Tegucigalpa.- El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Ministerio Publico de Honduras (MP), firmaron un convenio de cooperación para favorecer la respuesta de atención integral durante la investigación de casos donde mujeres, niños, niñas y adolescentes son víctimas de delitos graves.
El convenio fue firmado por Mark Connoly representante en Honduras del UNICEF para Honduras y el titular del MP, Oscar Chinchilla.
El proyecto convenido entre las partes busca el fortalecimiento institucional de las Fiscalías especiales de: Protección a Niñez y Adolescencia, Delitos Contra la Vida, Protección a la Mujer, Módulo de Atención Integral Especializado (MAIE), Unidad Contra la Trata de Personas, Explotación Sexual Comercial y Tráfico Ilícito de Personas y el Programa de Protección de Testigos en el Proceso Penal.
El apoyo que UNICEF brinda al Ministerio Público (MP), es parte del compromiso asumido por las Naciones Unidas y la Unión Europea a través de la iniciativa Spotlight, puesta en marcha para la eliminación de la violencia contra las mujeres y niñas en América Latina e implementada en cinco países: Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras, Ecuador y México y a través de la cual se pretende la implicación y participación de gobiernos, grupos de lucha por los derechos de las mujeres y de la sociedad civil, se trata, en el caso de Honduras y el MP del primer año de impulso al proyecto pero se prevé continuidad para los siguiente años.
En ese sentido, UNICEF y MP reconocen la necesidad de cooperación para el fortalecimiento de las unidades especializadas del MP con el propósito de mejorar los mecanismos de acceso a la justicia y atención a niños, niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia de género, violencia sexual y las víctimas que resulten de los femicidios y aquellas que sean admitidas en el Programa de Protección a Testigos en el Proceso Penal.
Entre otros objetivos se busca brindar apoyo directo y psicosocial para las víctimas, sobrevivientes o testigos del Programa de protección a víctimas y testigos, crear las condiciones para la efectiva investigación de casos de femicidio y hacer prevalecer los derechos y garantías de las víctimas consagrados en las convenciones internacionales, así como en el Derecho Interno.
