Honduras tiene una deuda histórica con la niñez ante un modelo de exclusión y despojo

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-El Estado de Honduras tiene grandes desafíos en derechos de la niñez, que se traducen en la exclusión de los sistemas de salud, educación y en la falta de condiciones dignas en sus hogares que, en muchos casos, los obliga a vivir en pobreza, extrema pobreza y hasta de explotación.

El tema de la niñez fue abordado este martes durante la conmemoración del 29 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) en el marco del foro: “Niñez, migración y derechos humanos”, auspiciado por la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (Coiproden).

Honduras fue uno de los primeros 20 países en ratificar la CDN. Hasta el momento se han pactado tres protocolos facultativos, uno sobre niñez en conflictos armados, otro de utilización de las niñas y niños para la pornografía y la explotación sexual comercial, y el tercero, sobre peticiones individuales. Éste último no ha sido ratificado por el Estado hondureño.

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El director de Coiproden, Wilmer Vásquez, manifestó que a 29 años de la firma del CDN, Honduras sigue con una deuda histórica con la niñez y la adolescencia, porque es un país “donde ser niño o adolescente representa un peligro, donde ser niño representa la muerte, la violencia, la inseguridad, la falta de oportunidades, de atención, en educación de calidad, en servicios de salud integral, donde se puedan satisfacer los derechos fundamentales de la niñez y la adolescencia”.

Más de un millón de niños, niños y jóvenes de entre 5 a 17 años están fuera del sistema de educación, siendo éste, junto al de la violencia uno de los principales problemas.

Vásquez refirió que de acuerdo al Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH) más del 55 % de las muertes violentas pertenecen a personas menores de edad.

Por su parte, el especialista en derechos humanos, Joaquín Mejía, expuso que la respuesta del Estado frente a la vulnerabilidad de la niñez ha sido la reducción de las capacidades institucionales, que deberían proteger y promover los derechos de este sector y ha profundizado en un modelo de exclusión y despojo que hace que las poblaciones tengan que migrar y desplazarse de manera forzada.

 

En cuanto a la atención de la salud y la educación, dijo que el régimen actual está revirtiendo lo poco bueno que había en estas dos áreas y las está viendo como mercancías, porque está privatizando estos dos derechos, cuando el deber del Estado es garantizarlos, no solo porque lo dice la Constitución de la República, sino porque así lo establecen los tratados internacionales sobre derechos humanos, y porque la función del Estado es garantizar la dignidad humana

De acuerdo a cifras del gobierno, de enero al 13 de octubre, 10, 237 niños, niñas y adolescentes fueron retornados voluntariamente a Honduras desde Guatemala y México. El mayor flujo se reporta entre del 15 de octubre al 13 de noviembre, como parte de la caravana, y se contabiliza en esa fecha el retorno de 3,080 niñas y niños.

Para Coiproden las cifras del gobierno no son precisas porque no hay una documentación fehaciente de las personas que han salido huyendo del país.

“No se trata de hablar de estadísticas, de números si no es, ningún niño, ninguna niña debió salir de este país por falta de oportunidades o para poder garantizar su protección individual, y ninguna niña y ningún niño que es retornado al país debe ser abandonado por el Estado, debe haber una atención directa o sobre todo donde se asegure un sistema de garantías para la niñez y la adolescencia”: Wilmer Vásquez, director de la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (Coiproden).

Red latinoamericana y del Caribe demanda a Trump la anulación de la política “tolerancia cero”

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-Representantes de El Salvador, Guatemala, Honduras y México  en la Red Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (REDLAMYC) se pronunciaron contra el plan “tolerancia cero” que establece políticas contrarias a derechos humanos. Destacaron la necesidad urgente de la articulación a nivel regional para enfrentar las políticas del Gobierno de los Estados Unidos y la urgencia de crear un Mecanismo Transnacional de Protección Especial de Niñez Migrante.

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De acuerdo con la información del Departamento de Seguridad Interna (DHS, EE. UU) proporcionada al Senado, desde la implementación del plan “tolerancia cero” el 6 de mayo y hasta el 19 de junio, 2.342 niñas, niños y adolescentes han sido separados de sus familias y permanecen en más de 100 centros de detención, ubicados en 17 estados de la nación del norte.

“Rechazamos con profunda indignación estas políticas; y los tratos crueles y humillantes que incluso podrían configurarse como tortura; y exigimos la suspensión inmediata del plan “tolerancia cero”, dijo el secretario ejecutivo de REDLAMYC, Juan Martín Pérez García.

Llamó a los Estados de la región a articularse de forma urgente y a establecer un Mecanismo Transnacional de Protección Especial a la Niñez Migrante, que ofrezca una respuesta real y sostenida a la crisis humanitaria desde los países de origen a través de sus instituciones y programas de atención a la niñez; y evite paulatinamente que sea un tema de seguridad nacional y agentes migratorios.

Pérez García resaltó que las políticas migratorias existentes “no reconocen los factores estructurales que generan la salida masiva de familias completas de países como México o países en Centroamérica.”

Wilmer Vásquez, director ejecutivo de la Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez (COIPRODEN) en Honduras apuntó que su país es uno de los más desiguales del mundo con más del 67% de pobreza y exclusión social, donde la sociedad solo es atendida con el 10% de los recursos del gobierno, lo que obliga a familias, niñas, niños y adolescentes a abandonar el país, no solo por violencia, sino por la falta de oportunidades de educación de calidad, salud, empleo, entre otros. Señaló que el Estado de Honduras debe exigir a su contraparte norteamericana el fin inmediato de las prácticas inhumanas y el cese del plan “tolerancia cero”.

Entre tanto la gerente general de la Red para la Infancia y la Adolescencia (RIA), en El Salvador, Georgina Ramos, mencionó que las imágenes mostradas son indignantes, y llevan a recordar los campos de concentración. La separación y detención realizada por las autoridades norteamericanas “afecta de forma psicosocial, criminaliza y afecta el derecho humano a migrar además de que genera un daño irreparable que puede incluso ser irreversible en niñas y niños; el sufrimiento humano de niñas, niños y sus familias no debe ser visto como mercancía de negociación”.

Ramos consideró que se trata de una campaña orquestada por el Gobierno de los Estados Unidos que busca generar terror y miedo para reducir la migración “el principal fundamento de cualquier política migratoria es la seguridad humana y lo que está ocurriendo es lo contrario: políticas deshumanizantes, violatorias de derechos humanos.”

Otto Rivera, secretario ejecutivo de la Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos de la Niñez (CIPRODENI) en Guatemala dijo que la situación lleva a repensar la necesidad de acciones articuladas, no solo nacionales, sino medidas internacionales y subregionales, estableció que “la migración es un derecho, separar a las familias, separar a niñas y niños y enjaularlos, eso, es un crimen”.

Rivera apuntó que las causas estructurales que obligan a niñas y niños a migrar son las violencias, la pobreza y reunificación familiar “adolescentes en Honduras y Guatemala han expresado que, en sus países, sus sueños nunca se podrán cumplir, lo que hace notar que hacen falta políticas estructurales que den oportunidades a familias, niñas y niños.”

Isabel Esteinou, Secretaria Técnica de la Alianza por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en México (Alianza Mx), recordó que México es un país de tránsito, por lo que señaló que “es necesario hacer un extrañamiento contundente para que el gobierno mexicano establezca una posición de indignación al mismo tiempo que esta sea una oportunidad de revisar sus propias políticas migratorias violatorias de derechos humanos”, así como su trato hacia los migrantes centroamericanos, de manera que se establezcan las negociaciones y se logre una solución conjunta con los países en Centroamérica.

Alicia Vargas, presidenta del Consejo Directivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) dijo que la condición de emergencia “es una violación absoluta a los derechos humanos y un chantaje que van en contra del pacto mundial en derechos humanos”.

Solicitó de manera urgente la anulación del plan “tolerancia cero” y el desistimiento de que niñas y niños sean rehenes. Exigió al gobierno mexicano actué con mayor contundencia y en solidaridad con los gobiernos de Centroamérica.

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El Presidente Trump recibió un contundente y generalizado rechazo de la comunidad internacional, que le forzó a modificar su decreto de separación de las familias migrantes. Sin embargo, sólo se compromete a no separar familias, sin dejar claro la cancelación de las condiciones humillantes de confinamiento en campos de concentración y uso de jaulas metálicas.

Recursos del Estado son para la guerra y para asesinar al pueblo: Wilmer Vásquez (vídeo)

Los gobiernos de los postreros 30 años, pero más en los últimos 12 años, son como la canción de Shakira: ciegos, sordos y mudos y no cumplen con el rol que se les ha encomendado de proteger la niñez

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.- Los recursos son para comprar armas para reprimir las protestas que son constitucionales y para asesinar de manera directa al pueblo hondureño que reclama porque ve violentados sus mas mínimos derechos, señaló Vásquez. 

El Estado de Honduras a través de su gobierno no cumple las recomendaciones que se le hacen en torno a la atención de la niñez, denunció este martes, Wilmer Vásquez, director de la a Coordinadora de Instituciones Privadas pro las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus derechos (Coiproden).

Vásquez señaló que las recomendaciones en los últimos 30 años el Comité de Derechos Derechos del Niño, el Consejo de Derechos del Niño,  la Comisión Interamericana  de Derechos Humanos, han sido reiterativas, lo que los ha llevado a la conclusión de los gobiernos, poco o nada han hecho para proteger la niñez hondureña. 

Los gobiernos de los últimos 30 años son como la canción de Shakira: ciegos, sordos y mudos y no cumplen con el rol que se les ha encomendado de proteger la niñez y los recursos los han utilizado para sus campañas políticas y para enriquecerse ilícitamente.

En los gobiernos de Porfirio Lobo Sosa y en los de Juan Hernández la mayoría de los recursos del Estado se han invertido en defensa y seguridad. Hay una imposición a la sociedad llamada Tasa de Seguridad y es como un impuesto de guerra que no está dando los resultados esperados por la sociedad hondureña.

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Los recursos son para comprar armas para reprimir las protestas que son constitucionales y para asesinar de manera directa al pueblo hondureño que reclama porque ve violentados sus mas mínimos derechos, señaló Vásquez. 

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Gobierno receta una drástica reducción en presupuesto orientado a la niñez y adolescencia

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-La atención de la niñez y adolescencia en Honduras se ha visto fuertemente afectada con el recorte del 70 por ciento del presupuesto durante el 2015, lo que impacta de manera negativa en los programas a favor de este sector, especialmente el que se encuentra en riesgo social.

El director de la Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez (Coiproden), Wilmer Vásquez, señaló que la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) recibió durante el 2015 apenas 90 millones de lempiras, mientras que en el 2014 al Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA se le asignaron 300 millones.

Wilmer Vásquez, director de la Red Coiproden
Wilmer Vásquez, director de la Red Coiproden

A juicio de Vásquez con los fondos asignados, el DINAF difícilmente podrá cumplir su función y con el rol para el  cual fue creado y mucho menos podrá financiar los programas y servicios que fueron tercerizados a través de los gobiernos municipales, iglesias y de las organizaciones no gubernamentales.

“Para ahora en el 2016 hemos podido ver que en la mayoría de los rubros que tienen que ver con este sector de la población hay  una disminución en el presupuesto, situación que preocupa enormemente porque éste sector representa el 50% de personas menores de 18 años en Honduras y es el sector al cual menos recursos se les estaría dando por parte de este presupuesto general”, acotó Vásquez.

Las cifras asignadas a los niños y jóvenes fueron analizadas este jueves en el marco de la presentación del informe “Honduras: la política fiscal no mejora el presente ni construye el futuro”, presentado este jueves por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).

El informe apunta que un ejemplo del deterioro del gasto social durante el presente gobierno, es el relacionado con las inversiones en la niñez y adolescencia, que pasará de representar 8.6% del PIB en 2013 a 7.7% en 2016. En términos reales (considerando la inflación), se observa una reducción de la asignación diaria, la cual pasa de US$0.86 (2013) a US$0.75 (2016).

En términos del PIB, no sería esta la primera vez que la inversión pública en niñez y adolescencia (IPNA) se reduzca en aproximadamente un 1.0% del PIB, pues esto ya sucedió en 2011, con los consecuentes impactos en el bienestar de este grupo etario, señala el Icefi.

Cabe anotar, como aspecto ilustrativo de esos impactos, que la niñez deportada y recibida por el IHNFA, entre 2012 y 2014 (cifras a octubre) pasó de 1,832 a 9,469 niños migrantes. También, que la cobertura en vacunación para menores de 2 años de edad bajó de un 95.6% en 2012, a un 87.4% a finales del 2014.

El director de la red Coiproden, Wilmer Vásquez, quien fue parte de los panelistas, apuntó que las asignaciones del  gasto social que hace el actual gobierno son incongruentes con los presupuestos orientados a seguridad y defensa, los que han incrementado en un 161% y en  101 %, respectivamente.

“Quiere decir que si la mayor cantidad de recursos están asignados a defensa y seguridad ahí está puesto el corazoncito del  presidente de la República y de los representantes de los otros poderes del Estado y hacia ahí se están orientando las acciones para fortalecer, entre comillas, la seguridad ciudadana en el país, pero lo que realmente se está profundizando es la militarización de la sociedad”, sentenció.

En virtud de la carente asignación presupuestaria para la educación y salud durante el 2016, Vásquez pronosticó  que las escuelas y colegios del sector público no podrán contar con laboratorios de computación e inglés, ni con bibliotecas o libros de textos que permitan el desarrollo didáctico y pedagógico de la enseñanza en los centros educativos.

Asimismo, “los centros de salud y hospitales seguirán desabastecidos de medicamentos porque la demanda será siempre mayor en función de la oferta, cuando no hay una verdadera inversión social en los grupos vulnerabilizados por el sistema”.

En resumen, dijo, habrá muchos más jóvenes que no van a estudiar, que no  van a trabajar, “jóvenes que se convierten en presa fácil del crimen organizado, de las maras y pandillas, del narcotráfico, del tráfico de armas, del tráfico de personas; niños y niñas tendrán que seguir migrando buscando mejores oportunidades de vida, las familias enteras emigraran  buscando salvar sus vidas, en un Estado que les está negando las oportunidades”.

Para el director de Coiproden la dotación de más fondos para la militarización, tiene un propósito político partidistas e intereses continuistas en el poder por parte del presidente Juan Hernández.