿que además tiene procesos judiciales pendientes y está participando en la elección del fiscal general? Hay conflictos de interés. Yo quiero saber: ¿se negoció algo de esos procesos?”, apuntó Cálix durante una intervención en el hemiciclo legislativo.
La fuente entrevistada por Criterio.hn mencionó que el fiscal general interino, Johel Zelaya, pidió el expediente completo de la investigación contra Nasry Asfura para negociar su ratificación como fiscal general del Ministerio Público.
Pero no sólo las negociaciones al más alto nivel de los partidos políticos lograron que Johel Zelaya pudiera ser ratificado en su cargo. En una investigación publicada por Criterio.hn se comprobó que la notaría del actual fiscal general tuvo entre sus clientes al exalcalde capitalino y precandidato presidencial nacionalista, Nasry Asfura.
Entre los hallazgos de la investigación se detalla que Zelaya tuvo entre sus clientes tanto a Cosemsa como a Decoesa, dos empresas ligadas a la red empresarial de Asfura. En otra publicación de este medio digital, también se expuso el vínculo profesional entre Johel Zelaya y el Grupo Flores, mientras este fungía como asesor del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT).
