Por: Marty Chen
CAMBRIDGE – A principios de la década de 1930, el Presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt lanzó el Nuevo Trato en un intento por combatir los efectos de la Gran Depresión. El programa consistía en tres pilares principales: asistencia (para los desempleados), recuperación (de la economía y la creación de empleos) y reforma (mediante nuevas reglas y programas de bienestar social).
La crisis de la COVID-19 presenta una oportunidad para otro Nuevo Trato, uno que reconozca, proteja y apoye a los trabajadores informales, que componen el 61% de la fuerza de trabajo global, pero carecen de seguro de salud, licencia por enfermedad o pensiones. La mayoría de ellos producen bienes esenciales, como alimentos, leche, vestuario, zapatos y viviendas, o prestan servicios cruciales como atención de salud, cuidados infantiles, cuidados a la tercera edad, limpieza, entregas, transporte, gestión de residuos y distribución de alimentos.
El carácter indispensable de estos trabajos, que la pandemia ha revelado con claridad, llama a una estrategia que incluya los mismos tres pilares que impulsó FDR –asistencia, recuperación y reforma-, pero apuntando a ayudar a los trabajadores informales. Sin embargo, muchos aspectos de las medidas actuales de los gobiernos para enfrentar la pandemia de COVID-19 los amenazan.
A principios de 2020, la Organización Internacional del Trabajo proyectó que la pandemia y los confinamientos causados por ella destruirían o afectarían los medios de vida de un 80% de la fuerza laboral informal mundial, o 1,6 mil millones de empleos. De manera similar, un estudio realizado en 12 ciudades del planeta por Mujeres en Empleos Informales. Globalización y Organización (WIEGO, por sus siglas en inglés) concluyó que un 70% de los trabajadores informales encuestados tuvieron cero ingresos en los periodos de máximo confinamiento. En consecuencia, muchos tuvieron que reducir los gastos, consumir sus ahorros, hipotecar o vender bienes, y endeudarse más, limitando así sus perspectivas de recuperación económica.
El estudio de la WIEGO también halló que las respuestas de ayuda de los gobiernos frente a la pandemia han sido débiles e inconsistentes, reflejando las brechas preexistentes en las políticas sociales y de bienestar. Una persona que trabaja desde su casa en Pleven, Bulgaria, señaló que el gobierno había propuesto muchas medidas de alivio, pero no para la economía informal. “Una de las principales condiciones (para el alivio) es tener pagadas las contribuciones a la seguridad social” planteó. “Muchos de nuestros miembros [de HomeNet de Europa del Este] no las pagan, por lo que no recibimos ningún tipo de apoyo”. Del mismo modo, el secretario de la Asociación de Recicladores de Kpone, en las proximidades de Accra, Ghana, dijo “no haber recibido ningún apoyo del gobierno”.
Los gobiernos tienden a favorecer a las corporaciones y las empresas formales por sobre la economía informal al levantar o suavizar las restricciones. Pero, ¿por qué se debería permitir la apertura de los malls de compras cuando los mercados callejeros no pueden hacerlo? ¿Por qué los restaurantes, pero no los vendedores callejeros, tendrían la autorización para usar las aceras y los aparcamientos para servir comida? Peor aún, muchos gobiernos están aprovechando la crisis de la COVID-19 como pretexto para arrestar trabajadores informales, expulsarlos de las calles, vertederos y espacios públicos, y destruir sus materiales. Las autoridades también están impulsando medidas que apuntan a suprimir a los trabajadores informales y las actividades que les dan un medio de sustento.
Más aún, hay una creciente evidencia de que los paquetes de estímulo y los fondos de alivio de la pandemia entregados por los gobiernos están siendo secuestrados por las elites económicas, no los desempleados o los propietarios de pequeñas empresas para los que están destinados, y mucho menos los trabajadores informales que están en la base de la pirámide económica. En los Estados Unidos, las grandes corporaciones tomaron los préstamos federales de nóminas que apuntaban a las pequeñas empresas. En la India, las grandes empresas lograron que se subiera el umbral de inversión para las compañías de tamaño medio, de tal modo que pudieran aprovechar los préstamos ideados para los microemprendimientos y las empresas de tamaño pequeño y mediano.
Un estudio del Banco Mundial publicado en febrero de 2020, justo al inicio de la pandemia, encontró que hasta un sexto de la ayuda extranjera destinada a apoyar a los países más pobres estaba yendo a cuentas bancarias en paraísos fiscales acaudalados. Pero las instituciones financieras y los gobiernos nacionales parecen creer que apoyar al sector corporativo privado es esencial para la recuperación económica, y por tanto han entregado a estas firmas miles de millones de dólares para ayudarlas a continuar operando y sostener empleos durante la crisis.
La comunidad internacional tiene que reconocer que los sectores privado y público representan en conjunto menos de la mitad de los trabajos mundiales y apenas algo menos del 20% de las unidades económicas. ¿Por qué no dar fondos de recuperación y alivio a la amplia base de la pirámide económica en lugar de solo a la punta, y construir así una recuperación justa desde abajo?
El mundo se enfrenta a una crisis existencial que plantea preguntas fundamentales acerca de si poner a la gente y la naturaleza por sobre los dueños del capital y la tecnología, y si proteger los derechos de quienes se encuentran en desventaja por sobre los intereses de la elite política y económica. Es un momento definitorio: ¿seguirá la comunidad global el llamado mundial a la justicia social y económica?
Para hacer frente a las injusticias raciales y económicas expuestas y exacerbadas por la crisis del COVID-19 es vital un Nuevo Trato para los trabajadores informales que confronte las narrativas predominantes que los estigmatiza como un problema. Y debería partir por dos compromisos fundamentales que no exigen recursos financieros significativos, sino más bien un cambio de mentalidad.
El primero es no hacer daño. Los gobiernos deben dejar de acosar, desalojar y expropiar a los trabajadores informales cuyos sustentos se han visto amenazados durante la crisis. Como lamentaban muchos trabajadores informales de todo el mundo en los momentos álgidos de confinamiento por la pandemia: “Nos va a matar el hambre, no el virus”.
El segundo compromiso debería ser “nada acerca de nosotros sin nosotros”. Los gobiernos deben ver a los trabajadores informales como actores económicos legítimos e invitar a sus representantes a la mesa al discutir y planificar programas de asistencia, recuperación y reforma.
Si todos los líderes nacionales y agencias intergubernamentales respetan estos compromisos, el mundo superará la crisis del COVID-19 de un modo que asegure un futuro mejor y más justo para todos.
Marty Chen es asesora sénior de Mujeres en Empleos Informales: Globalización y Organización (WIEGO) y profesora de Políticas Públicas en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard.
