Tegvucigalpa. – Hay una escalada del gobierno en contra de las organizaciones de sociedad civil y medios de comunicación que no se amoldan a sus políticas, dijo este día Edy Tábora, director del Comité por la Libre Expresión (C-Libre).
Tabora señaló que es parte de las expresiones del control hacia todas aquellas voces críticas, voces disidentes, las voces que no replican el discurso oficial.
Entonces recurren a los mecanismos de control administrativos, a ponerles obstáculos para inscribirse en la Unidad de Registro y Seguridad de Asociaciones Civiles (URSAC), los temas fiscales y catalogar a las organizaciones disidentes como criminalidad organizada.
Ahora están recurriendo al cierre de cuentas bancarias de las organizaciones que no son afines con el gobierno de Juan Hernandez y muy pronto saldrá a la luz publica quienes son las ONGs afectadas y cuales son los bancos que están practicando estas actividades ilegales.
Tábora recordó el último ejemplo de luchadores y luchadoras de la comunidad de Guapinol que fueron criminalizados por asociación ilícita y lo único que habían formado fue un comité en defensa del agua.
Hay una normativa grave que data del 2017, que es el decreto 06-2017 que configura el delito de terrorismo y que puede ser aplicado a las organizaciones que protestan. Y todo eso tiene una finalidad de criminalización o de desmovilización de las organizaciones que luchas por la democracia y por el Estado de derecho
Con las palabras suele suceder lo mismo que con los conceptos: de tanto manoseo lingüístico y repetición disparatada, poco a poco van perdiendo su sentido original y terminan introduciendo más confusión que claridad en el discurso cotidiano.
Algo así ha sucedido con el concepto de sociedad civil. De tanto repetirlo y manosearlo, utilizándolo casi para todo lo que no sea gobierno o partidos políticos, hemos terminado por deformarlo y distorsionarlo, desnaturalizando su real contenido y, en el fondo, negando y pervirtiendo su esencia.
Tengo un amigo que un buen día, entre resentido y molesto, me reclamó por no haberle conseguido un carné para pertenecer a la sociedad civil. En su inocente confusión, asumía que la sociedad civil era algo así como un club de elegidos, que celebraba reuniones periódicas para analizar aspectos de la realidad nacional y discutir sobre temas tanto divinos como humanos.
Otros, menos inocentes, reclamaban y protestaban por el uso del concepto de sociedad civil, alegando que ya existía la noción de “fuerzas vivas”, entiéndase empresarios, trabajadores y políticos, funcionarios o no, que representaban lo mismo, o incluso mucho más, que las organizaciones de la sociedad civil.
Cuando el concepto empezó a volverse categoría cotidiana, no faltó quien pensara que era una idea contrapuesta a una imaginaria “sociedad militar”, que los perversos ideólogos de la izquierda habían introducido en el discurso político para segregar al menos gramaticalmente a los indefensos hombres de uniforme.
Más común ha sido el error de confundir sociedad civil con organizaciones no gubernamentales (me refiero a las ONG serias, que hacen un trabajo loable y necesario, diferentes a esas entelequias de maletín que tanto proliferan por doquier y que tanto desprestigio generan), creyendo que son éstas las únicas asociaciones que representan a la mencionada sociedad.
Y todavía más: hay quienes se autodenominan “representantes” de la sociedad civil, mostrando con ello su desconocimiento sobre la verdadera naturaleza del concepto y su significado profundo. La sociedad civil no tiene ni puede tener representantes globales. Los tienen las organizaciones concretas, pero no la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, quienes dicen ser representantes de la sociedad civil harían muy bien en precisar que representan a una organización específica, del tipo que sea, y nada más. Los límites de su representatividad están determinados por el poder que les delegan sus socios, compañeros o colegas de la organización a la que pertenecen. Su facultad para representar intereses generales no les ha sido delegada por nadie. Su soberanía y facultad negociadora son sectoriales, limitadas, condicionadas por los temas específicos que son de su interés y forman parte de su agenda.
Entre los líderes partidarios es muy común confundir a las organizaciones de sociedad civil, sobre todo a las ONG, con rivales políticos. Les consideran organismos desafiantes, que compiten en condiciones anormales para disputar la representatividad de la sociedad ante el Estado. La crisis de representación que padecen muchos partidos políticos y su consiguiente déficit de legitimidad social, abren los espacios y permiten que las asociaciones civiles actúen como correas de trasmisión y representación de los intereses sociales ante el Estado. O sea que se limitan a llenar los vacíos que dejan los partidos políticos, víctimas con frecuencia de la creciente desafección y el preocupante desencanto.
Como para confundir más las cosas, también suele suceder que los dirigentes de los movimientos sociales recelan del rol que juegan las ONG y sienten que estas les disputan las fuentes de financiación y las áreas de influencia. No hay tales. Entre movimientos sociales y ONG debe haber corrientes lógicas de complementariedad y no de indebida competencia.
El concepto de sociedad civil hace referencia al mundo de lo privado, en relación directa con los espacios de lo público. Sus organizaciones deben respetar la diversidad y mantener una prudente independencia frente al Estado. En muchos sentidos, pueden y deben jugar el papel de contrapoder, entidades vigilantes y atentas al buen manejo de los asuntos públicos, celosos de su transparencia y de la necesaria rendición de cuentas. Deben ser asociaciones bien informadas en el área respectiva de su trabajo, críticas y propositivas, generadoras de ciudadanía activa.
Una sociedad civil fuerte es garantía para tener un Estado democrático, pluralista y tolerante. La democracia requiere de una sociedad cada vez más organizada, más dinámica y vigilante. El Estado debería respetar la independencia de las verdaderas organizaciones de la sociedad civil hondureña.
Tegucigalpa. – Es lamentable que sea el gobierno de Estados Unidos quien ordene al régimen de Juan Hernández que se haga responsable de la investigación y sanción no solo de los asesinatos, sino toda la tragedia que ha vivido Honduras desde el golpe de estado en 2009 en materia de derechos humanos, dijo Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares Desaparecidos en Honduras (COFADEH).
Aquí ha habido asesinatos, desapariciones forzadas, hay presos políticos y hay gente que ha sufrido torturas que ya los han dejado lisiados y esto afecta más a la juventud del país, dijo Oliva.
“Creo que, aunque Estados Unidos se lo haya ordenado al gobierno de Hernández, es desde los espacios de la sociedad civil desde donde se debe hacer la exigencia de los altos niveles de violación de los derechos humanos, producto de la militarización que está enfrentando el pueblo hondureño”, señaló la defensora de derechos humanos.
Es impensable que el presupuesto de las Fuerzas Armadas, en los últimos cuatro años, ha aumentado en más del cien por ciento, detrimento de la educación y la salud. Lo cual significa que la fuerza bruta la tiene y la ejerce la dictadura.
“Desde el espacio llamado Convergencia contra el Continuismo no queremos esa fuerza bruta, sino que buscamos la fuerza social que es la mayoría y es la que enfrenta esas terribles desigualdades”.
Desde esas acciones que se realizan desde el régimen es donde se genera la corrupción que impera en el país y que es la que fomenta y fortalece la impunidad contra la cual han venido luchando, señaló Oliva.
Se necesita que se asuma con responsabilidad el informe del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, pero también se necesita trabajar sobre los 128 asesinatos que se dieron durante el golpe de estado de 2009.
Tegucigalpa.- En Asamblea, La Red de Mujeres, Organizaciones Campesinas, Indígenas, Cámara de Comercio, representantes de Mercados, representantes Comunales eligieron a miembros de la Sociedad Civil, con el objeto de buscar soluciones a diversos problemas del municipio y lograr el bien común para sus habitantes.
Dichos voluntarios, que surgen por primera vez como tal figura, velarán para que los impuestos municipales sean utilizados de manera eficiente, en proyectos prioritarios, sin sesgos políticos y de manera transparente.
El Alcalde Municipal de Marcala, departamento de la Paz, Rigoberto Villatoro, en cabildo abierto juramentó a los integrantes de la Sociedad Civil.
Oswaldo Vásquez, propuso a las autoridades Municipales asignar un fondo para la creación de un Banco de Semillas Criollas. «
La Municipalidad nunca le ha apostado a la agricultura, el municipio tiene gran potencial para la agricultura, importante conservar nuestras semillas a necesario nuestra nutrición», aseguró.
Según la vice presidenta de la Sociedad Civil, Celenia Carrillo «Esta contribuirá a frenar las decisiones arbitrarias, que por años han hecho fiesta, aprobando mega proyectos, de manera inconsulta».
La primera actividad a favor del bien común será un foro sobre desnutrición. Los índices en este campo han aumentado en los últimos años.
Tegucigalpa.- Esta madrugada allanaron la oficina del Grupo Sociedad Civil (GSC), llevándose solamente documentos y la computadora de la coordinadora de la organización por lo que ella considera que es una campaña de acoso y amenazas hacia ella por el trabajo que desempeña.
Jessica Sánchez, coordinadora del GSC y su equipo han venido acompañando al movimiento ambientalista de Santa Bárbara y la defensa de derechos de las mujeres, exigiendo que cesen los feminicidios en Honduras.
El ataque ocurre solo unos días antes del denominado paro internacional de Mujeres este próximo 8 de marzo y a pocos días de la elección de nuevos representantes ante el Mecanismo de Protección.
Este mismo tipo de allanamientos y robo de información lo han sufrido otras oenegés cuyas directoras son mujeres, pero también hombres.
La defensora de derechos humanos Jessica Sánchez, denunció una serie de ataques, vigilancia y persecución que han puesto en peligro su integridad física, emocional y entorno familiar.
Jessica Sánchez cuando presentó la denuncia en Septiembre de 2017
Jessica Sánchez, actualmente integra el Consejo Nacional de Protección, directora del Grupo Sociedad Civil, Integrante de la Coalición Feminista Todas, miembra de la Articulación 611, y de la Coalición contra la Impunidad, espacios donde trabaja por la implementación de políticas públicas de derechos humanos y denuncia la emisión de leyes que restringen el goce de los derechos humanos.
Entre ellos, Sánchez denunció que ha sido víctima de ataques ejecutados por personas desconocidas, después de participar en eventos referentes a la temática de derechos humanos. El 22 de agosto pasado, una llanta de su vehículo fue perforada con un objeto no determinado y al darse cuenta ingresó a una llantera en el barrio La Guadalupe de Tegucigalpa, posteriormente fue perseguida desde un vehículo turismo color gris, hasta cerca de su casa.
Meses atrás, saliendo de un evento donde participó como integrante del Consejo Nacional de Protección en la firma del Convenio, también su vehículo fue averiado, no dándose cuenta sino hasta que ya iba en marcha. En ambos casos estaba el automóvil en estacionamientos de hoteles y las fallas no tienen explicación de parte de los mecánicos.
Bogotá. En el marco del 167º Período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Coalición contra la Impunidad de Honduras y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), denunciaron esta mañana la situación de violencia que vive Honduras tras las últimas elecciones el 26 de noviembre del 2017.
Juan Hernández, apuntó la Coalición grupo formado por 58 organizaciones hondureñas , aumentó la concentración de poder en su persona para así controlar instituciones clave del país. Como consecuencia de esto, la Sala Constitucional dejó sin aplicar la norma pétrea que prohibía la reelección de presidente en el país, permitiendo de esta manera que Juan Orlando pudiera volver a presentarse y salir elegido presidente de nuevo. Así ocurrió, a pesar de que «no existían condiciones adecuadas para garantizar el derecho a elegir y ser electo», como apuntó uno de los miembros de la Coalición.
También ante la presencia del Estado, la parte peticionaria denunció el estado de represión y militarización ejercido contra la población hondureña durante los pasados meses, con duras respuestas contra los manifestantes a los que se reprime con gases lacrimógenos y químicos, uso de instrumentos militares no autorizados, detenciones arbitrarias, uso de armas de fuego, etc. Además, el Gobierno ha implementado otras prácticas para identificar y sancionar a personas opositoras. De esta manera se realizan allanamientos domiciliarios, registros indebidos, se usa el derecho penal de manera indebida para criminalizar la protesta social, se ha aumentado la presencia militar y policial en las zonas donde hay más opositores y están ocurriendo ejecuciones selectivas de personas que han participado en acciones de protesta. Por último, y para ilustrar a los comisionados y comisionadas de la CIDH las consecuencias de esta situación en Honduras, se han presentado las cifras de la violencia, documentadas por las organizaciones: 192 manifestaciones reprimidas y alrededor de 1.257 detenciones; 1 persona detenida desaparecida, 38 muertes de personas en el marco del conflicto; 76 personas víctimas de tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes; 393 personas heridas y lesionadas en las manifestaciones, varias de ellas con consecuencias irreversibles en su salud, 105 personas desplazadas por persecución política; 15 periodistas agredidos; 89 personas criminalizadas, 24 de ellas están en prisión preventiva y las consideramos personas prisioneras políticas; así como 73 personas defensoras víctimas de amenazas y otras acciones. También se ha podido escuchar el testimonio de un familiar de una víctima mortal, asesinada durante una manifestación.
La Coalición y CEJIL pidieron al Estado de Honduras, entre otras cosas, que se comprometa al cese del uso indiscriminado y excesivo de la fuerza en las manifestaciones y de la persecución selectiva de líderes y lideresas sociales. Por su parte, los representantes del Estado invitaron al comisionado Joel Hernández García, nuevo relator de la CIDH para Honduras, a que viajara al país este mes de abril. También el Estado se comprometió a analizar la inclusión de la sociedad civil en una mesa de trabajo conjunta con el Ministerio Público, para investigar las violaciones de derechos humanos denunciadas.
Esta tarde a las 3pm (hora de Colombia), en el Salón Emprendedores del Hotel Tequendame en Bogotá, se dará una rueda de prensa para profundizar sobre la situación de violencia postelectoral en Honduras, con la presencia de representantes de algunas de las organizaciones de derechos humanos más representativas de Honduras.
Tegucigalpa.- Varias organizaciones de sociedad civil, incluida la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), rechazaron hoy el decreto aprobado por el Congreso Nacional donde quitan potestad de investigar fondos públicos a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y al Ministerio Público.
Señalan que ese decreto, aprobado en circunstancias inapropiadas, genera dudas y suspicacia y que produce inconformidad en los hondureños que demandan un gobierno transparente, que rinda cuentas y que luche contra la corrupción.
Respaldan el trabajo de la MACCIH y piden a las demás organizaciones que den su respaldo a la misión y que se mantengan atentos antes este burdo intento por proteger los corruptos y afianzar el sistema institucionalizado de corrupción.
Tegucigalpa.- Organizaciones de sociedad civil estadounidenses, hacen un llamado a las autoridades hondureñas para garantizar que el conteo de votos de las elecciones presidenciales, legislativas y municipales se lleve a cabo de manera completamente transparente.
Las demoras y la falta de transparencia que han caracterizado el proceso hasta el momento tienen el potencial de socavar la confianza en la legitimidad de las elecciones.
Instan a las autoridades hondureñas a abstenerse de cualquier acción que limite la libertad de expresión y asociación, y el derecho a la protesta pacífica, del pueblo hondureño, periodistas y comunicadores sociales, movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil.
Las organizaciones exhortan al gobierno de los Estados Unidos y otros gobiernos donantes, así como a la Organización de Estados Americanos (OEA), y otros observadores electorales, a exigir la transparencia total en el conteo de votos y que se lleve a cabo una revisión del proceso electoral para garantizar que las elecciones fueron libres y justas y representan la voluntad del pueblo hondureño.
Quienes hacen esta petición son: Alianza Américas, American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO) , Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (LAWG), International Labor Rights Forum, Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Oxfam America, Presbyterian Church (USA) y Presbyterian Peace Fellowship.
Tegucigalpa.- El Espacio ACI respalda las voces de la sociedad civil que demandan mayor transparencia, veracidad y agilidad en la publicación de los resultados de las elecciones generales de Honduras.
La Asociación de Cooperación Internacional (Espacio ACI), constituida por 28 ONGs internacionales con presencia y trabajo en Honduras, por este medio manifiesta su respaldo a las voces de preocupación de la sociedad civil hondureña en relación a la falta de información veraz de los resultados de las elecciones generales efectuadas el día 26 de noviembre y en particular la preocupación sobre el papel del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Instan a las autoridades a que aseguren la transparencia y agilidad en el conteo de los votos tanto para el nivel presidencial, diputaciones y alcaldías. Más demoras y la falta de transparencia solo tendrán mayor impacto en la legitimidad del proceso electoral que no es coherente con la demostración de civismo que ha dado la ciudadanía.
De la misma manera, respaldan el trabajo de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE) en su rol de veedor externo y su anuncio de mantener su presencia en el país y reforzar su mandato en apoyo a la institucionalidad electoral, lo cual es una salvaguarda de transparencia y acompañamiento que requiere el pueblo hondureño en estos momentos de incertidumbre y falta de garantías de transparencia del proceso electoral. Es fundamental para ello que la MOE tenga pleno acceso a todos los procesos que tienen que ver con el conteo transparente de los votos, el escrutinio de las actas y su procesamiento hasta la finalización del proceso.
Manifiestan su preocupación por acciones que puedan conllevar a aumentar el clima de tensión que vive el pueblo hondureño. El Espacio ACI considera como ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que «la transparencia es uno de los aspectos fundamentales de la realización de elecciones libres y democráticas; asegurar el acceso a la información es una herramienta fundamental para favorecer la equidad y la legitimidad de los procesos electorales.
Además, genera un marco de confianza pública que favorece la libre circulación de las ideas y opiniones, y entrega herramientas para que la ciudadanía pueda generar control social en periodos eleccionarios».
Cabe señalar que varias organizaciones que avalan el posicionamiento no acudieron al evento; las sillas fueron ocupadas por jóvenes de una universidad de Estados Unidos traídos a Honduras por ASJ.
Responsabilizan a la oposición política de pretender boicotear las elecciones, de sembrar el caos y de dividir a la familia hondureña
Por: Redacción CRITERIO
redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-Representantes de organizaciones de sociedad civil presentaron este miércoles una posición sobre el proceso electoral con una clara inclinación a favor de la candidatura ilegal del presidente, Juan Hernández y con ataques hacia la oposición política.
“En la recta final del proceso, preocupa que algunos candidatos mantengan el discurso y la opinión dirigidos a sembrar dudas y restar credibilidad a las elecciones, generando incertidumbre”, señalan mediante una nota de prensa sin citar los nombres de los candidatos.
Es evidente que el contenido del documento va dirigido al Partido Liberal y a la Alianza de Oposición Contra la Dictadura, que la semana pasada pactaron un acuerdo de transparencia electoral, mediante el cual advierten que de no corregirse una serie de irregularidades no reconocerán los resultados del proceso, acusando directamente de manipular las elecciones del 26 de noviembre al Tribunal Supremo Electoral y al Partido Nacional para beneficiar al gobernante.
El documento fue presentado en conferencia de prensa por Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH), Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (Foprideh), World Vision Honduras (WVH), Proyecto Aldea Global (PAG), Espacio Regional de Occidente (Eroc), Comisión de Acción Social Menonita (CASM), Foro Social para la Deuda Externa de Honduras (Fosdeh), Plan Internacional, Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y la Asociación Nacional de Universidades Privadas de Honduras (Anuprih).
El texto no hace referencia a la ilegal postulación de la candidatura del presidente, Juan Hernández, quien contraviniendo la Constitución va en busca de un segundo periodo de cuatro años.
Al ser consultados sobre la reelección, el presidente de Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ) y del capítulo de Transparencia Internacional-Honduras, Carlos Hernández, dijo que ésta es el resultado de negociaciones entre la clase política.
«Todos sabemos aquí que el tema de la reelección fue un tema que parte y surge de una negociación», expresó Hernández sin dar los nombres de los negociadores.
Por su parte la exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, acusó a la oposición política de pretender sembrar el caos y el desorden y de tener intenciones mal sanas para que el proceso electoral no se lleve a cabo al estar pidiendo reformas electorales a última hora.
“No se vale que a esta altura estén pidiendo las reformas y ponerlas como condición para que hayan elecciones, tuvieron el tiempo suficiente para hacerlo, tienen los diputados en el Congreso Nacional para poder impulsar las reformas, así que la democracia es el respeto a la ley y en este sentido llamamos a que la ley se respete porque es la única del fortalecimiento institucional”, expresó la ahora catedrática de la Facultad de Ciencias Sociales, quien en ningún momento hizo referencia a la violación que está sufriendo la Carta Magna con la reelección presidencial.
Entre tanto el director de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), Omar Rivera, acusó a la oposición de ser incapaz e irresponsable, ya que pese a haber tenido mayoría en el Congreso Nacional no pudo lograr las reformas electorales y un debate en torno al tema de la reelección presidencial. Entonces ahora, «no puede pretender llevar al traste al próximo proceso electoral», sentenció.
Las organizaciones calificaron los comicios del 26 de noviembre como una oportunidad extraordinaria para demostrar la responsabilidad cívica de los hondureños, a quienes llamaron a ejercer de forma masiva el derecho al sufragio.
“La sociedad hondureña no puede ser sometida al trauma y la fractura social como la que vivió en 2009, por lo que pedimos a la clase política respetar los tiempos, procedimientos y las instituciones, y no arrastrar a los hondureños a una nueva crisis política de insospechadas consecuencias”, señala el comunicado.
Asimismo, instaron a los partidos políticos y candidatos a cargos de elección popular a presentar soluciones innovadoras y planteamientos objetivos, realistas y sostenibles, que marquen la ruta para avanzar y enfrentar los retos del país, así como a abstenerse del proselitismo cargado de insultos, descalificaciones y ataques
“En la recta final del proceso, preocupa que algunos candidatos mantengan el discurso y la opinión dirigidos a sembrar dudas y restar credibilidad a las elecciones, generando incertidumbre”, advirtieron.
Asistieron a la conferencia de prensa: Amanda Madrid, presidenta de Foprideh; Julieta Castellanos, representante de la UNAH; Alberto Solórzano, presidente de CEH; Carlos Hernández, secretario ejecutivo de ASJ; Omar Rivera, coordinador de Incidencia y Advocacy de ASJ, y Manuel Hernández, representante de World Vision Honduras.
“Las organizaciones e instituciones firmantes de la presente Declaración reiteramos nuestro respaldo al actual proceso electoral y esperamos que el 26 de noviembre próximo queden evidenciadas las convicciones democráticas de los ciudadanos y del Estado y que nos podamos sentir orgullosos del fortalecimiento de nuestro sistema democrático”, finalizaron.
