Más de 1,200 empleados se encuentran en la incertidumbre tras la abrupta suspensión de operaciones de la empresa, mientras 875 empleados presentan una acción jurídica ante la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social para impugnar la decisión y proteger sus derechos laborales
Tegucigalpa, Honduras. – Los trabajadores de Delta Cortés S.A. enfrentan una grave crisis tras la abrupta suspensión de operaciones de la empresa, que afectó a más de 1,200 empleados y empleadas de la industria maquiladora. A razón de ello han presentado una acción jurídica ante la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS) para impugnar la ilegal suspensión de sus contratos.
Pedro Mejía, abogado del Bufete Estudios para la Dignidad, señaló a Criterio.hn que esta situación ha dejado a los trabajadores en una total incertidumbre, ya que la suspensión de sus contratos les impide acceder a nuevas oportunidades laborales.
La acción jurídica que ampara a 875 empleados y empeladas, se fundamenta en la necesidad de que la STSS asuma su papel como garante de los derechos laborales y actúe de manera urgente para proteger a los empleados en medio de esta crisis. Mejía destacó que el artículo 102 del Código del Trabajo permite la adopción de medidas inmediatas en situaciones de suspensión, lo que refuerza la urgencia de la demanda presentada.
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SOBREVIVIENDO A LA INCERTIDUMBRE: LA REALIDAD DE LAS FAMILIAS AFECTADAS
Los trabajadores y trabajadoras de Delta Cortés S.A. que han sido suspendidos por 120 días sin goce de salario, exigen justicia ante STSS debido a la ilegal suspensión de contratos. Desde hace más de tres meses, la transnacional maquilera suspendió sus operaciones, dejando a las familias sin los derechos laborales.
Suyapa Martínez, una de las empleadas suspendidas de Delta Cortés S.A., expresa la angustia y la incertidumbre que enfrentan ella y sus compañeros desde que fueron suspendidos. “Queremos que se agilice el trámite, estamos en un total silencio desde que fuimos suspendidos, y no hay reacción por parte de la empresa”, señala Martínez.
La falta de respuesta ha dejado a los trabajadores en una situación precaria, sin goce de salario y con la necesidad urgente de saber si serán liquidadas o reubicadas en sus puestos de trabajo. “Estamos sobreviviendo con lo poco que se puede día a día y no podemos seguir así”, enfatiza, recordando los trece días de protestas de hace unos meses por obtener sus derechos laborales.
La situación se complica aún más para Martínez, quien debe mantener a cuatro personas bajo su cuidado, incluyendo a sus hijas, una de las cuales tuvo que abandonar la universidad debido a la falta de recursos. “Lo que estoy haciendo es vender comida para alimentar a mi familia, pero no es mucho lo que queda”, explica, reflejando la difícil realidad que enfrentan muchos trabajadores en su posición.
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EMPLEADOS SIN RESPUESTAS
La incertidumbre sobre su futuro laboral y la lucha por sus derechos han llevado a estos empleados a un punto crítico, donde la falta de respuesta de la empresa y de las autoridades laborales agrava aún más su situación, donde ni la STSS ni el Gobierno Central han tomado medidas para garantizar la supervivencia y dignidad de los y las trabajadoras, lo que agrava aún más la situación de vulnerabilidad de los derechos fundamentales.
“Las empresas están cambiando de nombre y quedándose en el país, lo que pretenden es evadir sus responsabilidades”, denunció Mayra Merlo, otra de las empeladas suspendidas. Los empleados, quienes temen que Delta Cortés desaparezca bajo su actual nombre sólo para resurgir como otra entidad, como ya ha ocurrido con otras empresas.
Los trabajadores y trabajadoras repudian la conducta de Delta Cortés S.A., ya que consideran que esta transnacional ha prosperado a expensas de la explotación laboral y que ahora busca evadir sus responsabilidades.
La frustración se intensifica cuando los trabajadores sienten que las autoridades están más interesadas en proteger a los empresarios que en garantizar sus derechos laborales. “El trabajo de ellos debería ser apoyar a los trabajadores, pero parece que solo están al servicio de los que tienen el poder”, recriminó Lesly Flores, otra empleada suspendida de la maquiladora.
El sentimiento de desamparo y la lucha por sus derechos laborales son el motor que impulsa a los trabajadores a seguir exigiendo justicia y un trato digno en medio de la crisis que enfrentan.
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EXIGEN RESPONSABILIDAD A LAS AUTORIDADES ESTATALES
Víctor Fernández, coordinador del Bufete Estudios para la Dignidad, ha expresado su preocupación por la falta de acción de las entidades encargadas de proteger los derechos laborales, señalando que estas parecen estar más inclinadas a negociar con los sectores empresariales que a defender los intereses de los trabajadores. “No decimos que no deben tener una buena relación con el sector empresarial, pero es crucial que se aseguren de que este asuma su responsabilidad más allá de los privilegios que ya tiene”, afirmó.
Fernández enfatiza la necesidad de un compromiso estructural que garantice que situaciones como la suspensión de contratos en Delta Cortés S.A. no queden impunes y que los derechos de los trabajadores sean plenamente restituidos.
El coordinador también subrayó la importancia de establecer un marco que prevenga la repetición de tales abusos laborales en el futuro. “Es fundamental que se tomen medidas efectivas para que estos hechos no se repitan”, indicó, resaltando el papel de las autoridades en la protección de los derechos de los trabajadores.
La situación actual no solo afecta a los empleados de Delta Cortés, sino que también plantea un desafío más amplio para el sistema laboral del país, donde la defensa de los derechos laborales debe ser una prioridad. Fernández concluyó que la lucha por la justicia laboral es un compromiso que debe ser asumido por todos, desde las organizaciones de derechos humanos hasta las instituciones gubernamentales.
