Considerado el “robo parlamentario del siglo”, con todas las pruebas documentales presentadas, aun así, el Fiscal General se mantiene en silencio evidente
Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa.- Han pasado seis años desde que diputados del Congreso Nacional aprobaron en una sola sesión, una masiva cantidad de decretos y contratos en su mayoría lesivos a la población.
Esta situación fue publica y ampliamente denunciada ante el Ministerio Publico (MP), por algunos diputados y abogados quienes en el 2017 se abocaron ante la Fiscalía con pruebas documentales, pero a tres años de eso, ni siquiera se conoce si a la denuncia le dieron trámite, la verificaron, o al menos hubo asomo de investigación ante la evidencia.
“Los delitos se cometieron en 2014, presentamos la denuncia el 21 de enero de 2017, esto era algo grave y urgente que el Ministerio Publico debió haber resuelto de inmediato, sin embargo han corrido tres años y ni siquiera le han dado número a la denuncia, no le han dado tramite y a estas alturas ya debería estar esta gente (involucrada) procesada y condenada a más de diez años de reclusión”, reprochó el abogado René Adán Tomé, quien llegó al MP para saber qué pasó al respecto, sin lograr mayor información y menos en vísperas del periodo de vacaciones de los fiscales.
Fue el 20 de enero de 2014 cuando todo un plan de perjuicio a Honduras comenzó a desarrollarse por parte de quien era en aquel entonces el presidente del Congreso Nacional, Juan Hernández, hoy mandatario reelegido ilegalmente, así lo rememoraron en 2017 los denunciantes en una conferencia de prensa: Luis Redondo del Partido Anti Corrupción (PAC), hoy del Pinu, Jorge Cálix del Partido Libertad y Refundación (Libre) y el abogado René Adán Tomé.
El abogado René Adán Tomé, frente al MP, lamentó el letargo adrede en una
denuncia que pasará donde están miles engavetadas por la Fiscalía General
En ese sentido, Tomé recordó que la denuncia tiene que ver con decenas de personas que, en su condición de diputados, aprobaron 67 decretos legislativos y cien contratos de energía, lo que es imposible hacer en un solo día y dentro de esos decretos hubo reformas a la Ley Electoral en donde se exige más de 86 diputados para su aprobación.
Quien presidió esas sesiones fue el actual presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva quien hoy pretende ser presidente de la Republica teniendo cuentas pendientes que resolver con la justicia.
En la misma situación se encuentra el diputado Ángel Darío Banegas, quien aspira también a ser presidente, cuando siendo secretario del Congreso Nacional, era responsable para prevenir la aprobación de estos contratos y decretos, además de conocer las falsificaciones encontradas en estos contratos, amplió el abogado Tomé, quien además explicó que menciona solo a estos dos personajes debido a que aparecen sus firmas en las actas del CN, pero son decenas de diputados más.
FISCAL GENERAL OSCAR CHINCHILLA, CON “CHAMBA” A SU ESPOSA HA SIDO SILENCIADO
“Si ellos (los nombrados en la denuncia) son inscritos en sus precandidaturas, entonces el Fiscal General Oscar Chinchilla tiene que responder ante la justicia porque no pueden participar (en aspiraciones políticas), pero como Chinchilla los protege y no los procesa, entonces ellos andan campantes diciendo que son honorables y que han servido al pueblo, pero ellos más bien se han servido del pueblo. Si son inscritos, Chinchilla va a tener que responder porque es su responsabilidad, esta gente debe saber que por esos delitos cometidos son más de diez años de reclusión”, expresó.
Tomé también reconoció los momentos de impunidad que se viven en el país, además de la permisividad a algunos políticos señalados por actos de corrupción y justicia selectiva del MP, pero destacó que como conocedor del Derecho, si bien sus denuncias han sido ignoradas, se debe cumplir el proceso de agotamiento de las instancias legales nacionales, razón por la cual se avocó al MP e insiste en conocer el avance del caso denunciado.
“Hemos formalizado todas las denuncias criminales, hemos declarado todos los delitos, hemos declarado todos los responsables, nos hemos arriesgado para que estas autoridades mañana cuando los vayamos a procesar no digan que ellos no se enteraron, porque ellos con solo las noticias en los medios de comunicación, debieron accionar y no lo han hecho, por eso hemos presentado las denuncias, no van a tener excusas el día de mañana”, advirtió al tiempo de reiterar que todos los nombres de los involucrados en la denuncia, merecen ser sujeto de investigación.
Lamentó que el Fiscal General, Oscar Chinchilla, tenga conflicto de interés debido a que su esposa, Katherin Chang no solo tiene parentesco con líderes del Partido Nacional; (hija del ex ministro de Gobernación y Justicia Roberto Chang Castillo); sino que también fue nombrada a un cargo público por el mandatario Juan Hernández, quien la colocó como presidenta del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
ROBO PARLAMENTARIO DEL SIGLO
En 2017 los denunciantes presentaron un amplio informe de corrupción que calificaron como el «Robo Parlamentario del Siglo» y que supera los 300 mil millones de lempiras además de invalidar la elección de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Registro Nacional de las Personas (RNP).
Tomé manifestó en ese tiempo, que en el informe que presentaron ante los medios de comunicación se detallan los 67 decretos que fueron aprobados el 20 de enero de 2014 cuando la legislatura del Congreso Nacional ya se había clausurado.
Dentro de estos 67 decretos se incluyen 100 contratos de energía y muchos de ellos con concesiones hasta de 50 años y acumulando un aproximado de 300 mil millones de lempiras lo que deja al robo del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) como un pequeño delito, evidenciaron.
Por su parte el diputado del PAC, Luis Redondo, señaló que la “Ley de Secretos” en que se ampara el presente gobierno para no dar información, es ilegal porque fue aprobada ese mismo día de lo que se conoce como “la diarrea legislativa”, por lo tanto la MACCIH o cualquier otro entre que requiera información debe pedirla y acompañar la gaceta número 33244 que es donde se manifiesta que la legislatura 2010-2014 finalizó el 19 de enero.
Redondo también dijo en su momento, que el informe que presentaban que acompaño la denuncia más amplia al MP, muestra al pueblo hondureño los decretos que nunca fueron publicados en la Gaceta y que están en vigencia y los nombres de todos los involucrados en todos los actos de corrupción perpetrados por los diputados de la administración 2010-2014.
Los actos reñidos con la ley van desde violaciones a la Constitución de la República, aprobación de proyectos ilegales y decretos aprobados sin publicarse en el Diario Oficial La Gaceta, todos ellos en la administración de Porfirio Lobo Sosa cuando el actual presidente Juan Hernández Alvarado, era el titular del Congreso Nacional.
La denuncia criminal fue presentada ante el Ministerio Público (MP), La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), pero a la fecha la misma, se encuentra engavetada.
