Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-El Estado de Honduras tiene grandes desafíos en derechos de la niñez, que se traducen en la exclusión de los sistemas de salud, educación y en la falta de condiciones dignas en sus hogares que, en muchos casos, los obliga a vivir en pobreza, extrema pobreza y hasta de explotación.
El tema de la niñez fue abordado este martes durante la conmemoración del 29 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) en el marco del foro: “Niñez, migración y derechos humanos”, auspiciado por la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (Coiproden).
Honduras fue uno de los primeros 20 países en ratificar la CDN. Hasta el momento se han pactado tres protocolos facultativos, uno sobre niñez en conflictos armados, otro de utilización de las niñas y niños para la pornografía y la explotación sexual comercial, y el tercero, sobre peticiones individuales. Éste último no ha sido ratificado por el Estado hondureño.
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El director de Coiproden, Wilmer Vásquez, manifestó que a 29 años de la firma del CDN, Honduras sigue con una deuda histórica con la niñez y la adolescencia, porque es un país “donde ser niño o adolescente representa un peligro, donde ser niño representa la muerte, la violencia, la inseguridad, la falta de oportunidades, de atención, en educación de calidad, en servicios de salud integral, donde se puedan satisfacer los derechos fundamentales de la niñez y la adolescencia”.
Más de un millón de niños, niños y jóvenes de entre 5 a 17 años están fuera del sistema de educación, siendo éste, junto al de la violencia uno de los principales problemas.
Vásquez refirió que de acuerdo al Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH) más del 55 % de las muertes violentas pertenecen a personas menores de edad.
Por su parte, el especialista en derechos humanos, Joaquín Mejía, expuso que la respuesta del Estado frente a la vulnerabilidad de la niñez ha sido la reducción de las capacidades institucionales, que deberían proteger y promover los derechos de este sector y ha profundizado en un modelo de exclusión y despojo que hace que las poblaciones tengan que migrar y desplazarse de manera forzada.
En cuanto a la atención de la salud y la educación, dijo que el régimen actual está revirtiendo lo poco bueno que había en estas dos áreas y las está viendo como mercancías, porque está privatizando estos dos derechos, cuando el deber del Estado es garantizarlos, no solo porque lo dice la Constitución de la República, sino porque así lo establecen los tratados internacionales sobre derechos humanos, y porque la función del Estado es garantizar la dignidad humana
De acuerdo a cifras del gobierno, de enero al 13 de octubre, 10, 237 niños, niñas y adolescentes fueron retornados voluntariamente a Honduras desde Guatemala y México. El mayor flujo se reporta entre del 15 de octubre al 13 de noviembre, como parte de la caravana, y se contabiliza en esa fecha el retorno de 3,080 niñas y niños.
Para Coiproden las cifras del gobierno no son precisas porque no hay una documentación fehaciente de las personas que han salido huyendo del país.
“No se trata de hablar de estadísticas, de números si no es, ningún niño, ninguna niña debió salir de este país por falta de oportunidades o para poder garantizar su protección individual, y ninguna niña y ningún niño que es retornado al país debe ser abandonado por el Estado, debe haber una atención directa o sobre todo donde se asegure un sistema de garantías para la niñez y la adolescencia”: Wilmer Vásquez, director de la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (Coiproden).
