“Tony” Hernández culpable: Se derrumba narco dictadura de Honduras
La sentencia a Tony Hernández será dictada el 17 de enero de 2020
Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.- La noticia que los hondureños esperaban con ansias, se dio. Juan Antonio, alias “Tony” Hernández fue declarado culpable de los cuatro cargos que se le imputaban relacionados al narcotráfico y brindar falso testimonio a las autoridades.
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Luego de las deliberaciones del jurado, el juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Kevin Castell, emitió el fallo de culpabilidad para el hermano del gobernante hondureño, Juan Hernández y exdiputado al Congreso Nacional por el gobernante Partido Nacional durante el periodo 2014-2018.
«Tony» Hernández, fue encontrado culpable por los delitos de narcotráfico, tráfico de armas, conspiración para introducir droga a los Estados Unidos y falso testimonio. Para emitir la sentencia, el juez tiene hasta 90 días a partir de la fecha. Su condena podría variar de una pena mínima de 10 años hasta varias cadenas perpetuas.
Durante los nueve días del juicio se presentaron testimonios de cinco testigos, entre ellos narcotraficantes y un agente de la Agencia para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) que hundieron a “Tony” Hernández, quien, desde el momento de su captura, el 23 de noviembre de 2018 en el aeropuerto en Miami, se declaró inocente.
Hernández estaba en el derecho de comparecer en el juicio, sin embargo, sus abogados Omar Malone y Muchael Tein, le aconsejaron que no lo hiciera, probablemente por la amplia carga probatoria en su contra y porque su declaración podría ser contraproducente para sus planes.
La culpabilidad de “Tony” Hernández pone en apuros al gobernante hondureño, pues en las conclusiones del juicio el fiscal Emil Bowe afirmó que, a partir del 2010, el acusado y su socio y hermano, Juan Hernández, actual gobernante de Honduras, han venido controlando el gobierno con el propósito de traficar droga.
Además de las afirmaciones de Bowe, en el marco del juicio, que inició el 2 de octubre el fiscal Jason Richman, dijo que “Tony” Hernández recibió personalmente del famoso narcotraficante mexicano, Joaquín Guzmán, más conocido como “El Chapo” Guzmán, un millón de dólares que, posteriormente, entregó a su hermano y actual presidente de Honduras, Juan Hernández, para que financiara su campaña política. Richman aseveró además que el gobernante hondureño recibió financiamiento político de otros capos de la droga.
Las evidencias contra “Tony” Hernández son tan contundentes en Estados Unidos, pero en Honduras, su hermano, el jefe de gobierno ha cerrado su círculo de impunidad. En las últimas horas los militares han salido a las calles para evitar que la gente salga a protestar a exigir su salida.
Entre otros señalamientos surgidos desde la Fiscalía estadounidense, se atribuye que el golpe de Estado de 2009, que derrocó del poder al entonces presidente, Manuel Zelaya Rosales, fue el momento ideal para que en el país surgiera una narco-élite política que construyó una institucionalidad favorable para las actividades del crimen organizado.
En ese esquema favorable se constituyó en el año 2010 en el Congreso Nacional, cuando este poder del Estado era presidido por el actual gobernante, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Este órgano, a juicio de expertos en temas de seguridad, fue la cimentación de una estructura para proteger desde el Estado las actividades del narcotráfico.
Para llevar a cabo sus actividades ilícitas, “Tony” Hernández contó con la colusión de militares y policías, que fueron parte de la estructura criminal.
En virtud de las implicaciones que pudiera tener el fallo en contra de “Tony” Hernández, la cancillería se adelantó al enviar el jueves 17 de octubre una nota de protesta al Departamento de Estado de los Estados Unidos, argumentando que en la etapa inicial del juicio se hizo alusión a una colusión del Estado de Honduras con el narcotráfico.
Según la cancillería los señalamientos pueden afectar los intereses del Estado de Honduras y contrarrestar los avances obtenidos en materia macroeconómica y en seguridad, así como iniciativas en curso en favor del desarrollo del país.
