Por: Redacción CRITERIO.HN
Tegucigalpa. – La muerte violenta de dos privados de libertad en el centro penal de El Porvenir, Francisco Morazán, ha puesto al descubierto nuevamente la inoperancia del gobierno de Honduras en materia de seguridad y derechos humanos.
El hecho violento se ha registrado bajo la intervención militar y mientras los privados de libertad tienen prohibidas las visitas por las medidas de aislamiento impuestas para contener la pandemia de Covid-19, lo que desmitifica el argumento en cuanto a que las armas y las drogas son introducidas a los centros penales por los familiares de los privados, como lo aducen los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario (INP).
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Eventos de indolencia oficial que reviven la memoria de la más reciente masacre del 22 de diciembre del año pasado, cuando al menos 18 privados de libertad perdieron la vida de manera violenta en la cárcel de El Porvenir, Francisco Morazán a 115 kilómetros de la capital. Dos días antes de este hecho, más de 20 privados de libertad perdieron la vida en un incidente similar en el centro Penal de Tela, Atlántida.
Los crímenes ocurrieron curiosamente cuatro y seis días antes, de que el Poder Ejecutivo declara estado de emergencia en el sistema penitenciario nacional mediante la aprobación del PCM-069-2019.
Este jueves en el centro penal de El Porvenir, Francisco Morazán, se reportó la muerte violenta de Jairo Anwar Orellana Recinos y Evin Donaldo Pérez Rodríguez y otro privado de libertad, cuya identidad no se estableció, fue gravemente herido. Según la institución penitenciaria las víctimas fueron atacadas por sus compañeros de celda.
Carlos Sierra, del Centro de Investigaciones y Promoción de los Derechos Humanos, (Ciprodeh), atribuyó el hecho a factores creados por las mismas autoridades y que inciden en la inseguridad en el sistema carcelario del país.
A juicio del defensor de los derechos humanos y experto en temas de seguridad, la violencia en los centros penitenciarios de Honduras se origina por la intervención del gobierno central, la falta de investigación de los directores y subdirectores del INP que han sido separados en el pasado y a la colusión de las autoridades con el crimen organizado.
Han pasado más de siete meses desde la prohibición de visitas de familiares de los privados de libertad a causa de la pandemia de Covid-19, por lo que “pierde sentido el acusar a los familiares de traer armas y drogas como lo desvirtúa las dos muertes y un herido reportados este viernes”, dijo Sierra.
Lo señalado por el experto en seguridad desvirtúa el discurso de las autoridades penitenciarias, quienes siempre que ocurre un incidente violento dentro de las cárceles atribuyen estos hechos a los familiares de los privados de libertad.
Las cárceles de Honduras se mantienen intervenidas por los militares pese a los reiterados llamados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras instancias internacionales de derechos humanos, que han instado al Estado de Honduras a desmilitarizar el sistema penitenciario como una medida para garantizar el respeto a los derechos humanos de los privados de libertad.
De igual manera, el Examen Periódico Universal, (EPU), ha brindado recomendaciones que el gobierno sigue sin acatar y han abierto diálogos para mejorar las condiciones de los privados de libertad que no son tomados en cuenta.
Ante esos organismos el Estado de Honduras “llega a mentir, no cumple esos compromisos y persiste la impunidad”, dice Carlos Sierra.
Al contrario, el resultado es que se promueven las “torturas en las cárceles por parte de quienes lo tienen intervenido, mientras siguen ocurriendo muertes de privados de libertad y algunas veces al propio estilo del sicariato pretendiendo callar voces o testigos que pueden ser piezas claves para desenmascarar a diferentes autores intelectuales de hechos que se dan en el país”, puntualizó el defensor de los derechos humanos.
RESPONSABILIDAD SOCIAL
Tutelar la vida y la seguridad en las cárceles es responsabilidad única y exclusiva del gobierno y del Estado de Honduras, que se hace cargo de la vida de todo privado de libertad que debe gozar de programas de rehabilitación, desintoxicación y resocialización para reincorporarse a la sociedad, sin embargo, esas condiciones no son garantizadas por el Estado de Honduras, por lo que la violencia siegue siendo una constante en las cárceles.