Tegucigalpa.-Honduras se ha convertido en el país de Latinoamérica con mayor abuso de la excepcionalidad de seguridad nacional para el manejo de la información pública.
Lo anterior es una conclusión de Mariana Mas, experta en acceso a la información y seguridad nacional del Open Society Institute, con sede en Nueva York. Mas participó en el foro ciudadano “El derecho de acceso a la información pública y el carácter excepcional de sus limitaciones”, que se desarrolló el martes en Tegucigalpa, bajo la organización del observatorio de Justicia Penal de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
La experta en acceso a la información y seguridad nacional hizo la reflexión al hacer un análisis comparativo en la región latinoamericana sobre la excepcionalidad de la seguridad nacional, luego de haber analizado la Ley de Secretos Oficiales y Desclasificación de la Información Pública, más conocida como Ley de Secretos, vigente en Honduras desde el 7 de marzo de 2014.
Mariana Mas, experta en acceso a la información y seguridad nacional del Open Society Institute.
Mas analizó además la Ley de Acceso a la Información Pública vigente desde al año 2006.
A juicio de la experta, tanto la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública como la Ley de Secretos, tienen una serie de carencias e incumplimiento con los estándares internacionales, en lo referente a lo que regula el acceso a la información pública, específicamente en la información que proviene del sector seguridad.
Apuntó que la Ley de Secretos genera una limitación de las garantías al acceso a la información pública, ya que impacta en otras instituciones que no tienen que ver directamente con la seguridad.
La Ley de Secretos, que se aplica en 16 instituciones del Estado, clasifica la información pública en reservada, confidencial, secreta y ultrasecreta y el blindaje es de cinco, diez, 15 y 25 años respectivamente, pudiéndose prorrogar por el mismo periodo de tiempo.
“Todo estos son elementos de alerta sobre los impactos que deben darse en el acceso a la información pública y generan las condiciones para que haya un abuso en la reserva de la información”, dijo Mas.
A raíz de la aplicación de la normativa, los jueces hondureños no pueden tener acceso a información que se encuentra en el catálogo de la secretividad, sino cuentan con la autorización del presidente del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), es decir del presidente de la República. Esto de acuerdo a la experta internacional, no es más que la concentración del poder en manos del titular del Poder Ejecutivo.
La práctica que aplica en Honduras viola además el debido proceso, porque de acuerdo a la Constitución hondureña y a los estándares internacionales más básicos, tanto universales como interamericanos, un juez siempre debe garantizar un debido proceso, remarcó.
“Esto lo que está generando es el Poder Ejecutivo interviniendo sobre el mandato del Poder Judicial y esto es algo sumamente preocupante, ya que un juez, como un fiscal, debería tener acceso a los documentos requeridos”, señaló la visitante.
La MACCIH ha propuesto reformas a la Ley de Secretos, sin embargo estas no han sido consideradas por el Congreso Nacional, donde se celebran de manera recurrente pactos de impunidad que blindan la información que podría llevar al desmantelamiento de redes de corrupción.
Al respecto Mariana Mas dijo que si no hay los estándares básicos de acceso a la información pública, no pueden existir elementos de prevención de la corrupción.
Edy Tábora, director de Comité por la Libre Expresión.
Por su parte, el presidente del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), Edy Tábora, consideró ineludible que se armonice la legislación que conlleve al acceso a la información pública, para conocer mejor la gestión pública y el manejo de los recursos financieros.
Tábora apuntó que al sistematizar la información se ha descubierto que existen otras restricciones más graves a la Ley de Secretos como la Ley de Inteligencia que anula totalmente el derecho al acceso a la información pública.
Asimismo, la información relacionada a las exoneraciones fiscales, contemplada en el Acuerdo número 842-2018 de la Secretaría de Finanzas que declara en secreto dicha información y el Acuerdo Ministerial 1402-2018 de MiAmbiente, que establece secretividad en las licencias y otros trámites ambientales.
Allá en el Norte, la grave noticia es que el mentiroso del tupé rubio ahora acepta lo que antes negó, que le había pagado entre otras a la súper dotada actriz Tormentosa Daniella, para que no afectara a su familia, divulgando su escandalosa relación sexual.
Envidiosos. Como si a alguien, más allá de su intimidad, le tendría que importar quien se cogía a Trump antes que fuera Presidente. O incluso después, fuera de horas laborables. Que no fueron siempre así de mojigatos los gringos y a muchos de sus mejores presidentes -siéndolo- les permitieron tener relaciones extramaritales, sin reclamo. Una telenovela barata que acaso sirve para encubrir las serias acusaciones por abuso y corrupción contra alguno de sus ministros y la deriva de la investigación que tendría que despejar, pero no la sospecha de que, para ganar las elecciones con menos voto popular Trump se coludió con un estado enemigo
Pudiera ser solamente otra distracción. Pero el Departamento de Seguridad Interna de EUA anuncia ayer que, después de 20 años, el TPS no se extenderá más allá de enero del 2019 a los hondureños. En EUA no es una noticia importante. No la reproduce ninguno de los diarios mayores. La cubren ayer tarde solo los noticieros como Univisión y CNN en español, dirigidos por su medio y mercado al público latino.
Decimos que un suceso es histórico cuando constituye una novedad trascendente y acarrea noveles consecuencias. Hace seis meses se había cancelado el TPS para nicaragüenses, salvadoreños, haitianos y gentes de otros pelambres, y estaba claro -para quien quisiera ver- que la prorroga por seis meses para tomar la decisión sobre los hondureños era un transparente ardid, para no afectar la esperada reelección del régimen amigo. Muchos se hacían a la idea de que el caso de Honduras era excepcional. (A nosotros no, a nosotros no nos lo cancelan, ni van a cancelar porque a nosotros si nos quieren). Una veintena de congresistas mayoritariamente de oposición publicó una carta dirigida a su Ejecutivo pidiendo que se prolongara ese beneficio al hondureño, que vive aún una circunstancia tan difícil. JOH hizo lobby a sabiendas de que nada hacía porque había sido notificado. Aquí y allá se celebraron manifestaciones que iban desde lo ingenuo, escríbele una carta a tu diputado, hasta lo ridículo de los círculos de oración para que Trump se tocara el corazón, si tuviera. (La pretensión de que Dios es un jugador manipulable del azar político y se concierne con esa clase de tomadura de pelo es antiteológica.) En todo caso la revocación del TPS es una novedad trascendente que cancela una generosidad de larga data y tendrá consecuencias sin precursor ni paralelo, el retorno forzado de decenas de miles de personas que no consigan un cambio de estatus, que es cada vez más difícil, para cumplir la promesa política de Trump y crear la ficción de que sigue creando empleo en junio, cuando ya no sea así.
Si se hiciera la historia de la migración de hondureños a EUA ¿cuándo habría que arrancar? ¿En la segunda mitad de los 30s, en que ya allá se recuperaba la economía, aunque aquí la depresión se prolongó hasta el inicio de la guerra? ¿O justo, entonces, 1941 cuando, además de que muchos de nuestros muchachos se fueron a la batalla con el gringo como aliados, otros más numerosos fueron acomodados en los muelles y puestos de producción fabril vacados por la salida de las tropas? O ¿a mediados de los 50s cuando la crisis de la economía bananera después de la Gran Huelga indujo un éxodo también de las personas muy estrechamente vinculadas al enclave? Hacia Nueva Orleans y Boston. Habría que compilar y construir las series estadísticas.
Las guerras de los 1980s en todo Centroamérica impulsaron el éxodo a EUA de burgueses y aun milicos de Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Militares derrotados que en algunos casos los gringos repatriaron después para que enfrentaran la justicia por crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de esa guerra. Y por entonces se produjo también la primera migración propiamente económica de los hondureños que sufrían las consecuencias, de la fuga de capital y de la década perdida.
No sé si al tiempo que el primer ajuste neoliberal a inicios de los 90s trajo nuevas inversiones en maquila que proveían algún espacio para obreros en las zonas más desarrolladas amainó la presión migratoria. Pero a inicios de 1999 el TPS se fundamentó en la idea de que la devastación del mega huracán Mitch había provocado una oleada migratoria sin precedente, de gente que huía de la desaparición súbita de sus condiciones de subsistencia. El Programa reconocía que esa oleada respondía a una situación límite, supuestamente temporal, porque algún día nos íbamos a recuperar. Más tarde se fue prorrogando para un número fluctuantes de registros, ya que unos se regresaban por sus propias pistolas y otros advirtiendo que los iban a fichar, se escondían.
En la sucesión de esas prorrogas, entre las de los tepesianos, las de los migrantes con otro tipo de estatus y aun las de residentes –que guardan aun algún interés en volver o sufren mala conciencia por haber abandonado a padres y madres o niños y conyugues– las remesas anuales que los migrantes enviaban a la letrina hondureña superaron la cifra estratosférica de 4 mil millones de dólares. Y ese dinero devino el ingreso más importante del país. Animaba a nuestra economía más que el ingreso de otros rubros importantes (exportaciones de café, fruta, el turismo) porque está mejor repartido y sus receptores prácticamente tienen que gastarlo o invertirlo, mientras que otros podían distraer y retenerse. Valga profundizar en las reacciones. Que lucen estereotípicas e inútiles.
Un Comunicado de la Cancillería Hondureña, rumoran que hoy de Lizzy lamenta su cancelación, luego de una página de bonitos reconocimientos y agradecimientos de todo lo que el TPS significó. Por su lado Mel Zelaya condena la negación del derecho del migrante. Y plantea que al ejercicio indudablemente soberano del gobierno de EUA de cancelar un programa migratorio que considera lesivo a su seguridad, tendría que corresponderse otro simétrico ejercicio soberano para anular licencias de operación de las transnacionales y la concesión de la base de Palmerola. No parecen respuestas eficaces. La expulsión de las empresas estadounidenses solo agravaría el daño económico esperado. Honduras debe seguir siendo amiga de los EUA, pero si no hay alianza tiene que replantear su relación formal. Es buena idea revocar el convenio para bases militares en general, que afecta a nuestra seguridad ante el prospecto de una guerra y todas nuestras fuerzas deben dedicarse a proteger a nuestra población y en todo caso a retornados y visitantes, contra la delincuencia común, en vez de andar peleando guerras ajenas.
Tocoa, Colón. Los campesinos del Valle del Aguán realizaron una protesta por el 19° aniversario del asesinato del activista ambiental Carlos Escalera por órdenes del terrateniente Miguel Facussé.
Carlos se oponía a la instalación de una refinería de aceite de palma en la región lo que provocó la persecución y el posterior asesinato a manos del empresario dueño de la corporación Dinant.
Actualmente el caso continúa en la impunidad y al mismo tiempo más de 133 campesinos han sido asesinados a causa del conflicto agrario promovido por la ley de “modernización de tierras agrícolas” avalada por el Banco Mundial en beneficio de los terratenientes de la región. El mismo día de la movilización fueron asesinados el presidente del Movimiento Unificado Campesino del Aguán junto con un acompañante.
José Ángel Flores recientemente asesinado por sicarios en el Bajo Aguán
El día 18 de octubre del 2016 diversas organizaciones no gubernamentales reconocían la gran lucha que ha sostenido la coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), Miriam Miranda, galardonada en la primera edición del premio ambiental Carlos Escaleras por la defensa y protección de territorios ancestrales de este país centroamericano. El mismo día, Honduras se vestía de luto. En Tocoa, principal ciudad del departamento de Colón donde se vive uno de los principales conflictos por tierra en Honduras, disparos de bala arrebataban la vida a los luchadores sociales José Ángel Flores y Silmer Dionisio George, presidente y dirigente del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), respectivamente.
Reconocer en vida las acciones de los luchadores sociales y ambientales es una de las tareas que se ha propuesto el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), la Fundación San Alonzo Rodríguez, Radio Progreso y el Centro de Derechos de Mujeres mediante el premio Carlos Escaleras. En un país como Honduras donde la cifra de asesinatos de activistas ha rebasado los 200 desde el golpe militar en 2009, distintas organizaciones lanzaron su campaña “Defender sin Miedo: Tu vida, la mía, nuestra casa común”, enmarcado en la entrega del galardón para Mirian Miranda por sus más de 30 años de lucha.
El premio Carlos Escaleras, nace en memoria del ambientalista hondureño asesinado en 1997 por sostener una lucha contra el emporio del empresario Miguel Facussé Barjum quien pretendía instalar una planta extractora de aceite de palma africana que terminaría contaminando el río Guapinol, cauce que abastece de agua a varias comunidades de la región. El empresario Facussé murió en 2015, heredando una amplia gama de sectores económicos controlados por su familia a partir de la fundación de la fábrica Químicas Dinant, centrada en los sectores de alimentos, la agricultura industrial como la palma africana, biodiesel, biogás y productos de limpieza.
Muerte anunciada
El MUCA, mediante un comunicado publicado el 21 de octubre de este año, denunció que el Comando de Operaciones de los Estados Unidos ha estado entrenando a grupos paramilitares que ahora están asesinando a sus líderes, gracias a la conformación de “escuadrones de la muerte”. La organización social precisa que las operaciones se vienen llevando a cabo desde el año 2010 en la base militar de Río Claro, departamento de Trujillo, y que desde entonces se ha dado entrenamiento a unidades de fuerzas especiales de Honduras, en colaboración “con altos mandos militares”.
El MUCA denunció que el Comando de Operaciones de los Estados Unidos ha entrenado a grupos paramilitares que ahora están asesinando a sus líderes
El 5 de diciembre del 2014 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), exhortó al gobierno de Honduras para que implementara las medidas cautelares concedidas a varios líderes campesinos del Bajo Aguán. Para este propósito se delegó a Sagrario Prudott, funcionaria de la secretaría de Seguridad. Sin embargo, hasta la fecha no se ha hecho nada para detener los crímenes contra campesinos.
Desarrollo y asesinatos
La situación de violencia generada en el Bajo Aguán es producto de un problema estructural derivado de la concentración de las tierras en pocas manos.
“Hemos sufrido permanente persecución y hemos sufrido diversos atentados, pero continuamos en la lucha siguiendo el legado de Carlos Escaleras”, remarcó Esli Vanegas de la Coordinadora de Organizaciones del Aguan (COPA) durante una protesta realizada el día 18 de octubre en las calles de Tocoa para recordar el asesinato del activista.
La concentración de tierras en Aguán empeoró después de 1992 tras la aprobación de la Ley de Modernización Agrícola. Dictada por el Banco Mundial, junto a un paquete de políticas de ajuste estructural, la ley redujo los apoyos a los productores agrícolas locales y a su vez incrementó el respaldo al sector de exportaciones, pero sobre todo permitió vender tierras colectivas a inversores privados. Esto ha aumentado las luchas territoriales con muestras extremas de represión por parte de empresas aliadas al estado hondureño.
El MUCA surgió en 2001 e integra alrededor de 3,500 familias campesinas que demandan la devolución de sus tierras para fines de Reforma Agraria. “Nosotros estamos pidiendo la devolución de nuestras tierras, porque les fueron robadas a nuestros padres por medio del Banco Mundial, quien apoyó la Modernización Agrícola”, dijo Jaime Adelí Cabrera, Coordinador de la Plataforma Agraria de la Zona del Aguán.
La Ley de Modernización Agrícola fue un estrategia del gobierno para favorecer a las principales empresas que producen palma africana, quienes acapararon las tierras en tres grandes terratenientes agroindustriales: la familia Facussé de la Corporación DINANT, René Morales del Grupo Agropalma y Reinaldo Canales, de origen salvadoreño, detalló Vanegas.
Vista aérea de una pequeña parte de los monocultivos de palma africana
que se expanden por el caribe hondureño debido a intereses de empresarios corruptos.
Al acaparamiento de tierras para el cultivo de la palma africana se suma la ganadería intensiva, los proyectos mineros, presas hidroeléctricas y complejos turísticos que han desplazado a comunidades enteras en diversas regiones de Honduras. No sólo se ha utilizado la Ley de la Modernización Agrícola, sino también el engaño, la fuerza pública y grupos de sicarios.
“El Banco Mundial apoyó la Modernización Agrícola y los préstamos que está dando a las grandes corporaciones están siendo utilizados para contratar sicarios que asesinan a los líderes sociales. Esos préstamos también son para pagar al ejército”, agrega Adelí.
“Desde que el Banco Mundial concedió esos préstamos a los terratenientes nosotros hemos vivido en la pobreza. Los países que están comprando aceite y biodiesel están comprando sangre y muerte de los que han caído por defender sus tierras”, sostuvo Santos Torres, del Movimiento Campesino Gregorio Chávez.
Más muertes y amenazas
Han pasado ya 8 meses desde que el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, entonces coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), causó un gran impacto a nivel mundial. Cáceres fue galardonada con el Premio Medioambiental Goldman y se destacó por la lucha para detener la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, de la empresa DESA (Desarrollos Energéticos S.A.) con financiamiento de bancos europeos (FMO y FINNFUND, de Holanda y Finlandia respectivamente) y el Banco Mundial.
Mientras los órganos encargados de impartir justicia en Honduras se jactan de haber sufrido el robo del expediente de su caso, miembros del COPINH continúan recibiendo amenazas de muerte por mantener la lucha contra megaproyectos hidroeléctricos, mineros, eólicos, REDD+ y las ciudades modelo.
Tomás Gómez, presidente del Copinh
Tomas Gómez Membreño, Coordinador General del COPINH, responsabiliza a las empresas y los bancos que han financiado los megaproyectos de las agresiones contra la organización lenca.
“En mi caso he sufrido alrededor de siete atentados. Es principalmente porque quieren debilitar a los movimientos sociales en el país. Los mismos entes del Estado como la policía y el ejército son los que nos vigilan todos nuestro movimientos”, agrega Membreño.
Después del asesinato de Cáceres, otros dos líderes del COPINH fueron asesinados: Lesbia Yaneth Urquía, quién luchaba contra la privatización del agua mediante proyectos de energía en La Paz, y Nelson García, asesinado en Río Lindo dos semanas después de Cáceres.
A pesar de los asesinatos contra el COPINH, sus miembros están en un proceso de reorganización y preparándose continuamente para seguir su lucha para expulsar los megaproyectos en el territorio indígena Lenca. “Nosotros como pueblos Lencas no dibujamos las fronteras, fue la colonización quienes han querido dividir el Abya Yala – nombre de América antes de la colonización- y nosotros somos un mismo pueblo, no hay países y debemos de apostarle por este rumbo, con nuestras propias propuestas contra el saqueo, el despojo y la criminalización”, añade Membreño.
Seguridad Nacional
Honduras es un país geoestratégico y es un tema de seguridad nacional para los Estados Unidos quien desde los ochentas instaló su primera base militar en Palmerola, bajo el argumento de contrarrestar el narcotráfico. En 2015, tras la visita a Honduras del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, John Nelly, se amplió su presencia militar con la creación de la unidad especial en Honduras para “misiones de colaboración”.
El Coordinador de Actas del COPINH, José López, asegura que la gran mayoría de los proyectos vienen acompañados con un plan de seguridad. “Son proyectos de muerte no solo porque están matando a la naturaleza, sino que también a los activistas y a los pueblos. Incluso porque hay proyectos para ampliar las bases militares estadounidenses en el territorio Lenca y en el resto de Honduras”.
Para el coordinador la militarización antecede la instalación de megaproyectos. “A estas alturas los pueblos ya sabemos que todos los proyectos, principalmente los del capital transnacional, vienen acompañados con un proyecto de seguridad que les permita implementar y ejecutar el saqueo de cualquier forma”, recalcó José López.
López asegura que el ejército hondureño es asesorado por los Estados Unidos y se aplican estrategias de inteligencia para eliminar a líderes y activistas sociales y ambientales.
“En toda comunidad donde existen estos proyectos está presente la USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional). Ellos llegan con estrategias a las comunidades, engañando a la gente, regalando semillas y regalando abonos. Prometen más apoyos, pero no es eso–su estrategia es desarticular los movimientos sociales, las luchas populares, para hacer espionaje y filtrar información de cómo están constituidos los movimientos. La USAID está metido en el proyecto de Agua Zarca en Rio Blanco. ¿Qué nos da a entender? Que USAID estuvo asesorando a DESA y quizá dando fortalecimiento económico, y está presente en todas las comunidades donde tiene presencia el COPINH y eso equivale a tener al gobierno de los Estados Unidos. Por un lado nos meten bases militares, por otro a los cuerpos de paz y otras series de espionajes. Esto se da en todos los países de Latinoamérica”, agrega López.
Triángulo Norte
El año 2015, el gobierno de los Estados Unidos aprobó 750 millones de dólares para los países del Triángulo Norte de Centroamérica (PAPTN): El Salvador, Guatemala y Honduras.
Entre las condiciones para liberar dichos fondos está el combate a la corrupción, incluyendo la investigación y persecución penal de funcionarios públicos; combate a las redes criminales, el narcotráfico y el crimen organizado; E investigar y procesar penalmente en sistemas civiles de justicia a miembros de las fuerzas militares y cuerpos policiales sobre quienes pesen acusaciones creíbles de violaciones a los derechos humanos.
“Los 700 millones para el Triángulo Norte no van a resolver la problemática o sacar de la pobreza a los países, más bién es para apoyar a las policías y a los ejércitos. Nosotros decimos que es para apoyar más fuertemente la militarización de la región.
“Es para asegurar que las empresas estadounidenses se puedan instalar con la protección de los gobiernos y ese proyecto va a incrementar más la migración de las comunidades indígenas y de la población centroamericana y continuará más la represión, los presos y los asesinatos”, finaliza Gómez Membreño.(Tomado de cipamericas.org)
