Tegucigalpa.- Luego que el Congreso de Honduras aprobó por unanimidad de congresistas extinguir las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), que no era más que la venta del territorio y la soberanía nacional a capital extranjero, consideran que el siguiente paso es procesar por el delito de traición a la patria a quienes promovieron los regímenes especiales.
En horas de la noche del miércoles, los 128 congresistas que conforman el Poder Legislativo votaron a favor de derogar las Ciudades Modelo disfrazadas como ZEDE que promovió el extraditado exmandatario Juan Orlando Hernández, quien enfrenta un juicio por narcotráfico.
Los regímenes fueron desde un principio inconstitucionales y vulneraron el territorio, la soberanía y la forma de gobierno de la nación centroamericana con la conjeturada de generar fuentes de trabajo a cambio de instaurar regiones especiales administradas por capital extranjero.
“La derogación de las ZEDE, es un logro del pueblo y organizaciones y un paso histórico que sienta un precedente en tema de soberanía y dignidad del pueblo que no está dispuesto a favor de ceder nuestro territorio en función de los grandes capitales”, expresó Cristopher Castillo, coordinador de la Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH).
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Castillo considera necesario dejar un precedente contra los que cometieron delito de atentar frente a la soberanía y el territorio hondureño a cambio de promover los regímenes especiales que impulsó Hernández.
Misma valoración tiene el congresista del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), Jari Dixon, debido que varios congresistas del conservador Partido Nacional que votaron en el pasado a favor de ZEDE pretender justificarse en la actualidad al cambiar de postura.
“Ayer un diputado dijo: ´errar es de humanos´, yo le contesto que delinquir es de delincuentes. Todos los involucrados en pretender regalar nuestro territorio a extranjeros deben responder por el delito de traición a la patria”.
En declaraciones recientes, Manuel Zelaya, expresidente, coordinador general del Partido Libre y asesor de la presidenta y su esposa Xiomara Castro, manifestó que “las ZEDE son un acto de traición a la patria” y quienes las promovieron “deberían ser señalados por la justicia”.
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Misma valoración tiene el designado presidencial contra las ZEDE, Fernando García, que resalta que aquellos que participaron en la creación de los regímenes “han cometido el delito de traición a la patria”.
Figuras como el expresidente Porfirio Lobo Sosa, más de 118 congresistas, los 15 magistrados que conforman la Corte Suprema de Justicia, el fiscal general Óscar Chinchilla y el fiscal adjunto, así como los secretarios técnicos de las ZEDE que por requisitos de ley deben de nacionalidad hondureña y el gabinete de gobierno de JOH, como popularmente se le conoce a Hernández.
Para el reconocido abogado experto en derechos humanos, Joaquín Mejía, es esencial someter a procesos judiciales a los promotores de las ZEDE debido que el delito de traición a la patria consignado en la Constitución, en su artículo 2, no prescribe.
“Es fundamental comenzar a determinar responsabilidades individuales de quienes aprobaron las ZEDE y esos comités que han permitido que muchas ZEDE estén en funcionamiento sin que exista previamente una autorización del Congreso Nacional. No solamente es una cuestión de delitos de traición a la patria, que hay que hacerlo, también es de otros delitos que se han cometido”, indicó.
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De igual manera, reiteró que es primordial someter a juicio político a Chinchilla, Rolando Argueta, presidente de la Corte y los demás magistrados al estimar que “han sido incompetentes y cómplices de la corrupción, crimen organizado y todas las vulneraciones a la constitución de la república”.
No obstante, Mejía reconoce que Honduras es una nación con falta de una verdadera justicia e independencia al ser Estados Unidos el país que enjuiciará a Hernández por corrupción y narcotráfico por lo cual valora se debe apostar por cambiar el sistema.
“Es necesario tener un sistema de justicia independiente e imparcial por lo que es necesario un juicio político contra Óscar Chinchilla y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, no solamente por el caso de las ZEDE también por la extradición de Juan Orlando Hernández”, concluyó.
En la actualidad, operan cuatro regímenes en Honduras: Próspera que se instaló en Roatán, departamento de Islas de la Bahía y en el Puerto de Zatuyé, en La Ceiba, Atlántida; Ciudad Morazán en Choloma, Cortés y Orquídea en San Marcos de Colón, Choluteca.
