Partido Liberal mocionará en el Congreso Nacional para que se amplíen poderes a la MACCIH

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa. – El Partido Liberal de Honduras mocionará en el Congreso Nacional, a través de uno de sus diputados para que se amplíen los poderes de le Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), dijo este día en conferencia de prensa, Luis Zelaya, presidente del Consejo Central Ejecutivo (CCEPL).

El comunicado,  señala que ha existido y existe falta de voluntad y complicidad de los operadores de justicia de desarrollar una lucha frontal y eficaz contra las mafias vinculadas directamente al Partido Nacional que saquean al erario público.

Los liberales demandan que el Ministerio Público, proceda de inmediato a iniciar y/o acelerar las investigaciones y procesos judiciales de los actos señalados en los informes presentados por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).

En otro de los puntos del comunicado, reclaman a la Corte Suprema de Justicia que resuelva favorablemente el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Ministerio Público sobre la reforma de la Ley Orgánica de Presupuesto, conocido como el Pacto de Impunidad, y evitar que el acto de corrupción señalado como la red de diputados permanezca en un estado de condenable impunidad.

Comunicado

En relación con los últimos acontecimientos en torno a la lucha anti corrupción en el país, particularmente los relacionados con la Misión De Apoyo Contra La Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), el PARTIDO LIBERAL (PLH), al liberalismo, al pueblo hondureño, a la comunidad internacional y a la prensa, COMUNICA:

  1. Los demoledores informes presentados por la Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos (UIASC) del CNA y la MACCIH, en los que se señalan vergonzosos y colosales actos de corrupción que involucran a funcionarios, diputados, magistrados y particulares contra los intereses del Estado, constituyen actos de lesa patria que evidencian la COMPLICIDAD y FALTA DE VOLUNTAD de los operadores de justicia de desarrollar una lucha frontal y eficaz contra las mafias vinculadas directamente al Partido Nacional que saquean al erario público.
  2. DEMANDAMOS que el MINISTERIO PÚBLICO, en deuda con el pueblo hondureño por su falta de eficiencia y eficacia en el cumplimiento de su mandato constitucional, proceda de inmediato a iniciar y/o acelerar las investigaciones y procesos judiciales de los actos señalados en los informes citados, que abarcan al Despacho de la ex Primera Dama en el período 2010-2014, al IHSS, Secretaria de Salud, ENEE, PRAF, TSE, INFOP y Congreso Nacional. El PLH decidirá, oportunamente, su posición en la trascendental elección del próximo fiscal general, basado en la idoneidad, antecedentes, trayectoria y capacidad del candidato propuesto.
  3. RECLAMAMOS a la Corte Suprema de Justicia resuelva favorablemente el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Ministerio Público sobre la reforma de la Ley Orgánica de Presupuesto, conocido como el Pacto de Impunidad, y evitar que el acto de corrupción señalado como la red de diputados permanezca en un estado de CONDENABLE IMPUNIDAD.

EXIGIMOS que mientras las investigaciones y procesos judiciales se llevan a cabo, todos los funcionarios, diputados y magistrados señalados en la comisión de actos de corrupción se RETIREN de manera inmediata de sus respectivos cargos y funciones, para no afectar el desarrollo de los mismos.

  1. Ha quedado claramente evidenciado que el Convenio que da origen a la MACCIH REQUIERE ser ampliado, fortaleciendo las funciones y atribuciones de la Misión, ante los furibundos ataques provenientes de una clase política corrupta que se ve amenazada, por lo que en los próximos días estaremos presentando por medio de uno de nuestros diputados una moción en dicho sentido. Esperamos el apoyo UNÁNIME de todos los diputados al Congreso Nacional.
  2. El gobierno ilegítimo que hoy detenta el poder —como consecuencia en parte del incumplimiento de las Fuerzas Armadas de su mandato constitucional de velar por la alternabilidad en el ejercicio del poder-, es el máximo responsable de que estos esfuerzos avancen, pues los señalamientos que se hacen vinculan a altos funcionarios de las administraciones anterior y actual, y sus familiares. Es IMPERATIVO que cesen las acciones por parte del poder Ejecutivo —como la compra de equipo para espionaje telefónico-, que buscan CERCENAR, MINAR y/o DESACREDITAR el plausible trabajo que, pese a las limitantes, han desempeñado el CNA y la MACCIH, organismos que RESPALDAMOS, poniendo a su DISPOSICIÓN el PLH para toda acción que fortalezca la lucha contra la corrupción e impunidad.
  3. Los cooperantes internacionales que hacen posible la existencia de la MACCIH deben de velar porque sus recursos sean empleados de manera TRANSPARENTE y en esfuerzos que persigan el logro de los objetivos y propósitos de la Misión, por lo que los EXHORTAMOS a que exijan de la OEA informes detallados de la inversión que se realiza, así como resultados concretos.
  4. HONDURAS, sin duda, está indignada. El pueblo hondureño —los ciudadanos, las iglesias, la empresa privada, los medios de comunicación,- deben COMPRENDER la importancia que tiene lograr que los criminales que han saqueado las finanzas públicas no queden impunes y paguen por sus delitos, por lo que la CONDENA SOCIAL y la ACCIÓN DE PROTESTA PACÍFICA no deben cesar hasta lograr los objetivos.

Tegucigalpa, M.D.C., 25 de febrero de 2018.

CCEPL-CP-10-2018

La investigación del asesinato de Berta Cáceres apunta a los poderes políticos de Honduras

Editorial de Diario ElPaís.es

La ecologista Berta Cáceres, que fue asesinada en 2016, en La Esperanza, Intibucá, Honduras

Los resultados de la investigación del asesinato de la activista ecologista hondureña Berta Cáceres han vuelto a poner sobre la mesa la peligrosa connivencia en algunos países de Latinoamérica del poder político —ya sea local o nacional— con la violencia mortal ejercida contra quienes se oponen a la esquilmación de los recursos naturales.

Cáceres era una figura icónica en Honduras por su lucha a favor del medioambiente y de los pueblos indígenas. En particular denunciaba la expropiación ilegal de sus tierras por parte del Estado y la explotación irregular de los recursos naturales del país. Una de sus principales victorias fue la paralización de la construcción de una presa que estaba construyendo una gran compañía china.

En marzo de 2016 fue asesinada en su domicilio y el Gobierno se comprometió a aclarar los hechos. Año y medio después, las conclusiones de la investigación son muy negativas para las propias autoridades del país: funcionarios del propio Gobierno de Honduras y empresarios de alto nivel están vinculados con el asesinato.

Honduras es uno de los países más peligrosos para los activistas defensores del medio ambiente. Solo en 2016 fueron asesinadas 14 personas. Pero desgraciadamente no es el único en una lacra que ya se prolonga durante demasiado tiempo. En todo el mundo durante el año pasado fueron asesinadas por este motivo más de 200 personas. Y a ello habría que sumar lesiones, agresiones y amenazas.

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Los Gobiernos en cuyos países suceden estos hechos están en la obligación de proteger la vida de sus ciudadanos por muchos inconvenientes que les puedan plantear sus ideas. No tiene sentido ratificar tratados internacionales de protección del medio ambiente mientras en el interior de sus territorios hay individuos o grupos organizados que pueden atentar sin temor contra la vida de personas como Berta Cáceres.