Tegucigalpa, Honduras.- Pese a las medidas que gradualmente están implementando las autoridades, el crimen organizado, constituyéndose en diferentes tipos de negocios, se ha inmiscuido legalmente en el comercio formal del país, según el secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez.
Sánchez, mientras comparecía en un medio de comunicación televisivo, el martes 14 de noviembre, contó que los tentáculos del crimen organizado ya están sobre el transporte urbano, precisamente en la modalidad de buses y, se ha constituido también en empresas de seguridad privada.
Precisamente en el tema del transporte urbano, que sólo en el Distrito Central pagan alrededor de 20 millones de lempiras mensuales al crimen organizado por extorsión, Sánchez mencionó que algunos empresarios de ese rubro están ligados directamente con las maras y pandillas.
“Los empresarios del transporte no trabajan las unidades; ellos rentan los vehículos para que terceras personas paguen una tarifa diaria, pero se ven afectados con el cobro de extorsión, dinero que reciben los empresarios ligados. Esa es la forma en la que se está dando”, contó Sánchez.
Por lo anterior, Sánchez, que llegó a sustituir al general Ramón Sabillón del cargo de ministro de Seguridad, precisó que, junto a otras instituciones del Estado, se están planteando hacer un censo que registre a los empresarios (dueños de las unidades) choferes y los ayudantes.
“Con el censo de pilotos y copilotos se busca controlar toda la variable y el sistema de transporte urbano, para prevenir y disuadir”, dijo Sánchez, pero no mencionó en qué fecha implementarían dicha medida, que desde inicios del gobierno de la presidenta Xiomara Castro se viene anunciando, más no ejecutando.
Aunque la cúpula de la Secretaría de Seguridad haya anunciado la penetración del crimen organizado en ese rubro, el dirigente del transporte Jorge Lanza, ya había revelado en conversaciones con Criterio.hn que las maras y pandillas hasta deciden y asignan quienes son los conductores y ayudantes que cubrirán dichas unidades.
“Las distintas maras y pandillas que conforman el crimen organizado, están tan poderosas que ahora en varias rutas de la capital, dan órdenes y directrices de qué persona será el chofer y ayudante de la unidad”, mencionó Lanza a este medio de comunicación.
De acuerdo con la información de la institución armada, estos empresarios del transporte urbano, hacen hasta auto atentados a sus unidades, con el objetivo de disuadir a las autoridades, tratando de poner evidencia que ellos están siendo las víctimas de las maras y pandillas.
“La Dirección de Inteligencia de la Policía ha detectado que algunas empresas (de transporte) se hacen auto atentando. ¿Qué es lo que estamos diciendo?, que algunas empresas pertenecen a estructuras criminales”, precisó el monarca de la institución armada.
En pocas palabras, la colusión del crimen organizado y la complicidad de algunos presuntos criminales, que han logrado inmiscuirse en la cúpula del rubro, ha logrado llevar el cobro de extorsión a niveles históricos y, en conciencia, ha cobrado la vida de más de 55 choferes y ayudantes de las unidades, sólo en 2023.
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HASTA EN LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA
Gustavo Sánchez lamentó, de la misma manera, que los tentáculos del crimen organizado, que se manifiesta a través de distintas maras y pandillas, no sólo están en el transporte, sino que también se han establecido de manera legal en empresas de seguridad privada y en otros comercios.
“El crimen organizado no sólo ha entrado al transporte urbano, esto es grave, pero hay que decirlo, también han llegado a las empresas de seguridad privada. Hemos hecho algunas capturas ya, y se continúan los procesos de investigación”, contó Sánchez.
Agregó que “un ciudadano normal tiene un límite para poseer armas de fuego, pero si tiene una empresa de seguridad y se identifica como miembro de esa empresa, puede tener acceso a cualquier número de armas”.
Precisamente en diciembre de 2022, el Congreso Nacional reformó la Ley de Control de Armas, pero aún con esas modificaciones, no se fraguó una lucha frontal contra el crimen organizado, porque no regula el ingreso ilegal y tampoco la tenencia de ilegal de armas que puedan tener estas empresas de seguridad.
Lo paradójico del caso, es que, según fuentes no oficiales, en Honduras circulan sólo 300 mil armas de fuego de forma legal, mientras que de manera irregular (sin registro de compra y procedencia) son alrededor de 900 mil, que podrían estar en manos del crimen organizado y siendo utilizadas por las empresas de seguridad privada.
La directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), Migdonia Ayestas, cuestionó el mal funcionamiento histórico que han tenido las autoridades encargadas de proveer los permisos de operación a estas empresas de seguridad privada.
“El problema está desde la manera en que se constituyen, ¿quién es el responsable de darle el permiso de operaciones a una empresa de seguridad?, ¿quiénes son los dueños?, ¿quiénes son los apoderados legales?, eso se debe conocer antes de otorgarles un permiso”, cuestionó Ayestas.
Añadió que “la Policía Nacional es la encargada de supervisar a esas empresas de seguridad, ¿se está haciendo bien? Cómo la gente (que las contrata) puede dudar de un permiso que ya dio el Estado y, es desde esos puntos, dónde está el origen de la creación de estas empresas”.
Ayestas, mientras comparecía en un programa televiso, sin ningún resquemor, sostuvo que, con la penetración del crimen organizado en las empresas de seguridad privada, en el país podría instalarse una estructura criminal como la que opera en México, denominada Los Zetas.
“Nos estamos convirtiendo como las zetas (organización criminal mexicana) que eran empresas de seguridad privada, convertidos en funcionarios que al final son sacados de las entidades militares y policiales para cometer ilícitos”, lamentó Migdonia Ayestas.
Ante esta problemática, la cúpula de la Policía sostuvo que, en los próximos meses, saldrán a la luz pública una serie de investigaciones en las que se podrían revelar quienes son las personas que están detrás de estos negocios legales, pero que arrastran acciones ilícitas.
