Se estima que en Honduras más de 125,000 adolescentes y mujeres realizan trabajo doméstico remunerado y aunque no ha existido voluntad política para resolver la sistemática violación de derechos humanos de que son víctimas, el gobierno se vio obligado a abordar este tema mediante una legislación puntual.
Por: CRITERIO/CESPAD
Tegucigalpa.-Durante años se les ha llamado sirvientas, gatas, muchachas o natachas. Pero todos son nombres que llevan implícitos la discriminación. Y aunque en la mayoría de los hogares son un motor que genera equilibrio, las mujeres del trabajo doméstico remunerado conforman un grupo laboral de los más desprotegidos y abusados en Honduras.
Detrás del rostro de estas mujeres y de las paredes de las casas en donde laboran, hay historias con las que se podrían escribir libros enteros que reflejarían lo complejo de identificar las condiciones de esclavitud y muchas veces de trata. Las mujeres adultas y adolescentes del trabajo doméstico remunerado están sometidas a una esclavitud moderna que todo mundo conoce, pero que nadie se atreve a enfrentar.
En la actualidad, en el Congreso Nacional de Honduras, se encuentra en discusión una ley denominada “Dictamen de Ley del Servicio Doméstico”, que aunque podría presuponerse de mucha relevancia, en opinión de las lideresas de este sector laboral, “es una Ley vacía, que no va a reivindicar los derechos que no han existido para las trabajadores domésticas”.
Un vistazo a la esclavitud moderna: Jornadas extenuantes y sin horarios
Por lo general, la labor para las trabajadoras domésticas remuneradas comienza entre las 5 y 6 de la mañana. A partir de allí inician la ardua tarea de limpiar todo en el hogar pero, sin un horario de salida. Muchas denuncias dan cuenta de jornadas que se extienden hasta las 9 – 10 de la noche. Es decir, trabajan 14 y hasta 15 horas diarias.
Cabe mencionar, por otro lado, que desde que se implementa la Ley de Empleo Temporal (2015), muchas mujeres trabajan bajo la modalidad de temporalidad. Sin embargo, esta característica las sobrecarga más, porque son contratadas 1 o 2 días a la semana para realizar el trabajo que hacían durante una semana. Esta situación las ha obligado a trabajar en al menos en tres casas diferentes.
A pesar de la multifuncionalidad de su trabajo, de estar separadas de su familia y de tener extenuantes jornadas, su sueldo (en muchos casos), no llega ni a la mitad del salario mínimo más bajo establecido por las autoridades, una situación con la que se violenta lo reglamentado en la Constitución de la República y en los convenios internacionales suscritos con la Organización Internacional de Trabajo (OIT).
Cansancio y soledad
Amalia Cáliz Rivera (39) labora como empleada doméstica desde los 15 años de edad, en una colonia de Tegucigalpa. Es casada, tiene un hijo de 19 años y su esposo es guardia de seguridad. Ella ve a su pareja sólo los fines de semana y a su hijo cada dos o tres meses, aunque dice que se comunica con él todos los días. El joven se ha criado con su abuela en un pueblo del sur de Honduras, de donde Amalia es originaria.
Ella tiene dos trabajos: de lunes a viernes labora (desde hace cuatro años), para una familia “con dormida adentro”. Los sábados limpia una vivienda desde hace 15 años. El salario que recibe por ambos trabajos es de 4,800 lempiras mensuales (198 dólares).
Amalia dice, “lo que más reciento de este trabajo son las largas jornadas de trabajo y la separación de mi familia. Mi trabajo comienza a las 5:30 de la mañana y termina alrededor de las 9:00 a 10:00 de la noche y el único momento de descanso que tengo es cuando me siento a comer”.
En su relató recordó cómo llegó a ser trabajadora doméstica. Ella era la mayor en su hogar y su historia se forjó sobre el apoyo que le brindaba a su madre con la crianza de sus hermanos y hermanas. Eso le restó oportunidades para estudiar y a la postre se acostumbró a trabajar como empleada doméstica en diversos hogares.
Mientras para Amalia lo peor de este trabajo son las largas jornadas de trabajo, para Maritza García, una joven de 22 años de la zona oriental del país, lo peor es el encierro y no poder interactuar con personas de su edad.
Maritza se graduó de la secundaria en una aldea del municipio Yuscarán, en el departamento de El Paraíso, en el 2016. Por la falta de empleo en su lugar de origen y el deseo de ayudar a sus padres y hermanos decidió emigrar a Tegucigalpa a trabajar como empleada doméstica.
Dice lo que más le molesta de su empleo es el encierro, pues le hacen falta su familia, amigos y amigas. “Por momentos me deprimo porque en mi pueblo yo salía a bailar, al parque o con mis amigas y amigos a platicar; aquí en mi trabajo paso sola con la niña, no veo a nadie, no tengo con quien platicar. Mí jefa llega en la noche y a mi pueblo yo voy sólo una vez al mes”, acotó.
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Estadísticas reales
Se estima que en Honduras más de 125,000 adolescentes y mujeres realizan trabajo doméstico remunerado y aunque no ha existido voluntad política para resolver la sistemática violación de derechos humanos de que son víctimas, el gobierno se vio obligado a abordar este tema mediante una legislación puntual.
El pasado 26 y 27 de enero entró a discusión en el Congreso Nacional una ley denominada “Dictamen de Ley del Servicio Doméstico”, que a criterio de la Gabriela Pineda, coordinadora general del Consejo Coordinador de la Red de Trabajadoras Domésticas de Francisco Morazán es una ley sobre la que aún queda mucho qué discutir.
Para Gabriela, esta Ley, que ya se discutió en su primer debate, no contempla algunos aspectos principales como un sistema de seguridad social para las trabajadoras domésticas remuneradas, la fijación de un salario mínimo equitativo y el establecimiento de una jornada de trabajo igualitaria al resto de la masa de trabajadores.
“Esta ley sólo presenta paliativos, no hay salario pero si compensación como el décimo cuarto y el aguinaldo, que ya está establecido en el Código del Trabajo. Al no establecerse una ley de seguridad social obligatoria, los empleados quedan en la misma situación, pues las licencias por enfermedad no existen y en algunos casos parece un retroceso, pues si la familia tiene un pariente médico que revise a la emplea y le recete, no es necesario notificarlo al Ministerio de trabajo”, increpó.
La coordinadora general de la Red no desconoce que el salario de las empleadas domésticas oscila entre 1,500 y 4 mil 700 lempiras; el salario promedio es entre 2 mil 500 y 3 mil lempiras. Con ese ingreso se alimentan ellas y sus hijos, los educan, pagan el cuarto donde viven y a veces para tener ingresos extras en su tiempo libre realizan otros trabajos.
El documento Protección Social del Trabajo Doméstico: “Tendencias y estadística”, presentado por la OIT en el año 2016, señala que el trabajo doméstico es una actividad realizada predominantemente por mujeres, quienes representaban el 80% de la ocupación total en el sector, a nivel mundial.
El informe indica que aproximadamente 55 millones de mujeres participan en la actividad. Se trata de una población trabajadora mayoritariamente femenina, expuesta a condiciones de discriminación y vulnerabilidad social y económica. En ese sentido, las políticas para la extensión de la protección social al trabajo doméstico constituyen una pieza importante en la lucha contra la pobreza y en favor de la igualdad de género.
Según la OIT, la actividad de trabajo doméstico remunerado comprende labores tales como limpiar la casa, cocinar, lavar y planchar la ropa, así como el cuidado de los niños, adultos mayores o enfermos miembros de la familia empleadora. La actividad incluye también tareas como la jardinería, la vigilancia o los servicios de choferes privados e incluso quienes se ocupan del cuidado de las mascotas (OIT, 2011b). Por lo general, las trabajadoras domésticas realizan más de una, de las actividades mencionadas.
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Convenio 189 OIT
El artículo 14 del Convenio 189 de la OIT, establece que todo miembro “deberá adoptar medidas apropiadas a fin de asegurar que los trabajadores domésticos disfruten de condiciones no menos favorables que las condiciones aplicables a los trabajadores en general, con respecto a la protección de la seguridad social, inclusive en lo relativo a la maternidad”.
Estas medidas “podrán aplicarse progresivamente, en consulta con las organizaciones más representativas de los empleadores y de los trabajadores, así como con organizaciones representativas de los trabajadores domésticos y con organizaciones representativas de los empleadores de los trabajadores domésticos, cuando tales organizaciones existan”.
Reforzando este principio, la recomendación sobre la transición de la economía informal a la economía formal, 2015 (núm. 204), llama a los Estados miembros a tomar medidas para extender progresivamente la cobertura del seguro social y, de ser necesario, adaptar los procedimientos administrativos, las prestaciones y las cotizaciones, teniendo en cuenta la capacidad contributiva de los diferentes grupos o sectores, señala el documento.
Discriminación y maltrato
“Cuando tenía 22 años trabajé con una familia que me discriminaba y me insultaba cuando le preguntaba más de una vez por las instrucciones y si por no entender no hacia bien el trabajo, ganaba 60 lempiras. Solo eso me pagaban porque tenía permiso para estudiar, dejaba hecho todo el trabajo antes de irme al colegio, pero mi patrona sólo me pagaba la mitad del salario”, relató Yolanda Iscano, otra empleada del trabajo doméstico remunerado, consultada.
Yolanda (40) trabaja desde los 16 años. Soñó con graduarse algún día, pero no logró su objetivo porque sus patronas siempre buscaban aprovecharse pagándole menos salario por las horas de estudio que tomaba en horas de la noche.
Ella manifestó que lo que lamenta es que casi todos los empleadores que ha tenido no le han dado una alimentación adecuada, tenía largas jornadas y los dormitorios en muchas ocasiones eran más una bodega, que una habitación.
“He tenido muchos trabajos a lo largo de mi vida; de la mayoría me he ido porque me discriminaban con la alimentación. Mientras yo preparaba comida saludable para la familia a mí siempre me daban arroz y frijoles y residuos de alimentos que tenían varios días de estar en la refrigeradora y a veces estaban en mal estado. De otros me fui porque la habitación donde dormía estaba llena de cosas y una vez hasta me salió una culebra entre el trastero que tenían”, narró.
Para Glenda Hernández (48), su trabajo como empleada doméstica le ha ayudado a mantener a sus cuatro hijas e hijos. Sin embargo, al momento de esta entrevista andaba su brazo izquierdo con un cabestrillo debido a que por ayudar a la hermana de su patrona a levantar una pesada caja, sufrió un esguince en su hombro que la tuvo incapacitada por dos semanas. Su patrona le pagó quitándole 700 lempiras de su salario mensual, que ascendía a 2 mil 500 lempiras, que correspondían al tiempo que no pudo trabajar.
Con un gesto del malestar en su rostro, Glenda recordó que el accidente que sufrió ocurrió en la casa de la hermana de su patrona, quien la obligaba a ir dos veces a la semana a ayudarle a bañar y cambiar al papá de ambas, que estaba postrado. Lejos de pagársele dinero extra por ese trabajo, su patrona se lo redujo aduciendo que con ese dinero le pagaría a otra mujer que sí podía hacer trabajo pesado.
La excepción a la regla son las y los patronos respetosos de los derechos de los y las trabajadoras domésticas. Sin embargo, la norma pareciese ser la violación de derechos humanos, que se colige con los múltiples testimonios de abusos que se cometen en un trabajo cuyo escenario son los hogares y que, por consiguiente, limita la inspección y control de esa actividad laboral.
Se trata, por otro lado, de un rubro que ha estado regido por el Código del Trabajo, pero en medio de un régimen especial (Título III: Trabajo sujeto a regímenes especiales, Capítulo II de los Servidores domésticos), que ha dejado a los y las trabajadoras domésticas sumamente desprotegidas.
Por eso, las y los miembros de la Red de Empleadas Domésticas de Francisco Morazán aún están esperando una nueva convocatoria de la comisión del Congreso Nacional que discute el dictamen de la ley. Consideran que aún falta mucho para lograr la reivindicación de derechos de un gremio que enfrenta, en pleno siglo XXI, una moderna forma de esclavitud.
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Annette Christiansen