Tegucigalpa.- Después del asesinato de dos defensores de Guapinol, Aly Domínguez y Jairo Bonilla, el reclamo popular para cancelar los contratos de explotación minera en el Parque Nacional Carlos Escaleras se incrementó.
Así lo evidenció la Convergencia Contra el Continuismo durante una conferencia de prensa este miércoles 18 de enero, en la que exigió al gobierno se «cancele los amañados e ilegales contratos de la empresa Inversiones Los Pinares, para parar la explotación minera que amenaza a las comunidades, a los ríos y al Parque Nacional Carlos Escaleras».
Además, recalcó que por medio de una acción firme del gobierno, que tenga como propósito detener la explotación minera, se cortaría la fuente de amenazas a la vida de los defensores ambientales de la zona.
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En la lectura del comunicado, se urgió una investigación independiente y a fondo que esclarezca los crímenes, y que el gobierno desde las instancias pertinentes haga justicia a las familias enlutadas por el asesinato de Aly Domínguez y Jairo Bonilla.
«Es necesaria la presión de los diversos sectores ciudadanos para que la investigación no se reduzca a capturar simples chivos expiatorios, sino a quienes tienen responsabilidad en el ambiente de criminalización», señaló el documento.
Esta afirmación, parte de la hipótesis policial inicial que se enfocó en que la acción violenta en la que perdieron la vida Aly Domínguez y Jairo Bonilla, se trataba de un asalto. Descartando de esta forma que la motivación detrás del doble asesinato fuera la defensoría que ambos realizaban en favor de la defensa del agua y el territorio.
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En la conferencia de prensa estuvieron presentes: María Elena Méndez Ordóñez del movimiento feminista; el dirigente sindical Carlos H. Reyes; el sacerdote jesuita e integrante del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC – SJ), Ismael Moreno; el presidente de la Junta de Agua de Guapinol, Reynaldo Domínguez; la representante de la Convergencia Contra el Continuismo, Suyapa Majano; y el integrante del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, Juan López.
PIDEN A PODER EJECUTIVO Y LEGISLATIVO CANCELAR CONCESIÓN MINERA
«Si se quiere evitar más muertes, hoy está mas que obligada la presidenta Xiomara, como Ejecutivo, a dar el paso de suspender y cerrar este tipo de proyecto», afirmó Reynaldo Domínguez, hermano del también defensor asesinado, Aly Domínguez, y presidente de la Junta de Agua de la comunidad de Guapinol.
Domínguez señaló que mientras los dejen estar de pie, continuarán haciendo oposición dado que el proyecto está en una zona protegida, las comunidades no fueron consultadas sobre el mismo, y el parque es el pulmón y la vida del municipio de Tocoa.
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La solución de este conflicto solo se puede lograr cancelando el permiso, la licencia y cerrando el proyecto extractivo que se instaló en una área protegida, recalcó Reynaldo Domínguez.
Sobre el papel que juega el Congreso Nacional en la solución del conflicto en Guapinol y Sector San Pedro, el integrante del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, Juan López, indicó que el Poder Legislativo tiene la responsabilidad de «revertir esta situación que deja heridas enormes y que siguen sangrando».
Ya que fue este poder del Estado, el que mediante el decreto 252-2013, creo las condiciones de corrupción que llevó al Grupo Emco Holding, empresa matriz de Inversiones Los Pinares e Inversiones Ecotek, a la zona del Bajo Aguán y Tocoa, por lo que exigen al mismo que derogue y cancele para dar paso a un nuevo decreto que permita el saneamiento del Parque Nacional Carlos Escaleras y que saque a la empresa minera de dicho territorio.
