Tegucigalpa, Honduras.- Otras cuatro personas postulantes que buscan ser nominadas como candidatas y candidatos a las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia han quedado fuera del proceso de nominación y elección tras haberse concluido la fase de investigación socioeconómica informó este viernes la Junta Nominadora. En total, son 83 los abogados y notarios que han quedado descalificados del proceso, reduciéndose la lista de personas en competencia a 101.
La información se confirmó a través de un comunicado de prensa, mediante el cual la Junta Nominadora indicó que las personas excluidas son José Adalid Rodríguez Rosa, César Antonio Pinto, Sergio Daniel Rivera Sagastume y Rosa Helena Bonilla Galindo.
Dos de estas personas tiene estrechos vínculos con diputados de Libertad y Refundación y Partido Nacional. Sin embargo, tras esta determinación, quedan sin ninguna posibilidad de ser incluidos en la nómina de 45 candidatas y candidatos que remitirá la Junta Nominadora al Congreso Nacional el 23 de enero de 2023, con el propósito de seleccionar a los 15 profesionales del derecho que se desempeñarán, entre 2023 y 2030, como magistradas y magistrados de la Corte Suprema hondureña.
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Para el caso, César Antonio Pinto Pacheco fue diputado suplente de Antonio Rivera Callejas, en el período 2018-2022, y además de ello su hermana, Tania Gabriela Pinto Pacheco, y su cuñado, Juan Carlos Oliva Brizzio, actualmente son congresistas por el Partido Nacional. También es yerno de Mauricio Oliva, quien se desempeñó como presidente del Congreso Nacional entre 2014 y 2022.
Dentro del trabajo periodístico Personajes ligados a la corrupción y narcotráfico entre los autopostulados a la Corte, este medio digital había identificado a César Antonio Pinto Pacheco como una persona que estuvo ligada al cártel Los Cachiros.
De acuerdo con una investigación de Expediente Público, Luis Alfonso Deras, socio de la familia Rivera Maradiaga, traspasó tres bienes a Mauricio Oliva y una casa a Pinto Pacheco.
José Adalid Rodríguez Rosa, por su parte, es una persona cercana a los diputados de Libre, Jorge Cálix y Beatriz Valle. De hecho, fue el abogado que presentó el recurso de amparo administrativo contra la junta directiva del Congreso que preside Luis Redondo, mismo que la Corte Suprema de Justicia declaró inadmisible el 2 de febrero de 2022.
En tanto, Rosa Helena Bonillo Galindo formó parte del equipo legal del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022) durante su proceso de extradición, ahora procesado por delitos de narcotráfico en Estados Unidos. Su esposo, Iván Martínez, había quedado descalificado durante la prueba de conocimientos jurídicos.
PUEDE HABER MAS EXCLUIDOS
El representante suplente de la sociedad civil ante la Junta Nominadora, Tomás Andino, declaró a Criterio.hn que “estas personas son excluidas sin perjuicio de que información posterior sustente la salida de otros y otras postulantes”.
La Junta Nominadora también informó que a las personas que resultaron descartadas durante la fase de investigación, al término de tres días, se les comunicarán las razones de su exclusión.
Esta fase de investigación se caracterizó por la secretividad con que se desarrollaron las entrevistas a las personas postulantes, al igual que las sesiones a puertas cerradas en las cuales la Junta Nominadora conoció los resultados de las investigaciones que realizaron diversas instituciones del Estado, entre ellas el Ministerio Público, el Tribunal Superior de Cuentas, la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado de Honduras (ONCAE), el Instituto de la Propiedad y la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, entre otros.
Organizaciones veedoras del proceso, como el Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), criticaron abiertamente esta última determinación de la Junta Nominadora.
SE VIENEN DENUNCIAS Y TACHAS
El 19 de diciembre de 2022, la Junta Nominadora inaugurará el período de denuncias y tachas contra las y los 101 postulantes que se mantienen activos en el proceso. En ambos casos, cualquier ciudadano tendrá la potestad de acudir, ante la Junta Nominadora, y argumentar por qué a algunas candidatas y candidatos se les debe descalificar del proceso.
La persona que presente la denuncia o la tacha, a través de una serie de documentos que determinó la Junta Nominadora en el protocolo, podrá hacerlo contra más de un postulante.
Deberá acreditar: datos personales, que podrán mantenerse en reserva; nombre y apellido de la persona postulante contra quien se formula la denuncia; relación de los hechos, medios de prueba que servirán para sustentar la denuncia, a través de documentos autenticados.
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Las denuncias y tachas podrán presentarse en forma física en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) o a través de un correo electrónico.
El plazo para presentarlas es de siete días hábiles y la Junta Nominadora informará a partir de qué momento comenzará a correr ese periodo, mientras que los postulantes que sean tachados o denunciados tendrán derecho a una audiencia de descargo.
ELECCIÓN FINAL
El 25 de enero de 2023, con al menos 86 votos, las diputadas y los diputados de los seis partidos políticos representados en el Congreso Nacional escogerán a los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia para los próximos siete años.
Los magistrados electos, con ocho votos, escogerán un presidente o una presidenta. Este, a su vez, designará a los cinco togados que conformarán la Sala de lo Constitucional, mientras que el resto de los tribunales, Penal, Civil y Contencioso Administrativo, se integrarán por tres magistradas y magistrados, cada uno.
La actual Corte Suprema de Justicia, que concluirá sus siete años en funciones, ha sido altamente cuestionada por su complicidad otorgando libertad a personas corruptas involucradas en casos como Pandora y Arca Abierta, entre otros casos de corrupción.
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