Tegucigalpa, Honduras. – Han transcurrido 35 días de 2025, un periodo en el que, de acuerdo con las estrategias de seguridad que continúa extendiendo el gobierno de Xiomara Castro, el panorama debía mostrar una tendencia favorable en comparación con el año anterior. Sin embargo, los registros institucionales desmienten esa expectativa: la violencia y la criminalidad se afianzan en un país donde la impunidad sigue siendo el motor que permite a los responsables actuar con lacerteza que no serán detenidos ni procesados judicialmente.
En este contexto, el departamento de Colón, al norte de Honduras, ha sido escenario de dos asesinatos múltiples en días consecutivos. El 30 de enero, en la comunidad de Guadalupe Carney, municipio de Trujillo, cuatro personas fueron asesinadas en un local de venta de bebidas alcohólicas. Las víctimas, identificadas como Mario Adonis Martínez, Dinoris Quintanilla (21 años), Joel Ocampo y una cuarta persona presuntamente el padre de Ocampo, fueron atacadas por individuos armados que llegaron al lugar en motocicleta y dispararon sin mediar palabra.
Al día siguiente, el 31 de enero, en la comunidad de Rigores, también en Trujillo, se registró otro hecho violento. Tres personas fueron acribilladas dentro de un vehículo tipo camioneta. Las víctimas fueron identificadas como José Luis Hernández, Suyapa Guillén, una pareja de esposos, y su hijo Moisés Rivas, quien fue trasladado a un centro hospitalario, pero falleció posteriormente. Los fallecidos supuestamente formaban parte de la finca campesina Gregorio Chávez del sector.
Cinco días después, el 5 de febrero, en el barrio Buenos Aires de Ocotepeque, al occidente del país, tres hombres fueron asesinados a balazos dentro de una vivienda. Las víctimas, identificadas como José Miguel Pinto (32 años), José Carlos Arévalo (aproximadamente 37 años) y Héctor Rolando Vásquez (47 años), fueron atacadas por sujetos armados que llegaron en un vehículo. Horas después, se encontró un auto calcinado en las cercanías, que se presume fue utilizado por los atacantes.
Las autoridades manejan como hipótesis que los tres ataques están relacionados con ajustes de cuentas. Algunos de los hechores continúan en libertad, mientras que, fieles al protocolo, las fuerzas de seguridad anuncian que trabajan arduamente para esclarecer los hechos e identificar a los responsables.
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EL ESTADO DE EXCEPCIÓN NO LOGRA FRENAR LA VIOLENCIA
Los tres asesinatos múltiples ocurridos en lo que va del año, sumados al promedio de cinco muertes violentas diarias (193 homicidios entre el 1 de enero y el 5 de febrero de 2025), consolidan un panorama de criminalidad e inseguridad que persiste en el país. Para Migdonia Ayestas, directora del Observatorio de la Violencia de la UNAH (OV-UNAH), estos hechos generan un impacto directo en la ciudadanía, intensificando el miedo y debilitando la confianza en las instituciones responsables de garantizar la seguridad.
“Los homicidios múltiples, que comúnmente se les llama masacres, son los hechos que más impactan en la ciudadanía; generan miedo y hacen ver al país inseguro”, explicó Ayestas. También destacó que, aunque la incidencia de homicidios haya disminuido en términos estadísticos, el ambiente de criminalidad y violencia sigue presente, lo que impide que la población perciba una mejora real en la seguridad.
Para Ayestas, la recurrencia de estos hechos en un contexto de inseguridad solo profundiza el problema. “Hablamos de tres eventos en el presente año con diez víctimas, y al compararlo con el mismo periodo del año anterior, la tendencia no ha cambiado porque también se registraron tres hechos con nueve víctimas”, detalló.
Bajo este escenario, el país sigue sometido a un estado de excepción que ha superado los dos años de vigencia sin generar un cambio en la dinámica de criminalidad. Esta medida, instaurada el 6 de diciembre de 2022, ha sido prorrogada de manera ininterrumpida, con la última ampliación vigente hasta el 19 de febrero de 2025.
A pesar de que el gobierno argumenta que esta política ha permitido reducir la incidencia delictiva, los asesinatos múltiples y otros actos violentos contradicen ese discurso. La continuidad de estos crímenes refleja que las estructuras criminales siguen operando sin restricciones, lo que demuestra que la suspensión de derechos constitucionales no ha tenido el impacto esperado en la reducción de la violencia.
Más allá de su falta de resultados, el estado de excepción también ha sido cuestionado por su aplicación al margen de la legalidad. Según el artículo 187 de la Constitución, toda suspensión de garantías debe ser ratificada por el Congreso Nacional en un plazo de 30 días y publicada en La Gaceta. No obstante, varias de sus prórrogas han sido implementadas sin cumplir estos requisitos, lo que ha generado señalamientos sobre su inconstitucionalidad.
En conjunto con esto, esta medida ha propiciado abusos de poder por parte de policías y militares. Según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), entre el 6 de diciembre de 2022 y el 6 de diciembre de 2023, se registraron 110 denuncias por violaciones a los derechos humanos en el marco del estado de excepción, muchas de ellas con mujeres como víctimas. Estas denuncias incluyen detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y allanamientos ilegales, lo que profundiza la desconfianza de la población hacia las instituciones responsables de garantizar la seguridad.
