Tegucigalpa, Honduras. — “Decisiones erradas y desesperadas”, así cataloga Ismael Moreno, exdirector de Radio Progreso y del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), la medida del gobierno de Xiomara Castro, de establecer un protocolo policial y poner a la orden del Ministerio Público a los responsables de las tomas de vías públicas y de la “perturbación ilícita” del funcionamiento de instituciones.
Esta disposición es la novena del compendio de medidas que conforman la segunda fase del Plan Nacional de Seguridad: Solución Contra el Crimen, aprobado en consejo de Defensa y Seguridad, anunciado el 31 de marzo, donde además se amplía el estado de excepción por seis meses y se instruyen tareas a las Fuerzas Armadas en materia de seguridad ciudadana.
El también conocido como padre Melo, refirió que, ante los malestares de la población hondureña, “no hay derecho, que quieran coartar las protestas”.
Honduras a lo largo de la historia se ha enfrentado a acciones coercitivas y represivas en contra de las manifestaciones y las protestas, que, de acuerdo con Moreno, “son un bien social y son expresiones de democracia”.
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DERECHO A LA PROTESTA
La Comisión Interamericana y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión se han expresado en reiteradas ocasiones a las garantías de los derechos involucrados en las protestas sociales.
En ese sentido indica que la protesta social es “una manifestación del ejercicio conjunto del derecho de reunión y libertad de expresión, así como un mecanismo de participación política y defensa de los derechos humanos” Además, agrega “reviste un interés social fundamental para garantizar el funcionamiento del sistema democrático y la defensa de los derechos humanos”.
Ante estas consideraciones, y lo anunciado por el gobierno de Castro, al establecer un protocolo policial, Ana Ruth García, coordinadora de Ecuménicas por el Derecho a Decidir y defensora de derechos de la mujer, expresó que esta medida “es un acto represivo y violatorio a los derechos humanos, el pueblo tiene derecho a la protesta siempre y cuando dejen una vía para la libre circulación”.
En ese mismo orden de ideas el Padre Melo indicó que al tomar acciones en contra de una protesta pacífica es “atentar contra la democracia y contra el estado de derechos”.
Además, señaló que son atentados en contra de la libertad de expresión, a la democracia y contra la Constitución de la República.
La constitución de la República de Honduras en su artículo 79, señala “Toda persona tiene derecho de reunirse con otras, pacíficamente y sin armas, en manifestación pública o en asamblea transitoria, en relación con sus intereses comunes de cualquier índole, sin necesidad de aviso o permiso especial”.
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LA FUERZA MAL CONSEJERA
El Congreso Nacional, presidido por Mauricio Oliva, durante la dictadura nacionalista, aprobó a puerta cerrada en octubre de 2021, varias reformas al Código Penal con el propósito de criminalizar la protesta social en la antesala de las elecciones generales del 28 de noviembre, donde salió victoriosa Xiomara Castro.
De acuerdo con Ana Lucía Pérez, defensora de derechos humanos, esta disposición puede estar orientada a los transportistas ya que han sido protagonistas de varias tomas de carreteras internacionales, y que en el último mes han amenazado al gobierno con tomas similares.
En consecuencia, el director del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), Rafael Barahona, anunció que, si los transportistas bloquean las carreteras con sus camiones, serán sancionados de acuerdo a Ley del Transporte, las unidades serán decomisadas por 6 meses, aplicación de una sanción económica y se remitirán al MP.
Sin embargo, Ana Lucia Pérez, advirtió que estas medidas plasmadas en el plan de Seguridad se pueden extender otras protestas sociales.
En ese sentido, esta medida implementada recientemente, ha generado las cítricas y el malestar en la sociedad hondureña por atentar en contra de las demandas sociales. “Básicamente están adoptando las mismas medidas que adoptó el gobierno nacionalista”, indicó Ismael Moreno.
Quien además manifestó que de ser necesarias las manifestaciones, “las vamos a seguir acompañando y si hay necesidad de estar en la calle, vamos a estar en la calle y vamos a tener que ser víctimas de las medidas del Ministerio Público”.
En ese sentido el padre Melo advirtió, «la fuerza siempre es mal consejera y la represión siempre dañina, cuando especialmente se quiere coartar a la expresión pública de los ciudadanos”.
La reforma aprobada en el 2021, establece como agravante cualquier acción de protesta ejercida por dos o más personas y se incrementó la pena de prisión de seis a diez años e inhabilitación absoluta.
