Nueve días después de las elecciones generales, Honduras sigue a la espera de los resultados, mientras dos partidos conservadores se mantienen en pugna por la presidencia y una tercera fuerza no reconoce el escrutinio. Sin embargo, la controversia no inició con el cierre de las urnas.
Tegucigalpa, Honduras. – Bajo un clima de estrés electoral marcado por la desinformación, la presión partidaria y las constantes caídas del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), la ciudadanía hondureña sigue a la espera de unos resultados empañados desde el inicio por la polémica y por las denuncias de fraude anticipado de los tres partidos políticos.
Las acusaciones de fraude iniciaron temprano. Los partidos Nacional y Liberal señalaron a Libertad y Refundación (Libre) de planificar la manipulación del proceso electoral, mientras que Libre salió a denunciar que el fraude se gestaba desde el bipartidismo. Para julio, la tensión llegó a un punto de quiebre, instalando la incógnita de si las elecciones finalmente se llevarían a cabo.
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Nueve días después de las elecciones generales, Honduras sigue a la espera de resultados definitivos, mientras dos partidos conservadores se mantienen en pugna por la presidencia y una tercera fuerza no reconoce los resultados electorales. Todo esto ocurre en un contexto marcado por la injerencia de Estados Unidos y el anuncio de indulto al expresidente Juan Orlando Hernández, sentenciado en junio de 2024 a 45 años de prisión por delitos ligados al narcotráfico.
Con el 99.40% de las actas escrutadas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) mantiene un empate técnico a los presidenciables del Partido Nacional, Nasry Asfura, quien registra el 40.52% de los votos, apenas 42,407 sufragios arriba de Salvador Nasralla, del Partido Liberal, que alcanza 39.20%. Mientras tanto, la candidata de Libre, Rixi Moncada, permanece en un distante tercer lugar con el 19.29% de los votos.
Pero la pugna no inició tras el cierre de las urnas: comenzó desde antes, previo a las elecciones primarias. A continuación, Criterio.hn recorre algunas de las principales controversias.
PRIMARIAS ESCABROSAS
Los antecedentes de las elecciones internas y primarias dejaron un mal precedente de cara a las elecciones generales. Las maletas electorales fueron desviadas a destinos que no correspondían con los centros de votación, lo que provocó demoras de hasta 12 horas para la apertura de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) en zonas céntricas como la capital hondureña y San Pedro Sula, lo que derivó en un caótico proceso primario.
Más allá de las acusaciones cruzadas –que apuntaban a la entonces consejera presidenta y representante del Partido Nacional ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, y esta, a su vez, al general de las Fuerzas Armadas Roosevelt Hernández, institución constitucionalmente encargada de la custodia del material electoral– nada se resolvió.
Aunque el pleno de consejeros anunció la separación del coordinador de transporte del CNE, Johel Ramos, el esclarecimiento de lo ocurrido quedó en suspenso, sobre todo, quiénes estuvieron detrás de la trama que atentó contra el proceso electoral y provocó la indignación ciudadana.
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ENTRE LA OPACIDAD Y DENUNCIAS DE BOICOT
El resultado de las cuestionadas elecciones primarias fue la suspicacia, incertidumbre y desconfianza por parte de la ciudadanía hacia la institucionalidad del CNE. A la vez que las pugnas a su interior se incrementaron, a tal punto que derivaron en el atraso del cronograma electoral, además de una cuestionada opacidad.
Entre los temas en el centro de la disputa estuvo el TREP, cuya adjudicación debía ocurrir cuatro meses antes de los comicios, pero no fue sino hasta el 29 de agosto que la misma fue otorgada a la empresa colombiana Grupo ASD, no sin que antes el Congreso Nacional extendiera el plazo para la adjudicación hasta el 30 de agosto.
A esto se sumó, la denuncia realizada por el consejero de Libre, Marlon Ochoa, el 22 de octubre ante el Ministerio Público, cuando entregó una memoria USB con 24 audios, que según dijo, revelaban un plan para boicotear el proceso electoral.
Una semana después, en conferencia de prensa, el fiscal general Johel Zelaya hizo públicos algunos de los audios en los que presuntamente se escucha a la consejera López, el jefe de bancada del Partido Nacional Tomas Zambrano, y a un militar activo de identidad desconocida. Tanto López como Zambrano negaron los señalamientos. Ochoa pidió la recusación de López ante el ente electoral.
De cara a la impresión de las boletas electorales, surgió una nueva crisis. Esta vez involucró al Tribunal de Justicia Electoral (TJE), luego que el CNE denegara, por estar inhabilitado, la solicitud del aspirante en las primarias a la presidencia por el Partido Liberal, Jorge Cálix, quien pretendía sustituir a Samuel García como primer diputado por Olancho.
Entre la negativa del magistrado Mario Flores Urrutia (Libre) de sumarse al pleno y la decisión de los magistrados Miriam Barahona (Liberal) y Mario Flores Urrutia (Nacional) de avalar la ilegal inscripción, la mediatizada disputa alcanzó niveles inesperados. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) llamó a una sesión extraordinaria para conocer los retos y desafíos que enfrentaba el proceso electoral en Honduras.
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INJERENCIA EXTRANJERA Y FALLAS DEL TREP
Cuando la mayoría de las encuestas situaban como principales contendientes a Rixi Moncada, del oficialista Partido Libre, y a Salvador Nasralla, del conservador Partido Nacional, entró en escena –a cuatro días de las elecciones– el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al respaldar a Nasry Asfura, candidato del Partido Nacional. Dos días después, el tablero cambió: el mandatario publicó un nuevo mensaje, esta vez en tono amenazante, insinuando que retiraría el apoyo a Honduras si Asfura no resultaba electo y anunciando el indulto de Juan Orlando Hernández.
Pese a todos los contratiempos y controversias, la población asistió masivamente a ejercer el sufragio. El Centro de Estudios para la Democracia (Cespad) reportó retrasos en la instalación de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) y algunas maletas electorales con signos de manipulación, entre otros sucesos que incluyeron fallas en el uso de los dispositivos biométricos.
Tras el cierre de las urnas la tarde noche del 30 de noviembre, el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) tuvo fallos constantes, entorpeciendo el proceso, lo que fue, posteriormente, justificado por la empresa colombiana Grupo ASD como acciones de mantenimiento, pese a que en los pliegos de referencia de la licitación se estableció que debía garantizarse la continuidad operativa y disponibilidad permanente del sistema.
Las caídas del TREP impactaron en la transmisión del primer corte de resultados, el cual fue emitido con una hora y media de retraso, pese a que el artículo 278 de la Ley Electoral establece que, a más tardar tres horas después de haberse cerrado la votación, se divulgará los resultados preliminares. Tampoco se emitió el segundo corte a medianoche ni el tercer corte. Además, desde el Cespad se advirtió que al TREP “se le retiraron validaciones esenciales” y se incumplió el cronograma, lo que aumentó la incertidumbre.
En un inicio, el presidenciable liberal Salvador Nasralla lideró la transmisión de resultados, seguido por Asfura y, en tercer lugar, Moncada de Libre. Pero tras un fallo en el TREP, Asfura alcanzó a Nasralla. Desde entonces, se han mantenido en un empate técnico, alternándose el primer lugar.
El domingo 7 de diciembre, la consejera presidenta Ana Paola Hall (Partido Liberal) y la consejera Cossette López (Partido Nacional) denunciaron que la empresa responsable del TREP modificó el software sin la autorización unánime del pleno del CNE. Además, se continuaron registrando caídas recurrentes en el sistema de transmisión. Previamente, la consejera Hall comunicó a medios de comunicación que cualquier evaluación a la empresa contratada para el TREP se realizaría una vez terminado el proceso electoral.
En el marco de estos fallos, la Misión de Observación Electoral de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPAL) advirtió al CNE, la OEA y la Unión Europea sobre la “alta vulnerabilidad” del TREP, calificándole como tecnológicamente frágil, poco transparente y con riesgos críticos de ciberseguridad.
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Miroslava Cerpas, comisionada presidente del Sistema Nacional de Emergencias 911, presentó el lunes 8 de diciembre ante el Ministerio Público, acompañada de supuestas pruebas en audio sobre amenazas de parte del crimen organizado para condicionar el voto a favor del Partido Nacional.
Ese mismo día, el presidenciable por el Partido Innovación y Unidad Social Democrata (PINU-SD), Nelson Ávila, afirmó que existe un “fraude matemáticamente evidente”. Se presentó ante el Ministerio Público para solicitar para interponer una denuncia contra acciones administrativas que hayan infringido la Ley Electoral y solicitó la conformación de una junta especial de verificación y recuento de votos.
