El alcalde de San José de Colinas, Amable de Jesús Hernández, considera que las transferencias municipales para atender la emergencia por el Covid, podría tener dos fines: escapatoria de Juan Hernández a las exigencias de la gente o beneficiar políticamente a los alcaldes del Partido Nacional.
Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa. –La asistencia social para atender a las familias más pobres y que están siendo afectadas por la emergencia del Covid-19, será manejada por las alcaldías municipales, decidió en las últimas horas el gobernante hondureño, Juan Hernández.
La determinación de Hernández podría ser una salida calculada para evitar el descontento de la población que, lejos de la emergencia sanitaria, clama por alimentos y otras demandas sociales insatisfechas, que acrecientan a pasos agigantados las brechas sociales producto de los altos niveles de corrupción.
El jefe de gobierno, que cada vez que comparece ante los medios de comunicación advierte que “lo peor está por venir”, anunció el domingo en cadena nacional de radio y televisión que ha decidido que el programa “Honduras Solidaria”, que implica la compra de alimentos e insumos en el marco de la emergencia sanitaria por el Covid-19, sea manejado por 293 gobiernos locales a través de las trasferencias municipales.
Hernández anunció para dicho propósito una transferencia a los gobiernos locales por 355 millones de lempiras “para el apoyo a familias pobres y sin acceso a alimentos durante la emergencia por el coronavirus”.
En el marco de la emergencia el gobierno hondureño ha aprobado cerca de 500 millones de dólares para compras y contrataciones directas. Los fondos incluyen partidas para compra de equipo e insumos médicos, construcción de una red hospitalaria, una plataforma de teletrabajo y para la entrega de raciones alimentarias a 800 mil familias pobres, todo ello en el denominado programa “Honduras Solidaria”. La ayuda alimentaria está siendo distribuida por los militares, pero la gente sigue protestando en los barrios y colonias de las principales ciudades y en las comunidades de tierra adentro, lo que deja entrever que el programa está lejos de satisfacer las demandas de un pueblo que vive en su mayoría en condiciones de pobreza.
Para el alcalde del municipio de San José de Colinas, Santa Bárbara, Amable de Jesús Hernández, la medida del gobierno es una escapatoria al problema y la entrega de “una papa caliente” a las alcaldías para que sean los alcaldes quienes respondan a las exigencias de la población.
“El gobierno a partir de esa cadena nos traslada a nosotros la presión, pero el recurso todavía no ha sido efectivo. Imagínese que no transfieran estos recursos en los próximos días, a nosotros nos van a linchar aquí en los pueblos porque la gente cree que el dinero ya está, pero hasta el momento no se ha depositado, hasta el momento es una promesa en cadena nacional”: Amable de Jesús Hernández.
El edil consideró que la medida es buena y lógica porque la descentralización de los fondos puede permitir que las alcaldías cumplan con la atención de la emergencia, sin embargo, vaticinó que probablemente sea una nueva promesa como ocurrió el año pasado con las transferencias condicionadas.
Especificó que, en el 2019, en el marco de las transferencias condicionadas el gobierno le asignó un fondo a los gobiernos municipales que, supuestamente, iba a ser para infraestructura educativa, pero los dineros nunca ingresaron, —entonces— “el temor nuestro es que esto vaya a ser lo mismo, que no ingresó”, advirtió Hernández.
Por otra parte, alertó que los fondos de la emergencia están siendo manejados por la Secretaría de Desarrollo Social, a través de la plataforma de Vida Mejor, un programa altamente politizado y que descaradamente se maneja a nombre del gobernante Partido Nacional.
En resumen, “nos preocupa que las alcaldías, que no somos de la línea del gobierno, vayamos a quedar excluidas”, dijo Amable de Jesús Hernández, quien espera que en esta oportunidad la emergencia sea manejada con seriedad.
Con las declaraciones del alcalde del municipio de San José de Colinas, perteneciente a las filas del opositor Partido Libertad y Refundación (Libre), se puede deducir que la medida de transferir los fondos de la emergencia del Covid a las alcaldías municipales, podría estar ligado a intereses políticos para que los ediles del Partido Nacional tengan ventaja. Asimismo, que el gobernante reduzca la presión popular sobre su imagen.
Presupuesto para Honduras Solidaria
De acuerdo con la Secretaría de Finanzas (Sefin) el presupuesto estimado para enfrentar la emergencia del Covid-19 asciende a L 3, 804 millones, distribuidos en la contratación de recurso humano de salud y asistencia humanitaria, equipo médico, equipo de protección, transporte de muestras, insumos de bioseguridad, reactivos, medicamentos, capacitación, mejoras de infraestructura, clínicas, hospitales móviles y entrega de alimentos a través de saco y bolsa solidaria.
Por su parte la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización anunció el pasado 27 de marzo, un “anticipo excepcional” debido a la emergencia del Covid-19 de las Transferencias Municipales equivalente al 30 por ciento del primer mes a liquidar, a todas las alcaldías a nivel nacional.
Lo anterior ante la necesidad de recursos para que las corporaciones municipales puedan ejecutar programas que deberán priorizar la entrega de alimentos y productos como parte de la estrategia de prevención.
El “anticipo excepcional”, será liquidado, según lo que dicta la Ley y las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República para el ejercicio fiscal 2020 y en cumplimiento al pronunciamiento del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) en lo referente a las trasferencias emitidas por la secretaría de Gobernación.
Transparencia postergada
El pasado 18 de marzo, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), anunció una prórroga de dos meses a partir de la suspensión por parte del gobierno de la alerta sanitaria por la pandemia del Covid-19, a las corporaciones municipales para que presenten el informe de rendición de cuentas.
La liquidación presupuestaria sobre el manejo de los fondos utilizados para combatir la epidemia del Covid-19, será solicitada por el TSEC una vez superada la emergencia.
Por su parte el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), mediante comunicación oficial, publicó hace unos días que: “para no atrasar el proceso de desembolso de las transferencias a las municipalidades, se otorga a las Alcaldías Municipales un plazo de tres (3) meses a partir de la emisión del acuerdo respectivo de la publicación de la constancia en su Portal Único de Transparencia en el apartado Plan Estratégico; del Plan de Desarrollo Municipal, esto en razón de la emergencia nacional”.
Según el IAIP, La Secretaria de Gobernación, Justicia y Descentralización solicita a las corporaciones municipales una constancia emitida por el IAIP para garantizar la transparencia y rendición de cuentas mediante la publicación específica en el apartado Plan Estratégico; Plan de Desarrollo Municipal y/o, el Plan de Ordenamiento Municipal o Plan de Desarrollo Municipal.
Sin acceso a la información pública
El origen presupuestario del programa Honduras solidaria no se conocerá a corto plazo, pues desde el 16 de marzo en apego a los decretos PCM 020 021-2020, mediante el cual se aprobó un estado de excepción, el IAIP suspendió el proceso de acceso a la información pública de cualquier tema en Honduras hasta pasada la emergencia sanitaria por el Covid-19.
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP) en sus artículos cuatro, cinco, seis y doce, habla del deber de informar, del soporte humano para ello, la promoción de una cultura de transparencia y la estructura del Sistema Nacional de Información Pública.
Por otra parte de acuerdo a la Alerta 029-2020, emitida por el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), “diferentes Relatores sobre Libertad de Expresión, tanto de la Comisión Interamericana de derechos Humanos (CIDH), de Naciones Unidas y el Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, a través de una declaración conjunta, puntualizaron la obligación de los estados, en virtud de las normas de los derechos humanos, a proporcionar información fidedigna en formatos accesibles a todos, prestando especial atención a garantizar el acceso a la información por parte de las personas con acceso limitado a Internet o a aquellas personas en condición de discapacidad a las cuales se les dificulte el acceso”.
2 respuestas
Es penoso ver este tipo de noticias, no pueden evaluar que si los fondos los tiene cada comunidad van a ser distribuidos mas agilmente, lo que se debe enfocar la sociedad civil es que se abarque la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible.
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