Una breve propuesta para seguir resistiendo en esta nueva etapa de defensa de la democracia

Por: Joaquín Mejía

Aunque hoy se impuso un régimen dictatorial liderado por Juan Orlando Hernández, hay al menos cinco aspectos que evidencian que este gobierno será el más débil de la historia democrática formal de Honduras y que representan una oportunidad única para que los sectores democráticos sumemos esfuerzos para iniciar un profundo proceso de democratización del país:

1. El fraude electoral se derrotó el 26 de noviembre. Creyeron que “ganarían” con solvencia porque tenían el dinero y las instituciones a su favor, y minimizaron el repudio ciudadano a la candidatura inconstitucional de Hernández, a quien no pudieron declararlo presidente el mismo día como históricamente ha sucedido en otras elecciones. Para llegar a la “toma de posesión” Hernández ha tenido que pasar por un profundo proceso de descrédito y deslegitimación frente a la ciudadanía y a la comunidad internacional, que pese a su complicidad no quiso “mancharse” más. Ningún presidente extranjero se hizo presente en la “toma de posesión”, lo cual es algo histórico y anómalo en el mundo diplomático.
2. A pesar del apoyo del gobierno de Estados Unidos, la complicidad de la Unión Europea y el silencio de los Estados latinoamericanos, se ganó la batalla internacional porque (a) el fraude electoral ha sido objeto de análisis y cobertura por parte de la prensa extranjera; (b) las graves violaciones a derechos humanos han sido documentadas y denunciadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Human Rights Watch, la Federación Internacional de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, entre otros; y (c) la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos evidenció el fraude y el Secretario General planteó la necesidad de convocar a nuevas elecciones por la falta de certeza y las graves irregularidades en el proceso.
3. Se desnudó la corrupción, la manipulación y subordinación de las instituciones públicas, y la violación de la legalidad y la Constitución para imponer a Hernández. Quedó en evidencia la naturaleza represiva y autoritaria del gobierno de Hernández y su larga lista de acciones arbitrarias que está dispuesto a cometer para mantenerse en el poder. También se cayeron las últimas máscaras de ciertos sectores de sociedad civil, académicos y religiosos que pese a la sangre derramada por las balas militares y las balas “depuradas” de la policía, bendicen y legitiman al régimen.
4. A mediano y largo plazo fracasó el proyecto continuista y militarista de Juan Orlando Hernández y del grupo político y económico que está detrás de él. Ha quedado tan desprestigiado y deslegitimado que ha logrado unir a un importante sector de la sociedad bajo la consigna del “Fuera JOH”, la cual refleja el repudio a todo lo que él representa, y que ha provocado que en la primera etapa de esta crisis -26 de noviembre de 2017 a 27 de enero de 2018-, la ciudadanía adquiriera mayor politización y ganara fuerza moral al dar muestras de fuerza a través de las protestas sociales que obligaron al régimen a utilizar las balas asesinas de las fuerzas de seguridad, especialmente de su ejército privado, la Policía Militar. Incluso algunos sectores de su partido como Luis Cosenza y empresarios como Eduardo Facussé, han reconocido y mostrado su preocupación por el daño que este régimen le hace al país.

A pesar que el panorama parece poco alentador, nos encontramos ante una gran oportunidad de forzar un escenario de transición para restaurar el sistema democrático. Es imperativo, entre otras cosas:

1. Profundizar la indignación y resistencia comunitaria y ciudadana, minimizando hasta donde sea posible la vulnerabilidad frente a las fuerzas represivas del régimen y buscando diversas formas creativas de expresar dicha indignación.
2. Promover que se sigan activando las acciones permanentes de solidaridad internacional con el pueblo hondureño, especialmente de los movimientos de solidaridad en Estados Unidos, Europa y América Latina. En Estados Unidos es fundamental la incidencia y presión política para que se detenga el financiamiento a las fuerzas represoras del régimen.
3. Establecer una coordinación nacional y formar equipos especializados para realizar acciones conjuntas destinadas a continuar documentando las graves violaciones a derechos humanos y los actos de corrupción con el fin de:

a) Desafiar al sistema de justicia nacional y fortalecer el acercamiento y las alianzas con funcionarios y funcionarias comprometidas con la democracia y el Estado de derecho.

b) Acompañar críticamente a la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y desafiarla a actuar contundentemente frente a graves casos de corrupción en los que están involucrados personas afines al régimen.

c) Analizar la reactivación del examen preliminar de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre el golpe de Estado cerrado en 2013 o la presentación de nuevas denuncias penales contra los jefes civiles y militares que son responsables por los delitos cometidos por sus subordinados.

d) Promover la coordinación con organizaciones civiles de Estados Unidos para activar la US Torture Victim Protection Act of 1991 y la Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, en el marco de las cuales se pueden juzgar en tribunales estadunidenses a violadores de derechos humanos.e) Continuar utilizando los mecanismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de Naciones Unidas para evidenciar las violaciones a derechos humanos y profundizar la deslegitimación y descrédito del régimen.