Tegucigalpa.- Un grupo de 13 estudiantes universitarios recibieron su carta de libertad al ser favorecidos con la amnistía política que aprobó el Congreso Nacional, no obstante, seis continúan siendo criminalizados por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) por delitos de daños y privación injusta de la libertad.
Un juez del Juzgado de Letras de lo Penal de Tegucigalpa otorgó el beneficio de amnistía, aprobado mediante Decreto Legislativo 4-2022, a 13 exdirigentes estudiantiles quienes por cinco años fueron criminalizados por la UNAH tras la crisis universitaria para impedir la reelección ilegal de la entonces rectora Julieta Castellanos.
“Hoy felizmente podemos decir que se terminó este ciclo de persecución política en el cual se criminalizaba la protesta, se criminalizaba a estudiantes por exigir representación en los órganos de gobierno de la universidad… era un proceso agobiante, sabíamos que era una persecución política, pero se ha hecho un acto de justicia”, declaró Allan Martínez, beneficiado.
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La cuestionada Ley de Amnistía para Presos Políticos y Presos de Conciencia se aprobó debido al régimen dictatorial que se instauró a partir del golpe de Estado en junio de 2009 que generó persecución, arbitrariedades, criminalización y muerte.
Más de una veintena de estudiantes universitarios fueron judicializados por realizar acciones de protesta contra la gestión de Castellanos, al tiempo que exigían representación en los diversos órganos de gobierno de la UNAH lo que desembocó en una crisis que tuvo repercusiones al cancelarse dos periodos académicos.
Los estudiantes fueron acusados de daños agravados y privación injusta de la libertad al tomarse las instalaciones universitarias durante meses, tres de estos fueron condenados y esperan una sentencia mientras se resuelve el recurso de casación que presentaron a su favor ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Si bien 13 estudiantes recobraron su libertad definitiva, aún 6 continúan siendo judicializados por las autoridades universitarias pese que el rector Francisco Herrera Alvarado prometió que cesaría en las acciones penales.
“Los cipotes necesitan su carta de libertad porque muchos de ellos ya egresaron de la universidad, son profesionales y necesitan trabajar y estos procesos le han impedido tener un trabajo formal porque tienen antecedentes policiales”, reprochó la abogada Kenia Oliva apoderada legal de los universitarios.
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A juicio de Oliva, los estudiantes fueron judicializados de forma ilegal y arbitraria al no contar con pruebas acusándolos de dos delitos y violando derechos fundamentales, algunos tuvieron que huir al exilio.
“El recto ha dicho públicamente que quiere terminar con este asunto, que se pare con la persecución, sin embargo, sus acciones concretas han puesto demasiados obstáculos sin poder reunirnos con él”, detalló Oliva.
Al parecer, la abogada representante de la UNAH genera impedimentos para poner fin a la persecución contra los estudiantes, por el contrario, quiere que estos concilien bajo condicionantes improcedentes por lo que cuatro de los estudiantes podrían ir a juicio al no querer hacer uso de la amnistía por considerar que no han cometido ningún hecho ilícito.
“Todavía hemos hablado con la representante de la universidad y no vemos voluntad, no nos ha contestado. La UNAH le está dando largas a este asunto y los chicos piensan que lo correcto es que la universidad desista por violar derechos y garantías fundamentales”, añadió.
Dos de los seis universitarios que mantienen el proceso penal en su contra invocarán la amnistía los restantes cuatro continuarán en el juicio hasta que la UNAH desista de la acción.
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LA LEY DE AMNISTÍA PARA PRESOS POLÍTICOS
La amnistía otorga la absolución de acciones penales contra presos y perseguidos políticos durante el golpe de Estado contra el entonces presidente José Manuel Zelaya Rosales, en junio de 2009, y contra quienes se opusieron al régimen de Juan Orlando Hernández que gobernó durante 12 años la nación centroamericana y ahora enfrenta un juicio por narcotráfico en los Estados Unidos.
Dicha normativa ha sido cuestionada porque exfuncionarios, empleados, directores y autoridades que fungieron durante el periodo del 27 de enero de 2006 hasta el 28 de junio de 2009 pueden invocar la amnistía de manera directa en caso de haber sido condenados o tener un juicio pendiente aunque el delito no sea relacionado con persecución política.
No obstante, beneficia a ambientalistas, defensores de derechos humanos, estudiantes, campesinos, maestros, entre otros, que fueron criminalizados y judicializados posterior al golpe de Estado hasta el fin del gobierno de Hernández con la salvedad que debe ser certificado por un organismo defensor de derechos humanos y validados por la Secretaría de Derechos Humanos.
Es el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (COFADEH) que certifica los casos que sí procede la amnistía a favor de sectores sociales excluyendo a los exfuncionarios y autoridades del gobierno de Zelaya Rosales.
Cifras del COFADEH, indican que, desde 2009 hasta 2022, al menos 615 personas fueron acusadas por delitos comunes al oponerse a los gobiernos que se instauraron posterior al golpe de Estado, en tanto, el asesor presidencial en el tema de presos políticos, Pedro Joaquín Amador, expone que con la amnistía se beneficiará a unos 7,000 campesinos, más de 700 mujeres, 170 estudiantes universitarios, 72 sindicalistas, más de 3,000 oponentes al régimen de Hernández, 32 profesores criminalizados y más de 145 ambientalistas.
