Fotos: Criterio.hn / Horacio Lorca
Tegucigalpa. – La extracción ilegal de antimonio en las tierras ancestrales de la tribu Tolupán de San Francisco de Locomapa en Yoro, continúa pese a la aparente salida de la empresa Lachansa de la zona.
Así lo denunciaron pobladores de la tribu a través del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), quienes reportaron la presencia de personas y maquinaria en la comunidad de Lagunita, donde previamente la empresa mencionada operó de forma ilegal.
Walter Díaz, integrante del equipo legal del MADJ, dijo a Criterio.hn que existe preocupación y alarma entre las y los integrantes de la tribu, especialmente porque durante el proceso de extracción previo, vivieron un contexto de violencia y constante amenaza por su oposición al saqueo de sus recursos.
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Aclaró que la explotación nuevamente se está realizando sin el consentimiento de las comunidades que conforman la tribu de San Francisco de Locomapa, representadas a través de su consejo directivo y su asamblea.
“Actualmente hay un grupo de personas que se encuentran extrayendo el mineral [antimonio] de esa zona de la mina y lo están sacando de la tribu por diferentes vías de acceso y siempre lo hacen clandestinamente”, explicó.
Sobre la situación Díaz, aclaró que no se ha identificado una empresa, únicamente a quienes operan la maquinaria y a Allan Rivas. Este último, según refiere la población, anteriormente se confabuló con otras empresas mineras que operaron en la zona, entre estas Lachansa.
La tribu Tolupán de San Francisco de Locomapa, ubicada en Yoro, norte de Honduras, es asediada por la industria minera y maderera, incrementando la violencia en contra de la población que se opone al saqueo de sus recursos naturales. Fotografía: Horacio Lorca/Criterio.hn
Díaz manifestó que, en teoría, la empresa Lachansa CO. S.A. salió del territorio como consecuencia de la serie de gestiones realizadas ante instituciones del Estado, denunciando la ilegalidad detrás de la instalación de la minera en el territorio Tolupán.
Uno de los incidentes más controversiales fue cuando la empresa interrumpió el paso de una comisión interinstitucional que tenía como objetivo inspeccionar la zona. En esta participaban la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), el Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin), y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras.
A esto se sumaron requerimientos fiscales contra Álvaro Hernández Londoño y su hijo Santiago Londoño. El padre acusado por el delito de explotación ilegal de recursos naturales en perjuicio del equilibrio de los ecosistemas del medio ambiente del Estado de Honduras y la comunidad indígena tolupán de San Francisco de Locomapa.
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Mientras que su hijo, Santiago Londoño, fue requerido por suponerlo responsable del delito de hostigamiento sexual contra una joven Tolupán. La denuncia contra Londoño hijo fue presentada por el MADJ en septiembre de 2022 y el requerimiento fiscal fue realizado un año y tres meses después de que se realizó la denuncia inicial.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) amplió en enero de este año las medidas cautelares en favor de otras 61 personas, pasando de 36 a un total de 97 personas miembros de la tribu de San Francisco de Locomapa, ante las continuas acciones violentas en contra de ellas y ellos.
