Concluyen que el llamado “socialismo democrático” se quedó en discurso, que la impunidad persistió, que el diálogo con los territorios fue reemplazado por el control político y que la persecución a liderazgos sociales continuó
Tegucigalpa, Honduras. – El acceso a la tierra, la defensa y protección de los recursos naturales y el derecho a la vivienda, entre otras demandas históricas, estuvieron ausentes en las propuestas de los aspirantes a la presidencia, diputaciones y municipalidades de cara a las elecciones generales de 2025.
Cansados de lo que califican como un discurso vacío por parte de los tres principales partidos políticos –Partido Liberal, Partido Nacional y Partido Libertad y Refundación (Libre)–, el Movimiento Popular y Social Hondureño (MPSH) elaboró una radiografía sobre los desafíos que marcarán el próximo gobierno (2026-2030) y los retos para avanzar en las luchas sociales.
El colectivo, integrado por organizaciones indígenas, campesinas, pobladores y liderazgos urbanos y rurales, renovó la exigencia de respeto a los bienes naturales y comunes, así como políticas efectivas para los pueblos indígenas. Además, condenó que el asistencialismo continúe siendo utilizado como mecanismo para desviar recursos públicos hacia el financiamiento de campañas políticas.
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Renovaron la exigencia de fortalecer la producción agropecuaria mediante la redirección de las tierras incautadas por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) en favor del movimiento campesino. Al mismo tiempo, lamentaron el fracaso de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, cuyo único logró, según los propios funcionarios gubernamentales, fue el desalojo de campesinos.
Asimismo, exhortaron a la creación de una política pública que garantice el derecho a la vivienda, el fin de la militarización y una política social y económica clara que respete los derechos económicos y sociales de las y los hondureños.
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Desde el MPSH realizaron un análisis de los cuatro años del autodenominado “socialismo democrático” de la administración de la presidenta Xiomara Castro. Concluyeron que la refundación nunca inició, que el discurso abundó, pero con poca acción, que el Congreso Nacional se caracterizó por su ingobernabilidad, mientras la impunidad continuó reinando y la lucha contra la corrupción dejó de ser prioridad.
Agregaron que el actual gobierno cerró el dialogo y la toma de decisiones con el pueblo, cooptó a una parte del movimiento popular para evitar la denuncia y la crítica, y permitió que continuara la persecución y asesinato de líderes sociales, demostrando que la violencia estatal y paraestatal sigue operando como mecanismo de control social, como en el pasado.
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Precisaron que la próxima administración, independientemente del partido político, enfrentará el mismo desafío que todos sus predecesores: priorizar y cumplir la agenda ciudadana y del Estado hondureño por encima de la agenda partidaria, los círculos de amistades, el cartel de narcotráfico de turno o los empresarios que aportan fondos.
