Un año de una apuesta equivocada

Por: Lourdes Molina Escalante

Economista sénior Icefi

El 7 de septiembre de 2021 entró en vigencia la Ley Bitcoin en El Salvador, en medio del rechazo ciudadano y la promesa oficialista de menores costos para enviar remesas, una mayor inclusión financiera, de más inversión, empleo y recursos para el presupuesto público. A un año de su adopción, el bitcóin está muy lejos de haber cumplido esas promesas de bonanza y prosperidad para la economía nacional.

La adopción del bitcóin es la crónica de un fracaso anunciado, bien dice el dicho, lo que empieza mal, termina mal. El anuncio de la intención de adoptar una criptomoneda como moneda de curso legal tomó por sorpresa a la población salvadoreña. El presidente realizó el anuncio en un evento en el extranjero, ante un público acostumbrado a especular con su dinero en criptoactivos; mientras que la población salvadoreña tuvo que enterarse por redes sociales. La incertidumbre, cuestionamientos y rechazo de la ciudadanía fueron inmediatos,  después de todo, esta no era la primera vez que los gobernantes salvadoreños querían usar al país como experimento monetario. A pesar de ello, tan solo un par de días después el Ejecutivo presentó la iniciativa de la Ley Bitcoin ante la Asamblea Legislativa, la aprobación se dio de manera exprés, sin ningún tipo de debate y sobre todo sin ninguna clase de evaluación técnica sobre sus costos, supuestos beneficios o implicaciones para las finanzas públicas salvadoreñas. Las advertencias sobre cómo el bitcóin no cumplía con las propiedades del dinero, los riesgos inherentes a su alta volatilidad o la posibilidad de convertirnos en un paraíso para el lavado de dinero no fueron escuchadas.

Luego de un año, y aunque algunos funcionarios asistan a eventos internacionales para presentar el “éxito” del bitcóin en el país, la realidad nacional evidencia un resultado diferente: una política pública fracasada. Al día de hoy, el bitcóin a nivel internacional ha perdido por lo menos el 60.0% de su valor; a nivel nacional, su uso como moneda de uso cotidiano no se ha masificado, en contraposición los costos de implementación de la Ley ha sido socializados con el uso de recursos públicos para su financiamiento.

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Para la implementación de la Ley se asignaron USD 2225.3 millones, que supuestamente se destinaron al otorgamiento del bono de bienvenida de USD 30.0 por utilizar la billetera gubernamental, al financiamiento del Fideicomiso Bitcoin y el proyecto Cryptofriendly. En este punto es importante señalar que estos costos probablemente estén subestimados, porque si algo caracteriza la adopción del bitcóin, y a la administración Bukele, es la falta de transparencia y rendición de cuentas. A la fecha persiste muchas dudas: ¿cuántos recursos se han destinado a la compra de bitcoines? ¿En qué momento se han realizado las transacciones? ¿Cómo se ha tomado la decisión de en qué momentos comprar? ¿Cuál es la relación con la sociedad anónima dueña de la Chivo Wallet? ¿Cuántas personas siguen utilizando la Chivo Wallet? ¿Por qué el Estado le construyó los cajeros y le provee seguridad a una sociedad anónima?

La falta de transparencia, también se extiende a los supuestos beneficios que se han obtenido con la implementación de la ley, según las declaraciones del propio Presidente las ganancias han sido tales que se ha podido financiar un hospital para mascotas, pero para materializar ganancias quiere decir que en algún momento se ha vendido bitcoines ¿cuántos y en qué momento? Es otra pregunta que persiste. La información que podría dar respuesta a estas preguntas ha sido declarada confidencial o reservada, toda una ironía, aunque todo se está financiando con recursos públicos, la ciudadanía no puede conocer cómo se están utilizando sus recursos.

Pero las implicaciones negativas de la entrada en vigencia de la Ley Bitcoin no paran ahí,  esta decisión le ha costado al Estado salvadoreño las posibilidades de acceder a otras fuentes de financiamiento. El incremento del perfil de riesgo del país incluso ha coartado la emisión de bonos en el mercado internacional, tampoco se han emitido los Bonos Volcán, que se esperaba fueran una fuente de oxígeno financiero para el gobierno. Además, el bitcóin eliminó la posibilidad de alcanzar un acuerdo de servicio ampliado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), algo que hubiera permitido a las autoridades de Hacienda enfrentar los serios problemas de liquidez financiera del gobierno.

Por si fuera poco, los beneficios de las iniciativas gubernamentales complementarias a la Ley Bitcoin también son cuestionables. Las autoridades impulsan proyectos geo-energéticos a gran escala para promover una actividad altamente intensiva en consumo energético como el minado de bitcóin al mismo tiempo que más de 40 mil hogares salvadoreños carecen de acceso a la energía eléctrica.

En este punto, lo sabio sería reconocer el error cometido, derogar la Ley Bitcoin y dejar que su uso tenga un carácter voluntario para aquellas personas que deseen especular con su dinero en un activo de esta naturaleza. Pero me temo que eso no sucederá, luego de un año, parece que tenemos que resignarnos a ser conocidos como el primer país en adoptar una criptomoneda como moneda de curso legal, lamentablemente esto no es algo para enorgullecerse, al final del día esto solo nos convierte en un país más en el que sus gobernantes niegan sus equivocaciones y de manera necia insisten en seguir socializando las pérdidas y continuar apostando los recursos públicos en un casino virtual. Sí, porque independientemente usemos, o no, el bitcóin nuestros impuestos se utilizan para asumir los costos de esta apuesta equivocada.