Fiscalía contra la corrupción investiga ONG’S

Un Ministerio Público infructuoso se declara listo para apoyar una misión anticorrupción

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Tegucigalpa. -Desde su creación en 1994, el Ministerio Público de Honduras ha fracasado en la lucha frontal contra la corrupción, generando mayor impunidad y extenuando las ansias de la aplicación de una verdadera justicia que ahora se clama mediante la intervención internacional.

Históricamente, los casos de corrupción emblemáticos en Honduras fueron engavetados o extintos y los pocos que lograron ser judicializados, al final la mayoría de los sindicados fueron absueltos de sus cargos, gracias a pactos gestados por las cúpulas políticas en colusión con el sector empresarial.

La última década en la fiscalía es un período que acrecentó la impunidad a cargo de un fiscal que la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), con el respaldo de Estados Unidos, denominó como el “fiscal cinco estrellas”, reelegido de manera ilegal en su cargo y que ahora es vinculado con la narcoactividad.

EL ELEGIDO DE JOH

La medianoche del 12 de diciembre de 2012, el Congreso Nacional que presidía Juan Orlando Hernández, “conocido como JOH”, destituyó a cuatro de los cinco magistrados que integraban la Sala Constitucional, en castigo por haber declarado inconstitucionales las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), las que en 2013 mutaron a las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).

El único que votó para favorecer el controvertido proyecto fue Óscar Fernando Chinchilla quien, como premio, en septiembre de 2013, fue ungido como fiscal general con 92 de 128 votos de congresistas, en sustitución del entonces fiscal Luis Rubí, quien había renunciado al cargo por señalamientos de corrupción.

En sus primeros años de gestión, Chinchilla no investigó ni presentó acusación alguna contra Rubí, posteriormente, en mayo de 2015, se desataron masivas protestas de la ciudadanía por el desfalco de unos 7,000 millones de lempiras al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), parte de los fondos sirvieron para financiar la campaña política del Partido Nacional. De hecho, en junio de 2015, el entonces presidente Juan Orlando Hernández admitió que al menos USD 147,000 de los fondos dilapidados sirvieron para financiar su campaña política que lo llevó al poder en 2013.

Pese a la temeraria confesión del gobernante el Ministerio Público nunca actuó en su contra.

La exigencia por justicia mediante la instalación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad obligó a JOH a instaurar la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Para enfrentar los casos que investigaría la misión, se creó la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) adscrita al Ministerio Público.

Con el binomio MACCIH-UFECIC se presentaron al menos 14 casos de corrupción en los que se acusó a unas 130 personas entre estas exdiputados, diputados, funcionarios, exfuncionarios y hasta una primera dama.

LA ELECCIÓN TORCIDA DE ÓSCAR CHINCHILLA

En junio de 2018, el conservador Partido Nacional en contubernio con el Partido Liberal reeligieron con 88 votos a Chinchilla, en una acción ilegítima porque el ungido no fue parte del proceso de selección de la Junta Proponente como lo establece el artículo 233 de la Constitución de Honduras.

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Dos años después, en enero de 2020, se extinguió la MACCIH por órdenes de Juan Orlando Hernández con el beneplácito de los diputados nacionalistas y algunos liberales, en su mayoría investigados por la misión, quienes emitieron un dictamen desfavorable para que no se renovara el convenio de la instancia de la OEA.

Misma suerte corrió la UFECIC que fue reemplazada por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) siendo reducida en su capacidad laboral, técnica, investigativa y presupuestaria sin que Chinchilla asumiera un rol beligerante para su fortalecimiento.

El 93% de los casos que presentó la UFECIC-MACCIH quedaron en la impunidad y los sindicados fueron absueltos de responsabilidad penal, más de 30 casos quedaron pendientes y la UFERCO, según denuncias del propio fiscal anticorrupción, Luis Javier Santos, se encuentra limitada sumado a los decretos de ley que se aprobaron durante doce años del régimen que instauró JOH y que blindó la corrupción.

Según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, Honduras es el tercer país del continente con mayor corrupción e impunidad y una de las naciones más corruptas a nivel mundial.

CHINCHILLA PIEZA CLAVE EN EL NARCOTRÁFICO

Durante el juicio en la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra el narcotraficante hondureño Geovanny Fuentes Ramírez, este testificó que Chinchilla fue impuesto por JOH como fiscal para proteger la narcoactividad.

Ramírez aseguró haber pagado millonarios sobornos a Hernández a cambio de protección en la narcoactividad siendo Chinchilla la pieza clave para evitar ser enjuiciado.

“A Chinchilla lo puse ahí para protegernos”, dijo Hernández, según Ramírez.

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Ramírez fue sentenciado a cadena perpetua más 30 años de prisión por delitos de narcotráfico.

APOYO A NUEVA COMISIÓN INTERNACIONAL, EL REFLEJO DEL FRACASO

Los señalamientos contra Óscar Chinchilla al parecer quieren ser desvanecidos con una actitud prometedora por parte del Ministerio Público ante la instalación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH) que pretende instaurar el nuevo gobierno al mando de Xiomara Castro en respuesta al clamor de enjuiciar y condenar a implicados en corrupción

Mediante un comunicado, la fiscalía respaldó la instalación de una comisión internacional que investigue y judicialice los casos emblemáticos evitando cometer “los errores del pasado”.

 “En la actualidad, se debate la necesidad de la instalación de una nueva misión internacional que venga a apoyar a las instituciones en el combate a la impunidad y la corrupción, ante lo cual la Fiscalía General, manifiesta su completo e irrestricto apoyo a que se lleve a cabo tal propósito. La instalación de una misión debe hacerse garantizando total independencia en su diseño, conformación, instalación y funcionamiento, libre de cualquier tipo de injerencia indebida, asegurándose también que sea un proyecto sostenible en el tiempo”, detalla parte del comunicado.

 

El documento expone que la extinta MACCIH no tuvo un periodo extenso que permitiera desmantelar las principales redes de corrupción, por lo que califica como “un aliado” un nuevo ente internacional pese a las acciones de Chichilla por obstaculizar el trabajo de la UFERCO.

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“En el pasado reciente Honduras acudió al mecanismo de una misión internacional, la MACCIH, bajo el auspicio de la Organización de Estados Americanos. Durante el desarrollo de sus funciones en el país, la MACCIH encontró siempre en la Fiscalía General total apoyo en cada una de sus actividades”, arguye el Ministerio Público.

A criterio del reconocido abogado experto en derechos humanos, Joaquín Mejía, es positivo que el Ministerio Público plantee su apoyo a la instalación de una CICIH, sin embargo, “este comunicado es totalmente contradictorio y contrasta con la práctica”.

Según Mejía, mientras Chinchilla emite comunicados al mismo tiempo continúa sus acciones para debilitar la UFERCO y su principal objetivo de investigar y aplicar la ley a quienes han cometido actos de corrupción pública.

“Me parece totalmente contradictorio que planteen su apoyo a la lucha contra la corrupción, pero al mismo tiempo limitan las capacidades de la UFERCO al reducir el número de fiscales con menos personal y salarios más bajos y solo puede darle continuidad a los casos que conocía la UFECIC, pero no a nuevos casos de corrupción y depende de la dirección general de fiscales que es la que le asigna los casos, lo cual quita autonomía”, comentó.

Para Mejía, el comunicado “simplemente es una forma del fiscal Óscar Chinchilla de intentar lavar un poquito su imagen porque en la práctica lo que está haciendo con la UFERCO es debilitarla”, reiteró.

Además, reprochó que Chinchilla “ha puesto contra las cuerdas” al titular de la UFERCO, Luis Javier Santos, por ser de los pocos funcionarios que han demostrado su compromiso serio por luchar contra la corrupción.

De igual forma, el exfiscal Víctor Fernández, del bufete Estudios para la Dignidad, interpreta el comunicado como el reconocimiento al fracaso del ente investigativo frente a la corrupción y la impunidad.

“Una petición como esta que puede ser vista como buena, de apertura, pero detrás implica el reconocimiento de ese fracaso y de la confabulación de las estructuras que dirigen al Ministerio Público con todos los elementos que configuran la corrupción en el país”.

A juicio de Fernández, el mandato legal de la fiscalía es vertical, es decir, depende de lo que decida el fiscal general y el fiscal adjunto, por lo cual exigir una CICIH autónoma “es un reconocimiento del fracaso del funcionamiento del Ministerio Público”.

Fernández asegura que el Ministerio Público tiene una estructura funcional en términos normativos suficientes para combatir la corrupción, pero no lo hace “no porque no haya capacidad, ni condiciones es porque le falta determinación y decisión política”.

Chinchilla podría ser sometido a un juicio político en los próximos días o meses luego que la Comisión de Extradición del Congreso Nacional lo recomendara ante el hemiciclo al presentar un informe en el que expone su complicidad en actos ilícitos.

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