Reformas electorales: de la oposición a la colaboración con la dictadura

Por: Tomas Andino Mencía

Tremendo alboroto se ha armado por el acuerdo político de las cúpulas de los partidos Nacional, Liberal y LIBRE en torno a las reformas electorales; y no es para menos pues este acuerdo tiene implicaciones funestas para el futuro del movimiento contra la dictadura de JOH.

El acuerdo ha sido justificado por sus defensores, incluido el mismo Mel, con cuatro argumentos principales: 1) LIBRE tiene derecho a tener representante ante el futuro Consejo Nacional Electoral (CNE) y Tribunal de Justicia Electoral (TJE), los órganos que serán creados gracias a esas reformas, además de integrar el RNP con reformas a su Ley orgánica. 2) No hay otra manera de lograr que LIBRE tenga representación en esos organismos que no sea llegar a un acuerdo con los cachurecos porque ellos tienen control del Congreso. 3) La presidencia de esos órganos será rotativa cada 5 años por lo que LIBRE en algún momento tendrá acceso a ese puesto. 4) el Pueblo no tiene capacidad de sacar a JOH de otra forma que no sea con votos. Adicionalmente, nos venden como positivo que los temas de la reelección y la segunda vuelta serán sometidos a plebiscito, porque así será respetada la voluntad popular, dicen.

USAR LA LÓGICA POLÍTICA

Usemos la lógica política para empezar:

Tener un solo representante de nada le sirve a la oposición porque estará en minoría frente a la alianza del bipartidismo, así como actualmente está en minoría en el Congreso Nacional, razón por la cual la mayoría mecánica PN y PL bloquea sus iniciativas. Para creerles tendrían que demostrarnos como es que LIBRE piensa romper la alianza cachureca-liberal que han sostenido por décadas.

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Asumiendo que se logra el milagro de romper la alianza bipartidista y se convence al lado oscuro del Partido Liberal de que lo que más le conviene es hacer dupla con LIBRE contra el Partido Nacional, está el problema de que las resoluciones y fallos del TJE, a petición de parte, podrán quedar sin efecto por sentencia de la Corte Suprema de Justicia, ya que la Constitución tiene a este como tribunal de alzada. ¿Y en manos de quien creen que esta la Corte (por cierto, recién electa en 2016 y que vacará en sus funciones en 2023)? En manos del Partido Nacional.

El argumento de la rotación de la Presidencia en esos órganos, es un mal consuelo. Suponiendo que cachurecos y liberales respetaran el ciclo, es de suponer que el Partido Nacional y el Liberal no serán tan ingenuos de darle tan importante cargo cuando toque un año electoral, si acaso se lo ceden, pues desde ya el bipartidismo ha expresado resistencia en este punto. Con suerte, a LIBRE le toque una Presidencia antes de diez años, si los otros partidos se ponen de acuerdo en darle la cola por turno.

Pero seamos más optimistas y sonemos por un momento que los magistrados cachurecos en la Corte Suprema de Justicia le darán la razón a LIBRE y votarán contra su propio partido. En ese caso, ¿creen que el Partido Nacional estaría dispuesto a ceder el poder sin utilizar el mecanismo último que tiene todo estado burgués para no perder el control de su Estado, los militares? La oligarquía siempre tiene la opción del Golpe de Estado si ve peligrar su hegemonía política.  En el 2009 demostraron que son capaces de hacerlo. Si lo sabemos, ¿por qué se deposita tanta confianza en ellos? ¿Para qué dar semejante rodeo para terminar en lo mismo de 2009?

En cuanto al plebiscito y el referéndum, la Ley Especial que regula esos mecanismos de consulta, está diseñada para que quien tiene el poder defina todo: desde la pregunta, los extremos de las respuestas, hasta el control de la consulta misma. ¿A quién en su sano juicio se le ocurriría confiar en la imparcialidad de un CNE mayoritariamente en manos del bipartidismo? Y lo mismo ocurre en el RNP, la mayoría de sus funcionarios y el poder de decisión, lo reservaran para ellos los partidos tradicionales. La “vigilancia” de la OEA y la UE no es ninguna carta de garantía, ya que obedecen a la agenda políticas de Estados Unidos, como lo evidencio la pasada coyuntura electoral.

Las probabilidades de que estos escenarios fantásticos se hagan realidad para garantizar imparcialidad y respeto a la voluntad popular, son insignificantes o casi nulas. Creerlo va contra toda la experiencia histórica y el conocimiento que se tiene del bipartidismo, y es pecar de una cándida ingenuidad, o de una acción consciente. En el mundo real, lo más probable es que el bipartidismo haga caer a LIBRE en una trampa que lo condenara a nuevas derrotas electorales. No se requiere tener un doctorado en Ciencias Políticas para preverlo. Ya ocurrió en 2013 y 2017, y de seguir así, seguirá ocurriendo.

DE LA OPOSICIÓN AL OPORTUNISMO

Aparte que la lógica política nos dice que no es una buena decisión confiar en delincuentes políticos, hay tal vez otros temas más graves a considerar.

Desde el punto de vista estratégico, hacer una insurrección supone desconocer la legitimidad del dictador que se quiere sacar; también es incompatible con llegar a acuerdos de gobernabilidad con este, porque al hacerlo, se le da la estabilidad que necesita para seguir afectando al Pueblo. No es casual que al hablar de insurrección hagamos acopio del Artículo 3 constitucional, que considera al gobernante un “usurpador”. En esa línea, el acuerdo de LIBRE con el Partido Nacional y el Partido Liberal, equivale a renunciar al objetivo de sacar a JOH del poder durante los siguientes tres años, mediante una verdadera insurrección, y por consiguiente, a darle estabilidad en ese periodo. Siento decirlo, pero eso es oportunismo y una traición al Pueblo.

El argumento de que solo se puede sacar a JOH en elecciones seria verdadero si en Honduras hubiera un Estado de derecho, democrático, que respeta la independencia de poderes, los pesos y contrapesos, la alternabilidad en el poder y la libertad de expresión. Pero si somos serios al decir que estamos ante una dictadura, ese argumento es falso.

 En el caso de Honduras, la vía electoral ha demostrado ser la forma más inútil para sacar al dictador, en vista del control que este tiene del Estado. Si no, véase lo que paso en las elecciones de 2009, 2013 y 2017. En realidad, la forma más efectiva es basarse en la masiva movilización popular, e insurreccionar al Pueblo, saliéndose del juego del dictador, para lo cual es necesaria una estrategia de acumulación de fuerzas y aprovechar las oportunidades del contexto. Eso sí, con una dirigencia con las agallas y la determinación de ir hasta el final en el propósito para infundir confianza en la población.

Otro argumento falaz con el que justifican sus maromas conciliadoras con el régimen, es decir que tienen que hacerlo así porque el Pueblo no quiere salir a enfrentar a la policía y al ejército, ni a tomar las armas. Me gustaría que repitieran esa idea ante los cadáveres de casi 40 asesinados por la dictadura, ante los miles de heridos y golpeados; ante los presos políticos por insurreccionarse de verdad. La historia se ha encargado desmentir esa idea. ¿Quiénes semi paralizaron el país en noviembre de 2017, tomando centenares de tramos carreteros en los que se enfrentó de manera masivamente a una Policía Militar bien armada? No fueron marcianos, fue el valeroso Pueblo hondureño, en especial su juventud. De hecho, para diciembre de ese año, las masas enardecidas estaban haciendo retroceder a policías y militares, y comenzaban a pedir (y en algunos casos, a resolver) el tema del armamento para enfrentar la criminal represión del dictador.

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En realidad, durante el levantamiento popular de noviembre-diciembre 2017, las cosas ocurrieron al revés de cómo nos las pintan: ¿Quién le dijo al Pueblo que la insurrección popular debía ser “pacifica” y desautorizo responder con armas a la violencia gubernamental? ¿Quién dijo que debía hacerse un alto en la lucha cerca de la Navidad, cuando el gobierno estaba asfixiándose por el paro nacional, en su momento de mayor debilidad? Correcto, Mel Zelaya, el mismo que dijo que debíamos dejar las trincheras para ir a hacer nacatamales. ¿Quién dijo a la gente, viniendo de un viaje de Estados Unidos, que debían suspenderse las acciones de lucha “porque los gringos apoyan al gobierno” y que por eso “no hay nada que hacer”? Acerto: Salvador Nasralla. Por tanto, sería más honesto de parte de quienes critican la “falta de disposición del Pueblo”, que digan que quienes demostraron no tener esa disposición, es el liderazgo caudillezco de la oposición y no el Pueblo rebelde de Honduras.

El Pueblo da muestras de arrojo cuando percibe coherencia política y contundencia en sus líderes, de lo contrario se refugia en la desconfianza y la desesperanza, como ocurre actualmente. En buena medida, eso explica el éxodo que muchos hondureños decidieron hacer desde el año pasado.

El punto anterior nos lleva a un problema ético: se le está vendiendo al Pueblo la falsa idea de que los “Comandos Insurreccionales” son colectivos con los que se sacara a JOH mediante acciones de insurrección, cuando en realidad su cúpula está pensando en usarlos como una especie de Comandos de campaña en la calle, y a futuro, como Comandos de defensa del voto, de cara al proceso electoral de 2021. Más que preparar un verdadero levantamiento popular, los movimientos del líder de LIBRE apuntan a su posicionamiento como candidato, mediante asambleas, mítines, banderillazos, todos disfrazados de “insurrección”.

Lo peor es que a estas personas se les expone a la represión e, incluso, a perder la vida en acciones que tienen un fin distinto al proclamado, mientras, por otro lado, su liderazgo se sienta a dialogar con el dictador para llegar a acuerdos pacíficamente.  ¿Qué sentido tiene juramentar en público, ante las cámaras de los cuerpos de inteligencia, a los integrantes de los comandos insurreccionales, en un acto que no puedo calificar de otro modo que irresponsable? ¿Qué sentido tiene convocar a un paro un día domingo, cuando no afecta el sistema económico de la oligarquía? El único sentido que tiene es que no se piensa hacer ninguna insurrección real sino una campaña política.

Es un principio básico en toda negociación, que ambas partes ceden y a la vez ganan. ¿Qué gana el bipartidismo? Según la reforma, el Partido Nacional y el Liberal ganan estabilizando al régimen porque todo el descontento social existente, se pospone para ser canalizado al punto muerto de las elecciones, donde ellos tienen el control. Ganan porque, según el acuerdo, el tema de la reelección será sometido a plebiscito y en el mismo JOH tiene la oportunidad de “legalizar” sus pretensiones reeleccionistas sin necesidad de una Constituyente, contra lo cual ofrendaron su vida muchos compañeros y compañeras. Ganan porque al acercar al principal partido de oposición al bloque de poder, dividen a esta dándole más oportunidad de perpetuarse en el gobierno. Ganan porque al cerrar la representación del CNE, TJP y RNP a tres magistrados, miembros de los tres partidos mayoritarios, secuestran a estos organismos del control ciudadano, blindándose respecto a otras fuerzas políticas que podrían hacer contrapeso al oficialismo. Ganan porque al estabilizarse en el poder, evitaran ser vulnerables a las extradiciones, los juicios políticos, por su vinculación con el narcotráfico y la corrupción. Y en cuanto a perdidas, hasta ahora no he podido encontrarles ninguna.

¿Qué gana LIBRE?

Gana una representación decorativa en el futuro CNE, TJE y RNP, que estará maniatada ante la aplanadora chacureca liberal. Gana que se le permitirá contratar a unos cuantos centenares de burócratas como empleados de esos organismos. Gana Mel porque tendría la oportunidad de hacer campaña abierta a favor de la reelección. Y pare de contar. ¿Qué perdió? Perdió la oportunidad de ser un partido de vanguardia de la verdadera insurrección que sigue siendo una necesidad en el país, porque ahora se ha integrado a la gobernanza de la dictadura. Perdió credibilidad ante muchos de su misma base, que dieron el pellejo en la calle, luchando contra lo que ahora sus dirigentes permiten: la reelección.

En el balance, es claro que, con ese acuerdo, hay más ganancias para la dictadura y el bipartidismo y más pérdidas para la gente consecuente de LIBRE y de la oposición.

 Esto me trae al último punto ¿Por qué LIBRE se niega a integrar la Acción Ciudadana contra la Dictadura para dar más fuerza a la lucha contra JOH? He leído argumentos como; “Ahí están los golpistas y oportunistas”, “LIBRE es la verdadera oposición” o “Ese es un proyecto de la Embajada” y cosas por el estilo. Pero ¿acaso Mauricio Oliva y el lado oscuro del liberalismo, liderado por el tenebroso Carlos Flores Facusse, con quienes negocian y llegan a acuerdos políticos los dirigentes de LIBRE, son menos “golpistas y oportunistas”? Oliva y Carlos Flores son los perros de garra del régimen actual. Y en cuanto a la Embajada gringa: ¿A favor de quien se manifiesta la Encargada de Negocios Fulton cada vez que abre la boca: de JOH o de la oposición?

Comparto que muchos de los personajes de la Plataforma Ciudadana, son nefastos como tales, algunos de ellos golpistas, pero coinciden con nosotros en algo: por sus propios motivos, se oponen al dictador y se puede explotar esa contradicción principal, restándole aliados al enemigo. Al final las guerras se ganan debilitando al enemigo, todo depende del bando en el que uno se quiera colocar, con tal (y esto es una advertencia) que los sectores populares no renuncien nunca a sus propios planteamientos. Por otro lado, no puede negarse que en la ACD se encuentra la única coalición de organizaciones populares que ha hecho llamados a la movilización contra el neoliberalismo, contra la reelección y contra la dictadura por fuera de intereses partidarios: me refiero a la Convergencia contra el Continuismo. Por eso, negarse a unificar a todas las fuerzas de oposición contra la dictadura para hacer acciones de calle es un acto divisionista que le hace un gran favor al enemigo principal: JOH.  Eso se ve reflejado en la debilidad de los actos públicos que cada sector convoca por separado. Así que no les luce darse baños de pureza, cuando transan con lo más podrido del sistema político hondureño.

En conclusión, la dirigencia de LIBRE solo tiene dos opciones: O rompe con ese juego y apuesta verdaderamente a hacer una lucha unificada contra el dictador, o se une a su bloque de poder, conformándose con las migajas que le reserven por sus buenos servicios.

Reformas a la ley del TSC debilitan sus atribuciones de auditoría y fiscalización: MACCIH

Llama al pueblo a exigirle a los diputados para que replanteen el objetivo de las reformas presentadas en el proyecto de Ley y una buena socialización

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa. – Si bien las reformas planteadas a la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas brindarán algunos elementos que fortalecerán su independencia administrativa y fomentarán las auditorias preventivas en las instituciones que manejan fondos públicos, y garantizará la autonomía presupuestaria del TSC.

Es también cierto que parte de dichas reformas debilitan las atribuciones de auditoria y fiscalización del Tribunal y la independencia del Ministerio Público.

Por tales razones, la MACCIH hace un llamado al pueblo hondureño para que exija a sus representantes en el Congreso Nacional, para que replanteen el objetivo de las reformas presentadas en el proyecto de Ley y una socialización que integre todos los sectores.

En un comunicado la MACCIH señala que el objetivo de este proceso debe ser garantizar que el Tribunal Superior de Cuentas sea una institución profesional, técnica y eficaz, que pueda cumplir a cabalidad su mandato legal, que es el de velar por el buen manejo de los fondos públicos del Estado de Honduras.

Y en aras de fortalecer el trabajo del TSC hizo las siguientes observaciones sobre esas reformas:

  1. La supresión de los incisos 7, 8, 9, 10, 11, 12 de artículo 5 de la Ley Orgánica supondría que el TSC no podría auditar ni fiscalizar fondos de concesionarios privados, las alianzas público-privadas (APP), las privatizaciones de las empresas del Estado y los fideicomisos, así como recursos estatales ejecutados por Organizaciones No Gubernamentales. Esto presumiría un retroceso en los procesos en la transparencia y la rendición de cuentas y restringiría las acciones de fiscalización que está llevando a cabo el TSC en algunas instituciones del Estado y con actores privados que tienen relación con la utilización y administración del erario público.
  2. La reforma del artículo 86 del anteproyecto de ley demora los procesos administrativos dentro del TSC, ya que extiende los plazos para la presentación de informes de auditoría de 15 a 90 días hábiles para dictar resolución definitiva. El segundo párrafo de ese mismo artículo 86 permite al Pleno del TSC otorgar una prorroga sin límite de tiempo para emitir resolución sobre los pliegos de responsabilidad, sin un protocolo causal que lo justifique.

Este extremo de la reforma puede traer consigo vicios sustantivos de impunidad, y es contrario a los preceptos establecidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC), los tratados internacionales sobre la materia y los principios del debido proceso establecidos en la Constitución hondureña.

  1. La reforma del artículo 50 vulnera las atribuciones del Ministerio Público, al pretender que previamente se agote la vía administrativa para poder iniciar las acciones judiciales pertinentes. Esto se contradice con la Sentencia AP 512-12 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (de 21 de enero de 2014), que confronta la pretendida reforma y expresa que: “la competencia del Ministerio Público no depende absolutamente del inicio, desarrollo o finalización de otras acciones, ni se determina por la existencia de otras vías o jurisdicciones, sino que nace de la ley”

Nacionalistas, libres y liberales logran acuerdos parciales sobre reformas electorales

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.- Las bancadas del Partido Nacional, Partido Libertad y Refundación (Libre) y del Partido Liberal, afín a Elvin Ernesto Santos, lograron la noche de este jueves acuerdos para la creación y conformación de dos nuevas instancias electorales.

El diputado de Libre, Francisco Paz explicó que el impasse que se dio a eso de las 2:00 de la tarde, cuando se suspendió la sesión, fue porque los nacionalistas no querían ceder sobre la rotación de los magistrados al Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y querían presidirlo por los cinco años que dura el período que está previsto para iniciar en el mes de mayo.

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También era parte del cuello de botella que los nacionalistas querían que el último recurso en materia electoral fuera ante la Corte Suprema de Justicia, pero al final se determinó que la máxima autoridad sea el Tribunal de Justicia Electoral, y esto es lo mas lógico porque no tenía razón de ser la creación del TJE si todo se iba a dilucidar en el Poder Judicial, explicó el parlamentario.

Entre las reformas están la creación del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral. El primero para administrar los procesos electorales y el segundo para solucionar problemas, conflictos o reclamos originados de la actividad proselitista y electoral.

Lo aprobado esta noche no implica reformas electorales, más que la conformación de los dos nuevos entes, que vendrán a suplantar al Tribunal Supremo Electoral (TSE), con la diferencia que ahora se ha integrado al Partido Libre.

SEGUNDA VUELTA PASA A SEGUNDO PLANO

En virtud que en Honduras existe un debilitamiento institucional y que a raíz del golpe de Estado de 2009 se rompió el bipartidisno, integrado por los partidos Nacional y Liberal, con el surgimiento en el 2011 del Partido Libre, se requiere de la aprobación de la segunda vuelta o balotaje que garantice que el presidente sea electo con la mayoría de los votos.

Sin embargo este tema pasó a un segundo plano al igual que el plebiscito para consultarle a los hondureños si están de acuerdo o no con la reelección presidencial. Inicialmente los partidos Libre y Liberal, habían planteado que ambos temas fueran sometidos a un plebiscito, pero al final esto no sucedió.

El proyectista que empujo la creación de las dos nuevas instancias electorales, el diputado de Libre Jorge Cálix, pidió a la cámara la dispensa de dos debates, logrando así la aprobación con el respaldo de 109 de los 128 congresistas que conforman el Poder Legislativo.

Por tratarse de reformas constitucionales, lo aprobado esta noche será ratificado mañana al iniciarse la segunda legislatura.

Reformas electorales en el Congreso son puro maquillaje: Nasralla

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa. – Sobre las reformas electorales que están por aprobarse en el Congreso Nacional son un maquillaje a lo que realmente necesita Honduras, dijo el expresidenciable de la Alianza Contra la Dictadura, Salvador Nasralla.

Si no hay segunda vuelta y si no se le permite votar al millón 200 mil personas que viven en los Estados Unidos en Honduras va a continuar la crisis con o sin elecciones, dijo Nasralla.

Sobre el cambio señaló que ya se hizo porque antes se llamaba Tribunal Nacional de Elecciones (TNE) y se cambió a Tribunal Supremo Electoral (TSE), y no hubo ningún cambio, más bien empeoró.

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Sobre las vinculaciones del presidente Juan Hernández con el narcotráfico, señaló que el Ministerio Público no actúa porque es manejado por el mandatario y él es el jefe de la pandilla que maneja esas actividades en Honduras.

Con estas acciones de la institucionalidad hondureña están orillando al pueblo a que tome la justicia por su propia mano porque el Ministerio Público no lo va a hacer dijo Nasralla.

La MACCIH preocupada por reformas encaminadas a reactivar el Fondo Social Departamental

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.- La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) manifiesta su profunda preocupación por las reformas aprobadas por el Congreso Nacional hondureño orientadas a reactivar el Fondo de Desarrollo Departamental (FSD), el cual permite a los diputados la administración y ejecución de fondos públicos. Estas iniciativas posiblemente colisionan con el artículo 245 de la Constitución hondureña, que señala taxativamente que la administración del Estado y la Hacienda Pública están bajo el control del Poder Ejecutivo.

La MACCIH quiere advertir al pueblo hondureño de los riesgos la reactivación del Fondo de Desarrollo Departamental, bajo los argumentos establecidos en el presente comunicado, ya que son fondos que históricamente han sido utilizados de forma discrecional y poco transparente por algunos agentes públicos, como ya quedó demostrado en las líneas investigativas presentadas por los equipos integrados UFECIC-MACCIH en el caso «Red de diputados». La Misión hace un llamado al pueblo hondureño a estar vigilantes de estas acciones, que pueden perjudicar el interés público y abrir la puerta a la malversación de fondos públicos; así como causar violación a los principios que sustentan el Estado de Derecho.

La Misión considera igualmente que es necesario hacer una reforma legal que garantice la creación de un sistema de rendición de cuentas capaz de prevenir actos de corrupción, haciendo un control de los gastos en tiempo real o de manera simultánea a su realización, o en todo caso, que haga un control previo de la ejecución de estos recursos. Creemos que, solamente de esta forma se puede tener un sistema que evite actos de malversación de recursos públicos.

Argumentación

La Misión manifiesta lo anterior en cumplimiento de las cláusulas 3.1.3.1.2 y 4.1.1 del Convenio para el establecimiento de la MACCIH-OEA, que le otorga el deber de fortalecer el marco jurídico e institucional hondureño de la prevención y combate a la corrupción. La preocupación de la Misión se origina en virtud del Decreto No. 81-2018, aprobado el 1 de agosto de 2018, que reforma por adición del artículo 81-A de Ley Orgánica del Congreso Nacional y el artículo 230 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República para el Ejercicio Fiscal 2018.

Esta reforma va encaminada a resaltar la necesidad y el deber del Poder Legislativo de aprobar una Lev Especial del Fondo de Desarrollo Departamental, donde se establecerá el procedimiento y liquidación del Fondo. Una de las variables de esta reforma está orientada a establecer un mecanismo de auditoria anual que será realizado por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), y no sólo las comprendidas en los períodos de Gobierno 2006-2010, 2010-2014, 2014-2018, como lo establecía la reforma de enero de 2018. Aunado a esto, el Congreso Nacional ha aprobado la reforma por adición del artículo 81-A la Ley orgánica del Poder Legislativo, la cual está orientada a crear una Ley que regule el FSD, que podrá ser aprobada por mayoría simple de los diputados y tendrá una asignación anual de 400 millones de lempiras.

Como hemos mencionado, esto posiblemente colisione con el artículo 245 de la Constitución, ya que este postulado de la gestión estatal también está contemplado en los artículos 9 y 10 de la Ley General de la Administración Pública, donde se expresa que la administración pública está constituida por los órganos del Poder Ejecutivo (Presidencia de la República, Consejo de Ministros y Secretarías de Estado).

Igualmente, el artículo 205 constitucional referente a las atribuciones del Congreso Nacional, no contempla en ninguno de sus apartados la facultad para que los (as) Legisladores puedan administrar y ejecutar fondos provenientes del erario público. Por el contrario, el Poder Ejecutivo si cuenta con esta potestad derivada de la constitución de ser el administrador del Estado, así como también lo señala el artículo 16 de la Ley General de Presupuesto, «La administración de los recursos públicos corresponde, según su titularidad, al Poder Ejecutivo por medio de la Secretaría de Estado en el despacho de Finanzas, o a los demás organismos públicos que por ley tuvieran atribuida esa facultad».

Esta reformulación de reactivar parcialmente el FDS mediante la reforma de la Ley orgánica del Congreso Nacional y la Disposiciones Generales de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2018, podría así tener vicio de inconstitucionalidad, atentando contra los principios emanados de la Constitución y la sana administración del Estado, al pretender realizar interpretaciones comparadas, que buscan extender facultades que la misma ley le otorga a otro poder del Estado. El texto constitucional en su artículo 4 sustenta esta tesis de que: «La forma de gobierno es republicana, democrática y representativa. Se ejerce por tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, complementarios, independientes y sin relaciones de subordinación.

 

Modificar el artículo 184 debilitaría la lucha contra la corrupción: MACCIH

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa. – Modificar el artículo 184 del Código Procesal Penal como pretende hacerlo el Congreso Nacional de Honduras, tendría como consecuencia el debilitamiento en la lucha contra la corrupción ha dicho este miércoles la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), mediante un comunicado.

La misión señala que de darse esas reformas aumentarían las posibilidades que los implicados en casos de corrupción se den a la fuga.

A la vez, incrementa la posibilidad de que puedan ejercer violencia contra los testigos de tales causas, realizar maniobras para hacer desaparecer los bienes producto de las actividades criminales por las cuales están siendo procesados, así como la práctica de nuevos delitos.

Comunicado MACCIH

La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) manifiesta su preocupación por la presentación de la iniciativa legislativa que pretende modificar el artículo 184 del Código Procesal Penal de Honduras.

La pretendida modificación tendría como consecuencia el debilitamiento de la respuesta penal a graves delitos cometidos, entre ellos los de homicidio, asesinato, femicidio, tráfico de drogas, secuestro, asociación ilícita, extorsión, robo de vehículos, violación y lavado de dinero, entre otros.

En caso de ser aprobada, la reforma legislativa posibilitará que los acusados de tales delitos queden en libertad, lo que aumentaría las posibilidades de fuga de los imputados por dichos delitos.

Esto, a su vez, incrementa la posibilidad de que puedan ejercer violencia contra los testigos de tales causas, realizar maniobras para hacer desaparecer los bienes producto de las actividades criminales por las cuales están siendo procesados, así como la práctica de nuevos delitos.

La adopción del texto actual del artículo 184 del Código Procesal Penal tuvo originalmente como objetivo garantizar la vida, seguridad, integridad física, libertad personal y la propiedad de las personas, así como fortalecer la lucha contra la violencia, el tráfico de drogas, la corrupción y otros delitos graves.

Las circunstancias históricas que llevaron a la adopción de tal legislación no han sido superadas y siguen estando presentes en la sociedad hondureña.

Para hacer frente a problemas graves y a hechos extraordinarios de violencia, corrupción e impunidad, son justificadas la adopción de medidas extraordinarias.

La MACCIH recuerda que delitos como el lavado de activos están asociados a otros crímenes graves, como el tráfico de drogas, la actividad de organizaciones criminales y la corrupción institucionalizada.

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Igualmente recuerda que una reforma similar contenido fue aprobada por el Congreso Nacional y vetada por el presidente de la república en el año 2016.

La MACCIH exhorta a la sociedad hondureña a reflexionar sobre las consecuencias de la pretendida reforma e insta a mantener las actuales medidas legislativas para garantizar la efectiva sanción de aquellos delitos asociados con graves hechos de violencia y corrupción.

Reformas a la Ley de Privación de Dominio son parte del pacto de impunidad: Jari Dixon Herrera

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-A criterio del diputado por el Partido Libertad y Refundación (Libre) Jari Dixon Herrera, las reformas aprobadas anoche en el Congreso Nacional sobre la Ley de Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, son parte del “pacto de impunidad” que se ha venido confeccionando por parte de los corruptos.

El parlamentario,  quien fue fiscal del Ministerio Público y férreo crítico de la corrupción, dijo que las reformas que fueron aprobadas con el voto de 70 parlamentarios del Partido Nacional, de partidos emergentes y de un grupo de diputados del Partido Liberal afines a Elvin Santos, tiene un fin oculto para proteger a los corruptos.

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Las reformas contemplan la no incautación de los bienes a las personas particulares o funcionarios, que sean acusados por los delitos de lavado de activos y otros relacionados a actos de corrupción, mientras sean objeto de un proceso judicial, sino una vez que hayan sido vencidos en juicios.

A criterio de Jari Dixon Herrera con las reformas se extingue el objetivo de la creación de la Ley de Privación de Dominio, “que era asegurar los bienes producto de presuntos actos delictivos y poder recuperar los bienes a favor del Estado”.

Ahora—señaló—pueden pasar muchas cosas sobre los bienes porque ya no será la Oficina de Bienes Incautados (OABI) que determinará la custodia de los bienes mientras haya una sentencia.

Por otra parte, apuntó que es casi seguro que aquellas personas a quienes se les han incautado bienes pedirán la aplicación de la retroactividad de la ley porque muchos de los casos podrán ser catalogados como materia penal.

“Lo más seguro es que los abogados penalistas que llevan estos casos de personas involucradas en estos delitos, seguramente van a pedir la retroactividad, porque si es materia penal. Cómo pueden decir los diputados en el Congreso que no es materia penal, si quien asegura bienes son los fiscales que tienen las acción penal y pública. Si quien aplica la sentencia es un juez de lo penal, cómo me van a decir a mí que no es materia penal, claro que es materia penal”, altercó.

También manifestó que con las reformas, alguien que sea acusado por el delito de lavado de activos no estará obligado a probar de dónde obtuvo los bienes sino que será el Estado que le deberá demostrar de dónde los consiguió y “eso va a ser imposible, porque por lo general el lavado de activos viene del crimen organizado y narcotráfico”.

En pocas palabras—dijo—para el Estado será muy difícil poder castigar a personas acusadas por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Es decir que muchos acusados saldrán libres y recobrarán sus bienes.

Para el congresista, la aplicación de la ley como se venía haciendo no se trataba de violentar el principio de presunción de inocencia sino de aplicar la probación de la carga acusatoria en el marco del derecho penal y que es aplicado en muchos países del mundo.

Amplio que en materia de derecho penal hay exenciones porque no es lo mismo que el derecho civil. A modo de ejemplo citó los innumerables casos de personas que están privadas de su libertad sin tener sentencia, porque el Código Procesal Penal establece una excepcionalidad porque no todo mundo está bajo libertad bajo la premisa constitucional de que se es inocente mientras no se le compruebe lo contrario.

Lamentó además que las reformas a la Ley de Privación de Dominio favorezcan a los testaferros, porque se establece que los “compradores de buena fe podrán rendir caución”, lo que a su juicio implica que de ahora en adelante no se podrá investigar  “ni a los testaferros”, es decir, “que  la MACCIH es una misión que ya se fue sin haberse ido, porque ya tiene pocas, pero muy pocas posibilidades de investigar casos de corrupción”.

TRASFONDO

El parlamentario consideró que las reformas a la Ley de Privación de Dominio tienen  un trasfondo y es parte de un “pacto de impunidad” que han venido delineando los corruptos.

En ese marco de estructuración, recordó la reducción de penas para los delitos de corrupción en el Código Penal, la reforma ilegal a la Ley de Presupuesto, la reforma a la Ley de Privación de Dominio y la negativa para la derogación de la Ley de Secretos y para la no aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz. “Todo esto se llama pacto de impunidad entre los corruptos o entre la clase política y económica de este país”.

Reformas a la Ley de Privación de Dominio fortalecen la corrupción: Gabriela Castellanos

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-Las reformas aprobadas anoche a la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito “son un esfuerzo feroz, tangible y exagerado por parte del Poder Legislativo, es decir el Congreso Nacional, para fortalecer el tema de la corrupción”, dijo este miércoles la directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) Gabriela Castellanos.

La funcionaria de la instancia de sociedad civil reaccionó incómoda ante las enmiendas a la Ley de Privación de Dominio aprobadas con el voto de 70 parlamentarios del Partido Nacional, partidos emergentes y con el respaldo de un grupo de diputados liberales afines a Elvin Santos.

Gabriela Castellanos
Así estuvo la votación anoche sobre las reformas a la Ley de Privación de Dominio.

Castellanos manifestó que con las reformas se protegerá a corruptos y corruptos que el CNA ha señalado por más de cuatro años. “Lamentamos profundamente, pero más que ese lamento (….) le decimos a la ciudadanía que se pronuncie, porque esa es una acción más y todavía con mayor fuerza en temas de impacto de impunidad”.

Lamentó además que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) haya admitido ayer un recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra el convenio entre el gobierno de Honduras y la Organización de los Estados Americanos (OAE) para el establecimiento de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).

A juicio de Castellanos, el recurso de inconstitucionalidad debitará o pretende debilitar a la MACCIH. El recurso fue interpuesto por el abogado Juan Sánchez Cantillano, apoderado legal de cinco exdiputados y tres miembros de una ONG’s, acusados judicialmente por drenar fondos del Estado para uso particular, gracias a un requerimiento fiscal impulsado por la MACCIH y la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic).

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Consideró que ante tanta embestida contra la MACCIH la ciudadanía tiene que salir y alzar su voz y evitar que la Misión de la OEA se vaya del país porque su presencia es una solicitud de la ciudadanía indignada a través de las marchas de antorchas.

La corrupción en Honduras, según la directora del CNA siempre ha nacido y ahora con mayor fuerza, desde el Congreso Nacional, donde la mayoría de los diputados se “están blindando” ante la corrupción, creando herramientas y procesos para evitar ser investigados.

En diciembre pasado la Junta Directiva del Congreso Nacional cambió el espíritu de una reforma formulada a la Ley de Presupuesto, que le quitó la facultad de investigación penal al Ministerio Público sobre la ejecución de fondos públicos por parte de diputados y funcionarios del Estado.

Ante tantas acciones que van en contra del combate de la corrupción, Castellanos clamó por la escogencia de un nuevo Fiscal General de la República  independiente, profesional y mínimamente técnico.

Transparencia internacional en Honduras presenta demanda de inconstitucionalidad contra reformas a ley de presupuesto

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn 

Tegucigalpa.- Carlos Hernández, secretario ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y representante de Transparencia Internacional (TI) en Honduras, interpuso este viernes una demanda de inconstitucionalidad en contra de las reformas aprobadas por el Congreso Nacional a la Ley Orgánica del Presupuesto de la República (Ejercicio Fiscal 2018).

El documento pide la declaración de inconstitucionalidad por vía de acción en forma parcial por razón de contenido de los preceptos legales establecidos en los artículos 123 y 238 del Decreto Legislativo No. 141-2017 aprobado el 18 de enero de 2018. Además, solicita que se declare la inconstitucionalidad de los preceptos legales contenidos en la Fe de Errata publicada en el Diario Oficial “La Gaceta”, número 33,458, del 24 de enero de 2018.

“La reforma contradice abiertamente los principios Constitucionales de Legalidad en la actividad de la Administración Pública, el principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley, además de los postulados contemplados en los artículos 324 de la Constitución de la República que establece la responsabilidad civil y solidaria con el Estado de un servidor público que infringe la ley en perjuicio de un particular (…) también contradice lo establecido en el artículo 327 constitucional que dispone que la Ley regulará la responsabilidad civil del Estado, la solidaria, así como la penal y administrativa de los servidores del Estado”, apunta la demanda.

Señala además la vulneración tajante de “la representación, defensa y protección de los intereses de la sociedad y el ejercicio oficioso de la acción penal pública por parte del Ministerio Público, al derivar la determinación de responsabilidad penal al Tribunal Superior de Cuentas (TSC)”. Hernández se presentó a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), acompañado por varios ciudadanos y representantes de las organizaciones agrupadas en Transformemos Honduras (TH) y la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ).

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“Creemos que estas reformas son nocivas para los esfuerzos y la lucha contra la corrupción que se está haciendo en el país, daña enormemente la imagen del país y creo que en este momento tenemos que buscar mecanismos para dar mensajes claros, contundentes que la lucha contra la corrupción en Honduras no es un discurso, es una acción en la que todos los actores sociales, políticos y económicos estamos involucrados para tratar de reducir la impunidad”, declaró el dirigente de sociedad civil.

Se prevé que en los próximos días estas organizaciones ciudadanas presenten nuevas demandas de inconstitucionalidad contra las reformas mencionadas.

La Asociación de Cooperación Internacional están preocupados por reformas para proteger funcionarios corruptos

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn 

Tegucigalpa.- La Asociación de Cooperación Internacional (Espacio ACI), mediante un comunicado ha manifestado su preocupación por las reformas a los Artículos 16 y 131-A de la Ley de Presupuesto General (Decreto 83-2004) que pretenden frenar las investigaciones a funcionarios y diputados corruptos, aprobadas por el Congreso Nacional.

La medida supone una evidente acción administrativa dilatoria conferida al TSC y un debilitamiento de las competencias y atribuciones del Ministerio Público y el Poder Judicial en lo que respecta a la determinación de las responsabilidades penales por casos de corrupción, reza el comunicado. 

«Nos preocupan las consecuencias que esta medida podría tener sobre los casos de corrupción que actualmente están siendo investigados por la UFECIC y la MACCIH», dice la Asociación de Cooperación Internacional ACI.

Comunicado del espacio ACI:

La Asociación de Cooperación Internacional (Espacio ACI), constituida por 29 ONG internacionales con presencia y trabajo en Honduras, manifiesta su preocupación y considera muy grave las reformas a los Artículos 16 y 131-A de la Ley de Presupuesto General (Decreto 83-2004). Según el vocero de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), Juan Jiménez Mayor, estas reformas “se habrían realizado con el objetivo de frenar diversas investigaciones sobre corrupción en el país”.

En años anteriores el Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) señaló que las Disposiciones Generales del Presupuesto constituyen normas complementarias a la Ley Orgánica del Presupuesto, que a su vez está sujeta a la Constitución de la República, y no deben alterar otras leyes que jerárquicamente son superiores.

En concordancia con las declaraciones del señor Jiménez Mayor nos preocupa que, según la disposición aprobada, los casos de corrupción de tres períodos de gobierno (2006-2010, 2010-2014, 2014-2018) deban ser conocidos por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) previo a cualquier acción judicial en el país.

Esta medida supone una evidente acción administrativa dilatoria conferida al TSC y un debilitamiento de las competencias y atribuciones del Ministerio Público y el Poder Judicial en lo que respecta a la determinación de las responsabilidades penales por casos de corrupción. El proceso de nombramiento de los magistrados del TSC en el 2017 fue fuertemente criticado desde la sociedad civil hondureña.

Nos preocupan las consecuencias que esta medida podría tener sobre los casos de corrupción que actualmente están siendo investigados por la UFECIC y la MACCIH. Según el comunicado de la MACCIH, la medida podría provocar el archivo provisional de varios procesos de importancia, incluyendo “la investigación conocida como ‘RED DE DIPUTADOS’, que […] abarca a más de 60 diputados y ex diputados de la Nación, incluyendo el propio presidente del Congreso Nacional, así como a altos funcionarios del Poder Ejecutivo y representantes de más de 30 ONG” y que -según cálculos de la MACCIH- solo entre 2011 y 2015 podría haber supuesto la sustracción de más de 1,300 millones de lempiras.

El pasado 24 de enero se vio la primera consecuencia de la disposición aprobada, cuando la jueza Alma Consuelo Guzmán determinó acogerse a la reforma aprobada en el decreto 141-2017 y trasladar al TSC las diligencias con relación a los primeros cinco diputados y así paralizando las investigaciones de la MACCIH por un periodo de tres años.

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En este sentido, desde el Espacio ACI apoyamos la solicitud realizada por el señor Jiménez Mayor y diversos sectores de la sociedad hondureña -incluyendo el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA)- de que se derogue o declare inconstitucional el Artículo 238 del Decreto 141-2017. Adicionalmente, instamos a las autoridades hondureñas a que cumplan con sus obligaciones según la Convención Interamericana contra la Corrupción y el convenio con la OEA para el establecimiento de la MACCIH, eliminando todas las barreras que podrían entorpecer la labor de esta institución.

Esperamos que no llegue a materializarse ese “Pacto de impunidad” que ha sido denunciado, ya que supondría un claro incumplimiento de los compromisos de Honduras en materia del combate a la corrupción y un duro golpe a la vigencia del Estado de Derecho en el país.

Tegucigalpa, Honduras.

Jueves 25 de enero de 2018.