Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa.- Si bien el Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP) ha recibido transferencias del Estado por el orden de 53.2 millones de lempiras, el ex fiscal general Edmundo Orellana Mercado afirma que este ente no recibe fondos públicos y no está obligado a ofrecer información de sus operaciones requerida por el Instituto de Acceso a la Información Pública.
Orellana, en el documento titulado «consultoría», asegura que el ente de previsión de los periodistas «no es una entidad estatal ni recibe ni administra fondos públicos nacionales o extranjeros», aunque el ministerio de Finanzas ha verificado las aportaciones estatales que recibe el IPP en cumplimiento de su ley de creación.
El documento de la consultoría realizada por Orellana fue enviado por el presidente del IPP, Eduin Natividad Romero, al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) para respaldar su negativa a entregar información luego que ese ente le ordenó entregar información vital sobre las operaciones del Instituto de Previsión Social.
Según Orellana «los ingresos (del IPP) provienen de las aportaciones de los agremiados y los patronos de estos, es decir, no son fondos públicos, provenientes del Estado o de organismos del Estado»; opinión que no se sustenta en la verdad porque el Estado sí ha efectuado transferencias al ente desde 1987 a 2013 por un monto de 53.2 millones de lempiras.
La Junta Directiva del IPP, encabezada por Romero, desarrolla una estrategia para evitar una auditoría de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) que es de carácter obligatorio porque el ente de jubilación de los periodistas recibe fondos públicos.
Romero y sus colegas directivos pretenden impedir el examen de las operaciones financieras y administrativas del IPP escudándose en una interpretación legislativa del año 2000 a la ley del instituto, que le exime de la supervisión y control por parte de los entes contralores del Estado, pero que ha quedado obsoleta por la aprobación de legislación posterior.
El periodista y afiliado del IPP, Gustavo Palencia, solicita sin éxito desde mayo a la junta directiva del IPP se le suministre los dos últimos estudios actuariales, las actas del comité de inversiones, los informes de auditoría, de una lista de más de 13 documentos negados, por lo que acudió al IAIP.
El IAIP, luego que el ministerio de Finanzas confirmó que el IPP recibe transferencias del Estado en cumplimiento de su ley, declaró al ente de previsión de los periodistas, institución obligada de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
¿Orellana fue sorprendido?
«Yo quiero pensar que el abogado Orellana Mercado fue sorprendido por los directivos y la gerencia del IPP pues sólo así se explica que un abogado de su prestigio se atreva a afirmar que el IPP no ha recibido fondos del Estado. Las transferencias estatales las ha confirmado el ministerio de Finanzas y las admite el mismo IPP en los estados financieros que ha publicado en un sitio web recién creado», dijo Palencia a criterio.hn.
«Para un abogado y notario público yo creo que es un desprestigio afirmar algo que no es cierto. Probablemente los directivos y el gerente del IPP le ocultaron los estados financieros donde registran las aportaciones del Estado», agregó.
Los directivos del IPP, desde 2014, cuando la presidencia del ente era ocupada por Juan Ramón Mairena, y Romero, era en ese entonces fiscal, desistieron de requerir ilegal y abusivamente los fondos del Estado precisamente para evadir nuevas leyes que obligan a la fiscalización externa del IPP.
Mairena, al igual que Romero y sus compañeros de directiva, están y estaban obligados en aplicación de la ley del IPP a requerir los fondos estatales, que sumaron en promedio anual 2.3 millones de lempiras, por lo que han incurrido en el delito de abuso de autoridad, dicen abogados que conocen el tema administrativo.
El gobierno del presidente Juan Orlando Hernández cumpliendo con la ley del IPP ha asignado fondos en el presupuesto del Estado del 2014 y el 2015, pero no han sido requeridos por los directivos del IPP, afectando la estabilidad financiera del ente y a los periodistas que esperan jubilarse.
Audiencia el 16 de Diciembre
El IAPI citó a Romero a una audiencia pública para el miércoles 16 de diciembre «a fin de que exponga ante el Honorable Pleno de Comisionados del IAIP, las razones o justificaciones o las pruebas que crea pertinentes sobre la negativa de la entrega de la información» solicitada por Palencia.
Romero tras una primera audiencia en la que se le ordenó entregar la información, tenía 5 días de plazo para suministrarla, término que venció el jueves 10 de Diciembre, pero no la entregó y lo que llevó al IAIP fue la «consultoría» de Orellana Mercado.
«Si las finanzas del IPP han sido manejadas correctamente porqué Romero y demás directivos no piden a la CNBS una auditoría, sino que, por el contrario, buscan desesperadamente medios para mantener la opacidad en la administración del fondo de pensiones de los periodistas», dijo Palencia.
