A 88 asciende las denuncias por violencia doméstica durante confinamiento
Por: Redacción CRITERIO.HN
redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. A 88 asciende el número de denuncias por violencia doméstica presentadas en Honduras durante el periodo de confinamiento, pero éstas serán atendidas hasta que el Poder Judicial regularice sus actividades, informó el Juzgado Contra la Violencia Doméstica.
Las denuncias fueron presentadas a partir del 16 de marzo, un día siguiente de la declaratorio del estado de excepción, según precisó en un comunicado el Juzgado Contra la Violencia Domestica.
De las 88 denuncias, 84 fueron presentadas a través del Ministerio Público (MP) y la Dirección de Policía de Investigación (DPI). No obstante, la justicia hondureña ha informado que hasta que el Poder Judicial normalice las actividades serán efectuadas las audiencias correspondientes.
Las actividades en el Poder Judicial se encuentran suspendidas a raíz del estado de excepción declarado para evitar la propagación del coronavirus (Covid-19). Este domingo el gobierno extendió la medida del confinamiento por una semana más, es decir que su vigencia se ha extendido hasta el domingo 26 de abril.
“Una vez se normalice la situación en este Poder del Estado se les comunicará a los denunciantes las fechas para sus respectivas audiencias”, especifica el boletín.
Mientras que las cuatro denuncias restantes fueron presentadas por las víctimas, quienes “se apersonaron hasta este despacho judicial a presentar las denuncias de violencia en su contra por parte de sus compañeros de hogar”, amplió el Juzgado Contra la Violencia Domestica que precisó que en este caso se les precisó las fechas tentativas para la audiencia.
En el comunicado también se informó que hasta la fecha “ya suman 27 los casos de detenidos en flagrancia por agredir física o psicológicamente a sus compañeras de hogar o sus parejas”. Y “a todos los casos se les ha aplicado medidas de seguridad a las que refiere la Ley Contra la Violencia Domestica en su artículo 6”, concluye.
El artículo al que se hace referencia reza lo siguiente: “Para tutelar o restituir los derechos de las mujeres que sufran de violencia doméstica se establecerán mecanismos de protección que consiste en: medidas de seguridad, precautorias y cautelares”.
En el caso del Poder Judicial, que estamos consolidando un proceso, nosotros no miraríamos alejado el día en que podamos prescindir de una entidad extranjera porque tenemos que aprender a caminar solos”: Rolando Argueta, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Honduras.
Tegucigalpa.-La lucha contra la corrupción emprendida a partir de la presencia de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) podría llegar pronto a su fin.
Los actores que están pujando para que la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) llegue a su término, ya lo están expresando con insistencia en algunos medios de comunicación.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta, es uno de los altos funcionarios que en los últimos días ha emitido juicios de valor sobre el convenio suscrito el 19 de enero de 2016, entre el gobierno de Honduras y la OEA y que entró en vigencia el 19 de abril de 2016.
Terminar con la vigencia del convenio “está dentro de las posibilidades” y valorar “si podemos o no caminar solos y eso va a depender de qué tanto ha ayudado a consolidar las instituciones”, expuso Argueta, tras enfatizar que la presencia de la MACCIH durante los últimos tres años ha ayudado a consolidar las instituciones del Estado.
La vigencia del acuerdo fue pactado para cuatro años, por lo que la ampliación tendría que hacerse antes del 19 de abril de 2020. La noche de este domingo el presidente de la CSJ, declaró en el programa 30/30 de la Corporación Televicentro que una vez que se acerque esa fecha hará consultas, con los jueces y fiscales del circuito de corrupción, magistrados, sociedad civil, usuarios del sistema, docentes universitarios, Colegio de Abogados de Honduras y otras instancias.
El presidente de la Corte Suprema de Honduras, Rolando Argueta, compareció anoche en el programa 30/30 de la Corporación Televicentro.
Lo anterior implica que el convenio estará a merced de los deseos de la clase política gobernante, que controla todos los espacios antes mencionados y que desde un inicio ha mantenido un discurso de ataque y desprestigio frente a la instancia de la OEA.
Para dar una impresión de voluntad y buenos deseos, Argueta citó entre los sectores a consultar a los propios personeros de la MACCIH y apuntó que la idea de la ronda de consultas es forjarse una opinión técnica.
El 6 de marzo de 2018, cinco congresistas imputados por delitos de corrupción por haber sustraído recursos del Estado para fines particulares, interpusieron un recurso de inconstituciolidad contra la Misión. Ante la presión ejercida por el gobierno de los Estados Unidos de América, a través de su embajada en Tegucigalpa, la Corte declaró constitucional el convenio el 30 de mayo de 2018.
De acuerdo a lo establecido en el convenio la continuidad del mismo está en manos del gobierno, quien tendrá que firmar la ampliación de su vigencia y luego el Congreso Nacional tendría que hacer la ratificación, de tal forma que la MACCIH continúe realizando su función o en su defecto se vaya del país y se repita la historia de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que se encuentra entre la espada y la pared ante el rechazo de la clase corrupta a la cabeza del presidente, Jimmy Morales.
La historia de Honduras es similar a la del vecino país, ya que en los requerimientos interpuestos por la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) del Ministerio Público, se encuentran varios diputados, empresarios y personas particulares.
De acuerdo a las declaraciones vertidas por Omar Menjivar, apoderado legal de Fernando Suárez, testigo clave del caso Pandora, la difunta Hilda Hernández, hermana del jefe de gobierno, Juan Hernández, lideró una estructura criminal que sustrajo fondos del Estado para financiar la campaña política de su hermano y para caprichos personales de la familia Hernández. Según Menjívar, todas las transacciones contaron con el visto bueno de gobernante.
EL PODER JUDICIAL SE HA FORTALECIDO
Según el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, la presencia de la Misión ha servido para el fortalecimiento institucional. De manera particular, en el Poder Judicial—dijo—han existido muchos avances, especialmente en la reducción de la mora judicial y la creación de circuitos judiciales orientados a castigar la corrupción.
Con sus declaraciones, Argueta soslayó que casi todos los imputados por corrupción han sido sobreseídos o han recibido medidas distintas a la prisión.
Por otra parte, aclaró que la relación más cercana con la MACCIH es la que se da con el Ministerio Público por la naturaleza constitucional, referente a la investigación de los delitos de la tipología de la corrupción. Contrario a lo que sucede en el Poder Judicial, “porque los jueces son independientes, y no podemos nosotros ponerle a un personero a una entidad extranjera o nacional, a trabajar a la par de ellos en la forma de juzgar y ejecutar lo juzgado”.
“En el caso del Poder Judicial que estamos consolidando un proceso, nosotros no miraríamos alejado el día en que podamos prescindir de una entidad extranjera porque tenemos que aprender a caminar solos”: Rolando Argueta, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Honduras.
Consultado directamente sobre el fin de la MACCIH, Argueta respondió que está medianamente cerca.
Rolando Argueta fue electo presidente de la Corte Suprema de Justicia, tras un alargado y viciado proceso, que se originó de un arreglo político entre los partidos Nacional y Liberal. Argueta es un cercano amigo de Juan Hernández.
Tegucigalpa.-Acabar con el juego de intereses que ponen en entredicho la imparcialidad y la independencia de la justicia sigue siendo una utopía en Honduras. Una muestra de ello es la placa de reconocimiento entregada este viernes por el alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, al presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta.
El edil, perteneciente a las filas del opositor partido Libertad y Refundación (Libre), se congració con el presidente del Poder Judicial para agradecer, según él, la labor realizada por Argueta en beneficio de los ciudadanos del municipio de Tocoa.
Argueta ocupó la mesa principal esta mañana durante la inauguración de una Oficina de Antecedentes Penales en la ciudad de Tocoa, junto al edil de este término municipal, Adán Fúnez y el gobernador departamental de Colón, Carlos Aguilar.
«Si mejoramos la justicia eso mejora la calidad de vida y la contribución para la paz y armonía para la sociedad, que es el anhelo de este Poder Judicial, por eso traemos la posibilidad de conseguir la constancia de antecedentes penales a esta ciudad», dijo Argueta al dar por inaugurada la oficina.
Más adelante expresó que «ahora es normal que personas que se creían intocables sean llevadas ante un juez, por lo que hemos avanzado en seguridad e investigación de casos».
Las palabras de Argueta contrastan con el papel que en las últimas semanas ha jugado la justicia hondureña al dejar en libertad a los implicados en el caso Pandora, al modificarles el delito de lavado de activos por el de encubrimiento, que es de menor cuantía y que les ha permitido defenderse en libertad gracias a la conmutación de la pena mediante el pago de 10 lempiras diarios.
La acción del Poder Judicial ha frenado la lucha anticorrupción que ha venido abanderando la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y la Unidad Fiscal Especial de Combate Contra La Impunidad de la Corrupción (Ufecic).
El alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, se dirige a los presnetes durante la inauguración de la Oficina de Antecedentes Penales.
En sus declaraciones el año pasado ante el Tribunal de Nueva Tork, el jefe de la banda de Los Cachiros, Devis Leonel Rivera Maradiaga, manifestó que el cartel que él manejaba en la zona atlántica de Honduras, fue asistido por varios políticos y entre estos mencionó al alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, quien ejerce un segundo mandato bajo las filas del partido Libre.
Este es el Palacio de Justicia de la ciudad de Tocoa, Colón. Hoy lució resguardado por la seguridad del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta.
Tegucigalpa. – El Frente Parlamentario de Apoyo a la MACCIH (FPAM), exhorta al Poder Judicial a actuar de manera independiente en la judicialización del caso Pandora, presentado por la UFECIC-MACCIH para afianzar el Estado de derecho y dar respuestas a las demandadas de justicia del pueblo.
Además, hace un llamado a toda la población a mantenerse alerta y a no permitir retrocesos en la lucha contra la corrupción, señalando que solo las acciones conjuntas pueden detener a los corruptos que se roban los fondos públicos y mantienen al país en la pobreza.
Comunicado
El Frente Parlamentario de Apoyo a la MACCIH (FPAM) felicita y expresa su reconocimiento y respaldo a la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y a la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y Corrupción (UFECIC), por revelar el caso “Pandora” que involucra a 38 funcionarios, entre ellos actuales diputados y funcionarios públicos.
La presentación del correspondiente requerimiento fiscal ante la Corte Suprema de Justicia y la solicitud de ordenes de captura para los implicados, es un hecho que demuestra los alentadores resultados del sistema anticorrupción que se ha instalado en el país con el apoyo de la MACCIH.
Además, indica que, pese a los constantes ataques, la MACCIH sigue vigente, trabajando con las instituciones hondureñas para enfrentar las redes de la corrupción y la criminalidad.
Actualmente transitamos por momentos clave que requieren acciones enérgicas para recuperar la confianza ciudadana, por lo cual, exhortamos al Poder Judicial a actuar de manera independiente en la judicialización de este caso, para afianzar el Estado de derecho y dar respuestas a las demandadas de justicia del pueblo.
Como pilar fundamental para hacer efectiva la labor de las instituciones operadoras de justicia, llamamos a toda la población a mantenerse alerta y a no permitir retrocesos en la lucha contra la corrupción. Solo las acciones conjuntas pueden detener a los corruptos que se roban los fondos públicos y mantienen al país en la pobreza.
Tegucigalpa.- A criterio de los personeros del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), la Sala de lo Constitucional fortalece el pacto de impunidad al rechazar el recurso de inconstitucionalidad contra la reforma a la Ley Orgánica del Presupuesto y su Fe de Errata, presentado por ellos ante el Poder Judicial.
La Sala de lo Constitucional inadmitió el recurso presentado, por considerar que el CNA no tiene un interés legítimo para alegar la inconstitucionalidad de las cuestionadas reformas.
Esta posición de los magistrados del Poder Judicial, genera un alto grado de preocupación, la postura del máximo órgano nacional de justicia, en vista que el CNA es una instancia de sociedad civil dedicada a prevenir y combatir la corrupción, reza el comunicado emitido este jueves por el CNA.
POSTURA INSTITUCIONAL FRENTE AL PACTO DE IMPUNIDAD
En fecha 31 de enero del presente año, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó una acción de inconstitucionalidad contra la reforma a la Ley Orgánica del Presupuesto y su Fe de Errata, por considerar que ésta lesiona derechos constitucionales como ser los de igualdad ante la ley, legalidad y el debido proceso; ante estos hechos, el 13 de febrero la Sala de lo Constitucional inadmitió el recurso presentado, por considerar que el CNA no tiene un interés legítimo para alegar la inconstitucionalidad de las cuestionadas reformas.
En consecuencia, de esta negativa y haciendo uso del derecho recursivo que permite la ley, el CNA el 07 de marzo presentó un recurso de reposición para que la Sala de lo Constitucional reconsiderara la resolución emitida anteriormente. Sin embargo, el ente no presentó nuevos argumentos que determinen las razones por las cuales esta organización no tiene un interés legítimo.
Evidentemente, genera un alto grado de preocupación, la postura del máximo órgano nacional de justicia, en vista que el CNA es una instancia de sociedad civil dedicada a prevenir y combatir la corrupción, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 1 de nuestra ley, se consigna la obligación de apoyar las políticas y acciones que en el combate a la corrupción emprenda el Gobierno de la República y considerándose como un órgano de colaboración según diferentes normativas; por lo que, no es entendible determinar que el Consejo no tiene interés legítimo, razón que permite preguntarnos, entonces, ¿quién en este rol será el legitimado, para impulsar una causa en donde se solicite la inaplicabilidad de normas que tienen como único fin, limitar y cercenar los mecanismos e instituciones para combatir la corrupción?
Es indudable que, con la inadmisibilidad de este recurso, se fortalece aún más el pacto de impunidad, permitiendo que los astros de la corrupción se alineen, para debilitar los frentes que luchan incansablemente contra la corrupción como lo son: el CNA, la UFECIC y la MACCIH. Expresamos a la opinión pública que el CNA ha emprendido estas acciones por considerar que su interés es legítimo, ya que estamos actuando en representación de la sociedad hondureña, que adversa a los corruptos y sobre todo sus artificios desde los diferentes poderes del Estado para limitar y vulnerar el frontal combate a la corrupción.
Queremos dejar muy en claro que, ante la falta de operatividad de justicia en el país, damos por agotado el trámite administrativo y queda expedito el camino para recurrir a las instancias internacionales.
Solicitan a las distintas embajadas y organismos internacionales, con presencia en nuestro país, que tienen en su mandato de nación el respeto irrestricto de los derechos humanos, su solidaridad activa por la vigencia de estos principios universales.
Por: Redacción CRITERIO
redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.- La Mesa de Derechos Humanos ha reaccionado ante la negligente aplicación de justicia en el caso de los policías que torturaron a cuatro defensores de derechos humanos y ocho estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en septiembre de 2017, incluso rociandoles gas pimienta en sus rostros.
La mesa condena la actitud de la Jueza Gabriela Cristina Gallo, cuyas actuaciones fueron cargadas de contenido de parcialidad con los victimarios en detrimento de las víctimas, incluso mostrando acciones de discriminación durante la audiencia y piden a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que proceda contra la jueza Gabriela Cristina Gallo y que no siga conociendo de la causa. Que vele por la independencia judicial y el no sometimiento a ningún poder fáctico.
Reunida la Mesa de Derechos Humanos para analizar el caso de los defensores y defensoras de derechos humanos víctimas de varios delitos por parte de la Policía Nacional de Honduras, después de las valoraciones de rigor, expresa:
Condenamos la actitud de la Jueza Gabriela Cristina Gallo, cuyas actuaciones fueron cargadas de contenido de parcialidad con los victimarios en detrimento de las víctimas, incluso mostrando acciones de discriminación durante la audiencia.
Reprochamos el papel del Ministerio Público por cuanto el Fiscal durante la audiencia no tuvo la diligencia correspondiente, lo que pone en peligro la sanción que corresponde a los agresores, pues el rango del cargo o los grupos a que estos representan no deben ser motivo de intimidación ante la justicia.
Rechazamos de la Secretaría de Seguridad las acciones de protección en favor de los policías encausados en detrimento de las sanciones que corresponden y del juicio mismo, pues al premiarles con mejores puestos mandan un mal mensaje a los mismos integrantes de la policía alejándoles más de su misión.
Por lo anterior demandamos:
1) A la Corte Suprema de Justicia proceda contra la jueza Gabriela Cristina Gallo y que no siga conociendo de la causa. Que vele por la independencia judicial y el no sometimiento a ningún poder fáctico.
2) Al Ministerio Público revisar su accionar en razón de asumir con propiedad este asunto que impacta en la vida del Estado hondureño por sus implicaciones y repercusiones.
3) A la Secretaría de seguridad que suspenda toda acción de privilegio, protección e injerencia en favor de los policías procesados, pues va en contra de todo el sistema de justicia.
4) Solicitamos a las distintas embajadas y organismos internacionales, con presencia en nuestro país, que tienen en su mandato de nación el respeto irrestricto de los derechos humanos, su solidaridad activa por la vigencia de estos principios universales.
5) Al Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Honduras, a mantenerse vigilante y tomar acciones en este emblemático caso que afecta al mundo de los derechos humanos.
6) Al Relator de la Comisión Interamericana sobre defensoras y defensores de derechos humanos tomar nota de esta comunicación y desarrollar las acciones de urgencia que precisan.
7) Al Relator para Honduras de la Comisión Interamericana, como yo lo hemos pedido en las audiencias pasada de la CIDH, que en su visita de este mes de abril, conozca en terreno de este caso para las medidas que correspondan.
MESA DE DERECHOS HUMANOS.
Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, a los 7 días del mes de marzo del 2018.
Cc: Magistrado Presidente Rolando Argueta, Corte Suprema de Justicia.
Cc: Jueza Gabriela Cristina Gallo. Juzgado de Letras de lo Penal. Tegucigalpa.
Cc: Abogado Oscar Chinchilla, Fiscal General de la República.
Cc: Abogada Soraya Morales, Fiscalía Especial de Derechos Humanos.
Cc: General Julián Pacheco Tinoco, Secretario de Seguridad en los Despachos de Seguridad.
Cc: Comisionado General José David Aguilar Morán, Director Policía Nacional.
Cc: María Soledad Pazo, Representante Residente del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Cc: Comisionado Francisco Eguiguiren, Relator sobre Defensores y Defensoras de Derechos Humanos.
Cc: Comisionado Joel Hernández, Relator para Honduras. Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Tegucigalpa.-«Los magistrados del Poder Judicial condena y condenará cualquier acción o manifestación que implique algún tipo de presión e insinuación proveniente de personas, instituciones o grupos, nacionales o internacionales, y rechaza todo señalamiento dirigido a los funcionarios judiciales con la pretensión de influir en sus resoluciones, lo que manifiestamente atenta contra su independencia».
Así respondió la Corte Suprema de Justicia a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción Impunidad (MACCIH),diciendo además que son respetuosos de la ley y del debido proceso.
La MACCIH brindó una conferencia de prensa este miercoles donde denunció una escalada en contra de sus investigaciones por parte del Congreso Nacional que busca proteger a funcionarios y exfuncionarios corruptos, así como a 60 diputados del Poder Legislativo, encabezados por Mauricio Oliva.
Comunicado del Poder Judicial: El Poder Judicial de Honduras, en vista de los últimos acontecimientos y expresiones que aluden a este Poder del Estado, y con la finalidad de reafirmar y defender la Independencia Judicial, a toda la población en general COMUNICA lo siguiente:
1. Conforme a la estructura Republicana del Estado de Honduras, y conforme al contenido del artículo 1 de la Constitución de la República, que establece «Honduras es un Estado de Derecho, soberano, constituido como República libre, democrática e independiente para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social».
2. Constitucionalmente, la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte gratuitamente en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes, únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes; en este sentido, la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales en su artículo 11 establece de forma determinante, que «La autoridad judicial en el ejercicio de sus funciones es independiente de toda otra autoridad»
3. Entre los elementos caracterizadores del Estado Democrático y Constitucional de Derecho, se resalta con vital importancia la fundamental Independencia Judicial, lo que implica por principio de legalidad, el respeto de las disposiciones constitucionales respecto de las atribuciones y competencias de cada uno de los Poderes o Instituciones del Estado, entre los cuales no existe sometimiento ni jerarquía. Por tanto ineludiblemente, las acciones de los órganos jurisdiccionales, están revestidas de objetividad y estricta observancia de lo establecido en nuestra legislación.
4. Como se ha establecido en anteriores comunicados, reiteramos nuestra enfática y determinante posición de salvaguardar en todo momento la independencia judicial, en consecuencia, este Poder del Estado condena y condenará cualquier acción o manifestación que implique algún tipo de presión e insinuación proveniente de personas, instituciones o grupos, nacionales o internacionales, y rechaza todo señalamiento dirigido a los funcionarios judiciales con la pretensión de influir en sus resoluciones, lo que manifiestamente atenta contra su independencia.
5. El Poder Judicial, en el exclusivo ejercicio jurisdiccional, es garante del cumplimiento del debido proceso, la paridad de las partes y de la aplicación de las normas jurídicas que conforman el sistema normativo interno. Reafirmamos el compromiso con la Justicia, el accionar objetivo en base a la ley y el respeto al debido proceso en autonomía e independencia como corresponde a un Estado de Derecho. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Tegucigalpa.-La Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió esta tarde un comunicado de prensa mediante el cual condena la presión ejercida por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) en torno al libramiento de órdenes de captura contra cinco diputados vinculados a actos de corrupción.
Aunque el Poder Judicial no refiere el nombre de la MACCIH en su comunicado, es obvio que el mensaje va dirigido para el vocero de esta misión de la OEA, Juan Jiménez Mayor, quien en las últimas horas ha publicado varios mensajes en su cuenta de Twitter pidiendo la celeridad del proceso luego que junto con la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UCEFIC) presentaran el pasado lunes un requerimiento fiscal contra los parlamentarios, por los delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.
“En aras de salvaguardar la Independencia Judicial que debe regir cada una de las acciones de Jueces y Magistrados, este Poder del Estado condena cualquier tipo de presión, proveniente de personas, instituciones o grupos, nacionales o internacionales, y rechaza todo tipo de señalamientos o amenazas dirigidas a vulnerar dicha independencia”, dice el comunicado de la CSJ.
Fuga de información y retardo en decisión permitió a defensa de imputados presentarse voluntariamente para utilizar argumento de no fuga. Pero resolución de Juez Natural Alma Guzmán no atiende fundamento de OBSTRUCCIÓN DE JUSTICIA, que responde a calidad de personajes con poder
El texto fue elaborado luego que en horas de la mañana el vocero de la MACCIH publicara un Tweet que dice: “fuga de información y retardo en decisión permitió a defensa de imputados presentarse voluntariamente para utilizar argumentos de no fuga. Pero resolución de juez natural, Alma Guzmán, no atiende fundamento de obstrucción de justicia, que responde a calidad de personajes con poder”.
El requerimiento fiscal se presentó contra los diputados Héctor Enrique Padilla Hernández, Audelia Rodríguez Rodríguez, Augusto Domingo Cruz Ascencio, Dennys Antonio Sánchez Fernández y Eleazar Alexander Juárez Saravia.
El pleno de la Corte Suprema de Justicia nombró el lunes a la magistrada Alma Guzmán como jueza natural y designó a los magistrados, Reinaldo Antonio Hernández, Miguel Alberto Pineda Valle y Rina Auxiliadora Alvarado Moreno, como integrantes de la Corte de Apelaciones que conocerá sobre el caso.
A continuación comunicado de prensa de la Corte Suprema de Justicia:
A efecto de reafirmar la Independencia Judicial que debe caracterizar cada una de las resoluciones de nuestros Jueces y Magistrados en relación a las causas judiciales sometidas a su conocimiento y análisis jurídico, el Poder Judicial de Honduras a la ciudadanía en general manifiesta lo siguiente:
1. Que en relación a las más recientes acciones presentadas ante la Corte Suprema de Justicia por parte del ente acusador del Estado, en consonancia con los hechos presentados, el Poder Judicial ha actuado con la celeridad debida y en coherencia con el detalle de acciones que el caso amerita, actuando de manera ordenada en respeto al debido proceso.
2. Que las acciones de los órganos jurisdiccionales en conocimiento de tan importantes causas, deben estar revestidas de objetividad, ser precedidas de un responsable análisis jurídico de cada uno de los elementos presentados y en estricta observancia de lo establecido en nuestra legislación penal.
3. En aras de salvaguardar la Independencia Judicial que debe regir cada una de las acciones de Jueces y Magistrados, este Poder del Estado condena cualquier tipo de presión, proveniente de personas, instituciones o grupos, nacionales o internacionales, y rechaza todo tipo de señalamientos o amenazas dirigidas a vulnerar dicha independencia.
4. El Poder Judicial es garante del cumplimiento del debido proceso y de la aplicación de la norma jurídica vigente al caso concreto. Reafirmamos el compromiso con la Justicia, el accionar objetivo en base a la ley, el respeto al debido proceso en autonomía e independencia como corresponde a un Estado de Derecho.
Conozca el listado completo de los jueces, juezas, magistrados y otros cargos del nuevo Tribunal
Por: Redacción CRITERIO
redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-El Poder Judicial publicó este miércoles la lista del personal de juzgados de Letras, Tribunal de Sentencia y Corte de Apelaciones con competencia nacional en materia de extorsión.
La lista ha sido publicada junto al acuerdo PCSJ-033-2017 que sustenta el nombramiento del nuevo personal. El acuerdo refiere que los candidatos han sido electos, según los listados proporcionados, tanto por la Comisión de Selección de Jueces y Magistrados como por la Comisión de Selección de Secretarios, Receptores, Escribientes, Digitadores y Archiveros.
El acuerdo es firmado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Rolando Argueta, quien de acuerdo al marco legal es quien hace los nombramientos.
A continuación las listas de los nombrados
A.-JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSIÓN DE TEGUCIGALPA:
1. Juez de Letras ALEXIS MELANIO CASTILLO VÁSQUEZ;
Tegucigalpa. Recientemente, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales siete artículos de la Ley General de Minería de ocho que solicitó la Coalición Nacional de Redes y Organizaciones Ambientales (CONROA)
Los referidos artículos son el 22-27-56-67-68-76 y 77, dejando sin aprobar el 53 que se refiere al uso del elemento agua, lo que preocupa a los ecologistas del país por considerar que el vital líquido queda siempre desprotegido de las empresas nacionales y extranjeras que buscan la explotación de minerales.
El resto de artículos tienen que ver con la forma de operar de las transnacionales en uso y forma de los recursos naturales, así como el control de terrenos ociosos, consulta popular para instalar estas industrias, aplicar mercurio, cianuro y plomo en las mineras, acciones consideradas lesivas y peligrosas para la salud humana y animal.
La petición a declarar inconstitucionales estos artículos fue presentada el 15 de octubre del año 2014 por los señores Octavio Sánchez, (ANAFAE); Carlos Antonio Padilla Ruiz, (CEHPRODEC); Juan Almendáres, Bonilla (Movimiento Madre Tierra); Roger Abraham Escober, (Comité Ambientalista Valle de Siria); Felipe Benítez Vásquez, (Movimiento Indígena Lenca de La Paz ); y su servidora, en carácter personal.
Fue una larga espera de casi tres años, y los ambientalistas analizarán exhaustivamente el cumplimiento de esta disposición, una vez sea publicada en el diario oficial La Gaceta, así como qué medidas se tomarán con la no aprobación del artículo 53, referente al agua.
Es de recalcar, que el fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia fue unánime.
