Tegucigalpa, Honduras.- Un mes ha pasado desde que el Congreso Nacional celebró la última sesión en la que se pretendía escoger a las nuevas autoridades del Ministerio Público (MP), pero ante evidente ineficiencia de los diputados en generar consensos, el proceso se mantiene estancado y ha derivado, de igual manera, en paralizar la discusión de la agenda legislativa.
El origen del problema, que ha llevado a frenar las sesiones legislativas por un mes, es que ninguna de las mociones nominativas presentadas, tanto por la bancada oficialista, como de la oposición, ha alcanzado el favor de la mayoría calificada de diputados (86), por lo que ninguna ha sido valorada ante el pleno.
La moción que presentó Libre está encabezada por el abogado Johel Zelaya como fiscal general y Marcio Cabañas como adjunto y, la oposición, presentó a Marcio cabañas como fiscal general y a Jenny Gabriela Almendares como adjunta.
A criterio del sacerdote Ismael Moreno, exdirector de Radio Progreso y del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), mantener entrampada la elección del MP y, en consecuencia, paralizada la agenda legislativa, es una estrategia de los políticos para luchar por sus propios intereses.
“Retraso de elección de fiscales no es porque políticos no se entiendan; se mueven desde su propia complicidad e intereses comunes”, escribió Moreno en la red social X.
De igual manera, sostuvo que a la clase política y económica le conviene mantener estancada la agenda legislativa porque, de esa manera, no se derogan los decretos 117-2019, 04-2022 y tampoco se aprueba la Ley de Colaboración Eficaz para que se instale la misión de investigación internacional en el país.
“(A los políticos) les conviene retrasar o anular la instalación de la CICIH. Pierde la justicia, pierde la sociedad, gana la impunidad”, precisó.
Lo expuesto por Moreno tiene lógica, ya que el no derogar estos decretos de impunidad y no aprobar la Ley de Colaboración Eficaz, retrasaría o literalmente impediría la instalación de la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH).
Lo anterior porque en el memorándum de entendimiento con los términos de referencia establecidos, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitó al Poder Legislativo hondureño hacer esas derogaciones y aprobar dicha ley, para avanzar con la primera fase establecida en el documento, sin embargo, todavía no lo han cumplido.
UNO DE LOS VARIOS ESCENARIOS QUE PROPONEN DESDE EL OFICIALISMO
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Ante ese escenario, desde la bancada oficialista Libertada y Refundación (Libre) y la Junta Directiva del Congreso Nacional que preside Luis Redondo, han determinado suspender las sesiones legislativas y advierten a la oposición que, si no apoyan la moción presentada por Libre, la crisis podría acarrear diversas consecuencias.
Por ejemplo, una de esas posibles consecuencias, que proponen desde la bancada oficialista como una solución es que, a través de una consulta popular, se disuelva el Congreso, ya que sólo en agosto (mes pasado) sesionaron unas seis veces.
“Lo que no sirve hay que cambiarlo (…) vemos un gobierno que se ha vuelto ingobernables por el boicot de los grupos de poder, ante esa situación lo único que cabe es hacer un plebiscito, eso lo plantea Sergio Castellanos, y que el pueblo decida si el Congreso debe seguir o se disuelve”, Planteó en medios de comunicación el diputado oficialista Sergio Castellanos.
“Si elige que se disuelve, vamos a montar un proceso electoral con los organismos respectivos y que se elija un nuevo Congreso Nacional, pero no vamos a estar dos años bajo un Congreso que atenta contra el pueblo hondureño”, agregó.
La idea de una consulta popular ha sido respaldada desde el Poder Ejecutivo, ya que fue uno de las promesas de campaña de la presidenta Castro, pero por la capacidad de análisis y diálogos que alardean carecer los diputados, esto tampoco pasaría porque se necesita aprobar una ley o decreto con la mayoría calificada de votos.
Lo anterior está plasmado en el artículo 5 de la Constitución de la República, mismo que indica que, para que en el país suceda el plebiscito o referéndum, el Congreso debe aprobar un decreto que otorgue facultades al Consejo Nacional Electoral (CNE) de convocar, organizar y dirigir una consulta en temas que sean relacionados con la estabilidad política y paz social.
Para el analista político Oliver Erazo el camino que desde el gobierno le quieren dar a la consulta popular es inconstitucional porque, por ejemplo, la ley ya establece el mecanismo por el que se deben elegir las autoridades de la fiscalía debe ser en un proceso de elección de segundo gradoen el Congreso Nacional.
“Sabemos que el referéndum y plebiscito son legales, el punto que hay que abordar es, ¿qué van a consultar?, lo que se va a consultar debe estar constitucionalmente permitido porque, de lo contrario, la esencia de la consulta sería inconstitucional”, opinó el analista político Oliver Erazo.
“Por ejemplo no podemos preguntarle al pueblo hondureño si quiere una constituyente para cambiar la forma de gobierno republicano y democrático que tenemos a un socialista porque ya está establecido en la ley”, agregó Erazo.
De acuerdo con funcionarios del Consejo Nacional Electoral, una consulta popular le costaría a Honduras unos 400 0 500 millones de lempiras y la podrían llevar a cabo en tres o cuatro meses.
De momento la elección del fiscal está en una nebulosa, mientras el presidente del Congreso Luis Redondo y unos 15 diputados oficialistas, determinaron dejan este tema en segundo plano e irse a un viaje a Rusia, con todos sus gastos pagados del dinero del pueblo hondureño, según informaron desde el Poder Ejecutivo.
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Redondo antes de partir hacia Rusia, sostuvo que por la falta de consensos, las sesiones se podrían reanudar hasta el 17 de octubre de este año, lo que provocó disgusto entre la sociedad ya que los diputados están recibiendo salarios sin trabajar.
