Además de elegir la nueva CSJ, el Congreso hará en 2023 la elección del nuevo Fiscal General
Tegucigalpa, Honduras.- Durante 2023, el sistema de operación de justicia tendrá episodios de alta trascendencia, entre ellos la elección del nuevo fiscal general de la República, un evento que será crucial con relación a la eventual instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICI) en Honduras.
Si la CICI finalmente llega a Honduras, esta misión anticorrupción podría tener la opción de desempeñarse como acusador privado, pero también podría hacerlo como querellante adhesivo del Ministerio Público, como lo ha propuesto el Gobierno.
Más allá de ello, la efectividad de la CICI estará profundamente vinculada con la máxima autoridad del Ministerio Público, que será elegida por el Congreso de la República en 2023, a la espera de que el proceso se efectúe con transparencia.
El perfil del próximo fiscal general deberá corresponder al de una persona independiente, autónoma y honesta, pero también a una persona con capacidad y valentía para enfrentar la corrupción y los tentáculos del crimen organizado. Se necesita una persona con conocimiento de la ley y valentía, no solo para enfrentar a la gente de los grupos subterráneos de poder, sino que también a correligionarios políticos y a empresarios.
En recientes declaraciones, el actual fiscal general Óscar Chinchilla, caracterizado por su displicencia frente al crimen organizado y al narcotráfico, aseguró que el Ministerio Público será un aliado de la CICI al igual que, según él, lo fue con la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih).
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“Si se trae una misión contra la impunidad, llámese CICI, se va a convertir en el mejor aliado del Ministerio Público, y en una ventana de oportunidad y esperanza para que se combata el flagelo de la corrupción”, expresó Chinchilla, a quien el Congreso de la República reeligió, en medio de irregularidades, el 29 de julio de 2018.
Apartando su cínico discurso, en la práctica, la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) ha sido una de las fiscalías más marginadas por Óscar Chinchilla, a pesar de ser la encargada de perseguir las redes de corrupción. Además de ello, la Uferco se ha topado con un muro de impunidad, impulsado desde el Congreso entre 2014 y 2022, y que los actuales legisladores se reniegan a desmontar. Ese muro, edificado con decretos que constituyen pactos de impunidad, ha llevado al malogro todos los casos que ha presentado la Uferco.
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LA CICIH REQUIERE DE HERRAMIENTAS
En un contexto en que todos hablan de la CICI, para que realmente surta efectos contra la corrupción y la impunidad, este mecanismo deberá ser instalado solamente tras la creación y la derogación de leyes y códigos (que le corresponde al Legislativo), como se ha acordado en el borrador del memorando de entendimiento entre el Gobierno y la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Asimismo, requerirá de una Corte Suprema de Justicia independiente y, además de ello, de un Ministerio Público con los recursos necesarios para enfrentar la criminalidad y la corrupción.
Históricamente, la fragilidad institucional del Ministerio Público ha propiciado un caldo de cultivo para los corruptos y los criminales en Honduras. Una institución que no es capaz de perseguir el delito debidamente, en todos los casos, estará condenada al fracaso. Así lo explicó a Criterio.hn el exfuncionario de la Maccih, Alex Navas.
“El Ministerio Público necesita ser renovado, de pies a cabeza. Evidentemente, no todos los fiscales tienen vínculos con crimen organizado, pero tampoco todos ellos son transparentes. Sabemos que hay fiscales buenos, pero que no cuentan con las herramientas administrativas y logísticas necesarias para desarrollar su trabajo. También se debe sacar a las manzanas podridas, porque no es posible que familiares de criminales y corruptos estén dentro de la Fiscalía, y no renuncien a sus cargos. Allí hay un tema de conflicto de intereses inmenso”, expresó.
SE ESPERA UN PROCESO TRANSPARENTE
En la elección del fiscal general de la República, que se realizará en junio de 2023, deberá respetarse el debido proceso. Cuando se reeligió a Óscar Chinchilla para el período 2018-2023, el 29 de junio de 2018, se violentó la ley y su nombramiento se realizó arbitrariamente.
El Congreso de la República había recibido de la Junta de Proponentes una nómina con los cinco candidatos mejor evaluados (sin incluir a Chinchilla).
Sin embargo, ninguno de ellos fue tomado en cuenta y, a petición de la junta directiva presidida en ese entonces por Mauricio Oliva, se presentó una planilla que incluía a Chinchilla y a Daniel Sibrián (quien sí figuraba entre los cinco mejor calificados, pero que es un hombre de su más alta confianza) como fiscal general adjunto. Al final, Chinchilla resultó electo controversialmente con el voto de 88 legisladores.
Óscar Chinchilla fue un fiel aliado del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), ahora procesado por narcotráfico en Estados Unidos, quien tras bambalinas impulsó su ilegal reelección como primer fiscal de la República.
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