Por Swee Kheng Khor
KUALA LUMPUR – Vacunar al mundo contra el COVID-19 es una de las mayores iniciativas no bélicas que la humanidad haya emprendido jamás. Muchos países han desarrollado planes de vacunación ambiciosos, sensibles en lo político y con secuencias cuidadosamente diseñadas, pero será un reto ejecutarlos satisfactoriamente. Para lograrlo, las autoridades harían bien en integrar con realismo tres supuestos a su planificación de vacunación para este 2021 y los años sucesivos.
Primero, las demoras son inevitables. Más de dos meses después de la primera inyección de una vacuna anti COVID-19 el 8 de diciembre de 2020, en varios países se están desvaneciendo las esperanzas de un despliegue rápido. Las retenciones de la producción han dado pie a amenazas de la Unión Europea de acciones legales y restricciones a las exportaciones. Y hay varias razones para esperar más demoras.
Para comenzar, las limitaciones actuales para su fabricación son abrumadores. Las empresas deben aumentar la escala o adaptar fábricas para producir miles de millones de dosis al año, mientras que las cadenas de suministro de las vacunas se siguen desarrollando a medida que se les exige más y más. Por ejemplo, las vacunas Pfizer/BioNTech y CureVac usan nanopartículas de lípidos fabricadas por el mismo proveedor.
Más aún, la ampliación de capacidad mediante la transferencia de tecnologías –digamos, desde AstraZeneca a la tailandesa Siam Biosciences– implica superar obstáculos legales y técnicos. Si las nuevas variantes del coronavirus reducen la eficacia de las actuales vacunas, la integración vertical del proceso de investigación a fabricación puede permitir una respuesta más veloz y ágil.
Además, otras barreras legales y normativas podrían provocar demoras. Varios países han firmado acuerdos de compra anticipada (APA, por sus siglas en inglés) bilaterales con fabricantes de vacunas, la mayoría de los cuales están sujetos a la aprobación regulatoria del lucro en las vacunas e implican una entrega por fases y un depósito reembolsable. Pero las APA pueden ser difíciles de implementar y el derecho internacional debe evolucionar con rapidez para que las resoluciones de disputas sean eficaces.
La entidad reguladora del Reino Unido fue la primera en aprobar la vacuna Pfizer/BioNTech porque aprovechó el continuo envío de datos desde los ensayos clínicos, una oportunidad que deberían tener otras entidades reguladoras, con independencia de su tamaño de mercado o riqueza. Puede que sea necesario un nuevo proceso de aprobación para las variaciones de la vacuna en respuesta a las nuevas variantes del coronavirus, tal vez basado en la ruta de aprobación abreviada para variaciones estacionales de las vacunas contra la influenza.
Más aún, un programa de vacunación masiva contra el COVID-19 plantea desafíos logísticos formidables y requerirá un esfuerzo de toda la sociedad. Puede que los gobiernos necesiten instalaciones de vacunación a tiempo completo o por ventanilla para vehículos, con un adecuado soporte de la cadena de frío, al tiempo que un sólido sistema de reportes de sucesos adversos debe ir acompañado de protecciones de indemnización adecuadas. Podrían ocurrir despilfarros, sabotajes y reacciones armadas en rechazo a vacunarse, pero los países pueden mitigar estos potenciales problemas si planifican adecuadamente y aprenden los unos de los otros,
El segundo supuesto es que las vacunas contra el COVID-19 agravarán la desigualdad global en 2021. Todos los países de la OCDE, excepto Turquía, han adquirido más dosis de las que necesita su población: por ejemplo, Canadá cuenta con suficiente cantidad como para vacunar seis veces a sus habitantes. Este “apartheid de las vacunas”, como lo llama el Director Ejecutivo de ONUSIDA Winnie Byanyima, implica que los países ricos con toda probabilidad alcanzarán una cobertura completa de vacunación y sus economías se recuperarán con mayor rapidez, dejando muy atrás a los países pobres.
Los programas de vacunación contra el COVID-19también podrían empeorar las desigualdades al interior de los países, tal como la pandemia misma ha afectado desproporcionadamente a las minorías étnicas, las mujeres, los inmigrantes y los pobres. La Organización Mundial de la Salud recomienda vacunar a los trabajadores sanitarios de primera línea y a las personas de la tercera edad, pero otros aconsejan priorizar a las minorías étnicas o los pobres. Las comunidades indígenas, los migrantes o los refugiados podrían resultan más marginados todavía.
Mientras tanto, las elites ricas podrían asegurarse vacunaciones tempranas a través del sector privado, el mercado negro o el “turismo de vacunas”. Las grandes empresas podrían comprar vacunas para sus empleados o presionar para que se les dé prioridad como “trabajadores esenciales”; Amazon y Uber ya lo están haciendo. Y los “pasaportes de vacunación”, si se implementan, podría ser discriminatorios.
Para mitigar el riesgo de desigualdad se requerirá un enfoque de múltiples niveles. La Asamblea General y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas deben hacerse cargo de los bienes públicos globales de manera más activa, mientras que la administración del Presidente estadounidense Joe Biden tiene que proporcionar un liderazgo global más reflexivo y eficaz. Los gobiernos deben sostener el apoyo financiero y político que necesitan las Instalaciones de Acceso Global a la Vacuna contra el COVID-19 (COVAX) para lograr que toda la población del mundo tenga acceso a las vacunas. El proceso del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para todos los estados miembros se podría ampliar para incluir la equidad en materia de vacunación y los resultados del COVID-19 a nivel de país. Y los ciudadanos, grupos de la sociedad civil y medios de comunicación deben mantenerse en una actitud vigilante pare prevenir una distribución desigual de las vacunas.
Por último, las autoridades deben asumir que las decisiones de adquisición podrían convertirse en una lucha indirecta en la rivalidad entre Estados Unidos y China. La geopolítica ya está influyendo en las adquisiciones, notablemente en las decisiones de algunos países de Occidente de apartar a la empresa de telecomunicaciones china Huawei de sus redes 5G. En términos de las vacunas, la geopolítica podría inmiscuirse en los criterios para la toma de decisiones como datos, calidad, disponibilidad, valor y coste.
Las vacunas también podrían figurar en la competencia sino-estadounidense sobre estándares globales, que ya abarca a la inteligencia artificial, las ciudades inteligentes y las baterías de litio. Las vacunas contra el COVID-19 pueden exigir nuevos estándares para métodos de investigación, variables principales en ensayos, resultados clínicos y producción. Tal como EE.UU. y la Unión Soviética fueron parte de carreras armamentistas y espaciales en la Guerra Fría, EE.UU. y China podrían entrar en una carrera de vacunas que apunte a ganar prestigio científico, autoridad de fijar estándares, poder blando y recompensas financieras.
La competencia es buena si da a los países una opción de vacunas baratas y de vanguardia. Pero podría tornarse en una pesadilla si las superpotencias utilizan como armas su provisión, precios o patentes, o las usan como elementos de negociaciones en una “diplomacia de las vacunas”.
Si eso ocurriera –si escoger vacunas implica elegir un bando-, las potencias pequeñas y medianas podrían adoptar una estrategia de cobertura o “cartera de vacunas”, como ya lo están haciendo Australia, Malasia y Singapur. Pero esto todavía podría dejar países atrapados en el dilema de si inclinar sus carteras hacia EE.UU. o China. Para salir del dilema, podrían usar mecanismos internacionales como el COVAX, o apuntarse para una adquisición grupal mediante modelos como el Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud o las iniciativas para fortalecer la adquisición de vacunas de la UNICEF.
Las vacunas para el COVID-19 ofrecen un muy bienvenido atisbo de esperanza después de un negro primer año de la pandemia. Pero para traducir esta esperanza en una acción efectiva se necesitará que las autoridades demuestren su habilidad para reducir las demoras, la desigualdad y el riesgo geopolítico.
Swee Kheng Khor, médico malayo especializado en salud públicas y políticas de salud, es miembro de la Chatham House, la Universidad de las Naciones Unidas y el Instituto de Estudios Estratégicos e Internacionales (ISIS) de Malasia.
