Por: Abelardo Medina
Regularmente cuando se realiza alguna evaluación sobre la temática socioeconómica y fiscal de la región centroamericana, se incluye el análisis de los seis países, de lo que se conoce como la subregión CA-4 que incluye a Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, y de los dos países más meridionales, Costa Rica y Panamá. En esta oportunidad, sin embargo, se decidió dejar fuera a estos dos últimos, tanto por los diferentes niveles de desarrollo que presentan, como de que, en el caso de Costa Rica, el funcionamiento de su sistema previsional es constantemente utilizado como modelo para otras regiones.
De allí que el propósito de esta columna es evaluar la cobertura de los sistemas de previsión social de los países del CA-4, en el entendido que, siguiendo el modelo del ciclo de vida, estos debieran representar la forma de como los trabajadores de hoy, enfrentarán la posibilidad de disfrutar de una vida digna cuando concluya su etapa laboral.
Por supuesto que, cuando se evalúa la potencial vida digna de los trabajadores, el análisis debiera empezar por el pronóstico de cual debiera ser el nivel de ingresos mínimos futuros que debiera recibir cada uno de ellos, para enfrentar la compra de las canastas de consumo mínimo, a los precios vigentes en el futuro en cada uno de los países; sin embargo, dicho ejercicio implica una evaluación actuarial de grandes dimensiones que queda completamente fuera del alcance de este ejercicio. Como tal, en esta oportunidad únicamente se evaluará la cobertura de los trabajadores por los sistemas de seguridad social, que en el futuro tendrían la obligación mínima de realizar una transferencia de recursos para que los trabajadores traten de financiar su supervivencia con un nivel mínimo de calidad.
El primer problema que se observa en la región CA-4 es la muy limitada cobertura de los sistemas previsionales vigentes, y el, en gran parte, abandono de las autoridades públicas por mejorar estos, para que la totalidad de trabajadores del presente, tengan al menos una posibilidad concreta de disfrutar de un mecanismo garantizado de ingresos futuros para enfrentar la vida, cuando su capacidad de trabajo se haya visto mermada significativamente por la edad. Las estadísticas muestran que el país de la región que tiene una mayor cobertura de los trabajadores es Nicaragua, en donde el 27.7% de la población económicamente activa (PEA) cotiza a los fondos previsionales; seguido por El Salvador en donde la cobertura, tanto por los sistemas públicos como privados, alcanza el 23.9% de la PEA, mientras que Guatemala y Honduras, reportan muy bajos niveles, equivalentes al 18.2% y 14.6% de los trabajadores actuales.
Los valores son sumamente preocupantes, dado a que, de mantenerse la trayectoria actual, quiere decir que en Honduras cuando llegue el momento de retiro, el 85.4% de los trabajadores de hoy, no dispondrá de recursos para financiar su modo de vida, por lo que o se verá empujado a seguir trabajando o en su defecto, deberá vivir de la caridad familiar o social. El problema mayor se encuentra, dada la experiencia efectiva de las sociedades centroamericanas, en que, ante la ausencia de la solidaridad familiar o social, la perspectiva de estos trabajadores es la pobreza.
Los números se agravan dramáticamente cuando se recuerda que, como consecuencia de la estructura patriarcal familiar de la región, en la mayor parte de hogares de estructura tradicional, por cada hombre que trabaja y que no dispondrá de una fuente de ingresos futura, hay una mujer que estará básicamente en las mismas condiciones, e incluso peores, dado a que muchas de ellas, al no tener experiencia laboral, quedan simplemente a la espera de caridad.
De esa cuenta, si se realiza la comparación de la cobertura de los sistemas previsionales utilizando la población en edad de trabajar, como una proxy de los hombres y mujeres que, al cierre de su vida, demandarán de una fuente de ingresos, se encuentra que el país que presenta un horizonte más dramático es Honduras, en donde apenas el 8.4% de la población disfrutaría de un ingreso garantizado para paliar sus gastos de sobrevivencia, los cuales debe recordarse que se incrementan significativamente como consecuencia de la atención a las contingencias médicas propias de la edad; lo seguiría muy de cerca Guatemala, con el 10.8% de la población, y que confirma el hecho del porque en estos dos países de la región, se presentan los niveles más altos de pobreza y pobreza extrema. El país del CA-4 que estaría “mejor preparado” para hacer frente a esta demanda sería Nicaragua en donde el 19.8% de la población disfrutaría de cobertura previsional; seguido de El Salvador que reportaría 14.8% del total.
Los números anteriores y que discrepan totalmente con una visión de desarrollo integral, y de los aparentes propósitos de lograr el bienestar común en los diferentes países, también son seriamente divergentes con las visiones de los países que han alcanzado estratos superiores de desarrollo en el mundo, en donde las principales fuentes de tributación son las asociadas al financiamiento de los fondos previsionales, dado a que si bien es cierto es importante financiar la atención y bienestar de los habitantes actuales, también es fundamental garantizar que dicho bienestar se mantenga en el largo plazo.
De esa cuenta, y mientras en los países de la OCDE, la contribución media asociada a la seguridad social, alcanza 9.0% del PIB, destacando casos como los de Francia, Alemania, y España con 14.9%, 14.7% y 12.3% del PIB respectivamente, en los países del CA-4, el valor medio es de 4.4% del PIB, cerca de la mitad de lo de los países de la OCDE, pero con una fuerte volatilidad, porque mientras en El Salvador se utilizan recursos por 6.4% del PIB y en Nicaragua por 5.9% del PIB, en Guatemala, las asignaciones de fondos previsionales ocupan apenas 1.7% del PIB, lo que intuitivamente sugiere no solo un problema de cobertura, sino de dimensión en las pensiones de retiro programadas. En este punto es menester comentar que Costa Rica designa 11.7% del PIB, mientras que Panamá lo hace con 5.8% del PIB.
El funcionamiento las sociedades de la región dista mucho de lo que de espera en la actualidad, pero la visión de la cobertura previsional, hace pensar que el futuro se antoja más difícil para los habitantes que hoy forman parte de la población en edad de trabajar, lo que debiera impulsar a los políticos y funcionarios de los gobiernos regionales, a buscar salidas urgentes que impliquen el fortalecimiento de los sistemas vigentes o el impulso de nuevos, que permitan darle a los centroamericanos la esperanza de una vida futura digna.
