Los excongresistas fueron acusados de haber malversado fondos destinados a proyectos sociales y comunitarios, utilizando estos recursos para fines personales o desviándolos hacia cuentas privadas.
Tegucigalpa, Honduras. – Pese a que el Ministerio Público y la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco) establecieron que cinco exdiputados manejaron de manera irregular 42 millones de lempiras, tres de ellos lograron esquivar la prisión y serán obligados a presentarse cada 15 días a un Tribunal y se les prohibió salir del país.
Los imputados son los excongresistas del Partido Nacional, Fredy Espinoza Mondragón Miguel Ángel Gámez y Gladys Bernarda Casco Cruz.
En este caso también se imputó a los excongresistas Sara Medina Galo (Partido Nacional) y Carlos Roberto Guevara (Partido Nacional), además del representante de la Asociación de Jóvenes para el Desarrollo Integral de Honduras (AJOPADIH), José Sánchez, a quienes el 16 de diciembre de 2023 se les dictó el auto de formal procesamiento con medidas distintas a la prisión preventiva por el delito de fraude.
Según la investigación del Ministerio Público se considera que hubo confabulación para drenar más de 42 millones de lempiras de las arcas del Congreso Nacional a través de una organización no gubernamental, denominada Asociación de Jóvenes para el Desarrollo Integral de Honduras (AJOPADIH).
De acuerdo con el requerimiento fiscal, las gestiones eran realizadas por diputados por medio del Fondo de Desarrollo Departamental –que fue derogado en agosto 2023— para la ejecución de proyectos sociales a través de oenegés, no obstante, una vez hechos los desembolsos, los fondos eran trasladados de manera injustificada a las cuentas personales de los mismos diputados que tramitaron los recursos.
Según fiscales del Circuito Anticorrupción, parte de los fondos también eran desembolsados a particulares que los utilizaban en asuntos distintos para los que estaban predestinados.
Asimismo, se efectuaron gestiones de subsidios otorgados de forma irregular a varios exparlamentarios mediante el uso del Fondo de Desarrollo Departamental, siempre bajo la justificación que eran para ser ejecutados en proyectos u obras de desarrollo social.
En el pronunciamiento del Ministerio Público señalan que, el origen y giro de los fondos provino de 82 transferencias desde la Secretaría de Finanzas (Sefin) a una cuenta de banco de la AJOPADIH y las mismas se acreditaron en un periodo de seis meses.
Además, se detectó que uno de los imputados que cumplió su rol como cooperador necesario, registró su firma en las cuentas que eran parte de la oenegé y se auto acreditó 28 millones de lempiras y a su vez hizo depósitos a 26 cuentas particulares entre ellos la de los exdiputados acusados, mientras tanto el dinero restante fue trasladado a terceros sin ninguna justificación.
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JUSTICIA ES BENÉVOLA CON LOS CORRUPTOS
Para el abogado penalista y analista político, Henry Salinas, la justicia hondureña trata con benevolencia a los políticos que son requeridos por delitos contra la administración pública, caso contrario al resto de la población.
El profesional del derecho hizo referencia al artículo 60 de la Constitución de la República, el cual establece que todos los hombres nacen libres e iguales en derechos, que en Honduras no hay clases privilegiadas y que todos los hondureños son iguales ante la ley.
“El sistema judicial se porta muy benévolo con ellos –políticos corruptos— a tal punto que –en muchos casos— estas personas terminan pagando con medidas distintas a la prisión preventiva, casa por cárcel u otras medidas como firmar cada semana o cada 15 días y a otros únicamente la prohibición de salir del país”, dijo a Criterio.hn
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FONDO DEPARTAMENTAL UN FOCO DE CORRUPCIÓN
El Fondo Departamental se creó en 2006, durante la administración del expresidente Manuel Zelaya Rosales, siendo Roberto Micheletti presidente del Congreso Nacional y se contempló en el presupuesto de la república.
Red de Diputados, fue el primer caso de corrupción que presentó la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) en el que sindicó a cinco congresistas por haber desviado recursos del Fondo Departamental a cuentas personales y de familiares de los diputados.
La investigación realizada por la MACCIH y la desaparecida Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción del Ministerio Público de Honduras (UFECIC-MP), detalló que los diputados se apropiaron de fondos públicos mediante el Fondo Departamental transferidos por medio de oenegés.
El equipo integrado por UFECIC-MACCIH descubrió a través de sus fiscales e investigaciones una Red de Diputados que se apropió ilegalmente de fondos públicos destinados a proyectos sociales que fueron desviados para uso personal. Los diputados y la diputada se valieron de una ONG que recibía fondos para proyectos sociales de la Secretaría de Finanzas y del Congreso Nacional.
Por ese caso fueron requeridos los excongresistas: Héctor Enrique Padilla Hernández, Audelia Rodríguez Rodríguez, Augusto Domingo Cruz Ascencio, Dennys Antonio Sánchez Fernández y Eleazar Alexander Juárez Saravia.
Caso Pandora, fue otra de las investigaciones en la que se evidenció un esquema de saqueo en el que se acusó a 38 exfuncionarios, exdiputados y personas particulares por el desvío de más de 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), a través de las fundaciones Dibattista y Todos somos
Honduras.
El dinero estaba destinado a la ejecución de proyectos de desarrollo en ese país, en el llamado corredor seco e iba dirigido a familias pobres, en especial mujeres –madres solteras y jefas de hogar—.
