Estrategias fiscales de los países de CA no mejoran las condiciones de vida: ICEFI

Por: Redacción CRITERIO

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El Icefi presentó el documento Perfiles Macrofiscales de Centroamérica número 11, que contiene el análisis de la situación fiscal de la región centroamericana al cierre de 2018 y su comparación con los períodos previos, y concluyó que las estrategias fiscales de los países de la región en los últimos años, han privilegiado la sostenibilidad de la deuda y se han alejado paulatinamente de la búsqueda del bienestar común, como lo mandan sus cartas magnas.

Conforme el documento Perfiles Macrofiscales de Centroamérica en su décima primera edición, publicado este día por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) el gasto público promedio de la región bajó al 18.3% del PIB en 2018, luego de registrar 18.4% en 2017 y 19.0% en 2016.  Conforme los presupuestos aprobados por los seis países de Centroamérica, el gasto público al final de 2019 alcanzaría 18.2%, reportando el cuarto año consecutivo de disminución.    Los países que han adoptado con mayor énfasis una política de austeridad son Honduras, cuyo gasto se redujo desde el 20% del PIB en 2017 al 19.1% en 2018 y estima 19.0% en 2019; Panamá que redujo su gasto desde 17.1% en 2017 al 16.6% en 2018 y Costa Rica que registró una contracción desde el 20.5% en 2017 al 20.2% en 2018.    La contracción del gasto hondureño se debe primariamente a un plan de ajuste fiscal que inició en 2014 y que involucró el incremento de las tasas de impuestos, especialmente del IVA del 12% al 15%, con el fin de controlar el crecimiento acelerado de la deuda; mientras que la reducción del gasto de Costa Rica derivó del plan de austeridad implementado por recién electo Presidente Carlos Alvarado, para evitar un aumento del déficit y de la deuda que ya sobrepasa el 50% del PIB; por su parte, Panamá redujo su gasto como consecuencia primaria de serias dificultades en la ejecución de los planes de infraestructura previstos por su Gobierno y que desembocaron en una masiva huelga de empleados de la construcción en el primer semestre de 2018.

En sentido contrario, los Gobiernos que aumentaron su gasto fueron El Salvador, que incrementó el tamaño del Gobierno Central del 21.5% en 2017 al 22.2% en 2018, como consecuencia, tanto de la transparencia en los gastos vinculados al sistema previsional, como del incremento de los mismos por el proceso electoral que vivió dicho país; también Guatemala aumentó ligeramente su gasto del 12.1% en 2017 al 12.3% en 2017 y Nicaragua, a pesar de la profunda crisis política, sin precedentes en las últimas dos décadas, registró un aumento del 19.4% en 2017 al 19.6% en 2018.

La reducción del gasto regional en 2018 se manifestó en los gastos de inversión, que se contrajeron de 3.6% al 3.5% del PIB y que tendrá alguna repercusión en el largo plazo, tanto en la construcción de mejores condiciones de vida de la población, como en el aumento de la productividad de los países, lo que repercutirá en su competitividad mundial.

Es cierto que la mayor parte de los gobiernos de la región han privilegiado la sostenibilidad de la deuda como objetivo fundamental de política fiscal, incluso incluyendo en su legislación tributaria reglas fiscales explícitas que tratan de establecer condiciones de largo plazo sobre las que se debe orientar el gasto público, olvidando los aspectos fundamentales de su carta magna en la que debe privilegiarse la búsqueda del bien común, pero también es cierto, que existe una fuerte percepción de aumento en la corrupción y en el desvío de los fondos públicos, ambos factores que provocan un serio deterioro de la moral tributaria de los contribuyentes.  De esa forma, conforme los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, Costa Rica, Guatemala y Nicaragua reportaron retrocesos en su calificación, mientras que Honduras y Panamá la mantuvieron, siendo El Salvador el único país que reportó una ligera mejora en la percepción del uso de los fondos públicos durante 2018.    Lo más dramático se encuentra en el hecho que Nicaragua y Guatemala se encuentran en las posiciones 152 y 144, de un total de 180 países, en el índice, lo que implica que los ciudadanos en general tiene una percepción muy profunda del mal uso de los recursos.
 
Dicha situación ha provocado que en los procesos electorales, Costa Rica y El Salvador en 2018 y actualmente Guatemala y Panamá, los políticos contendientes soslayen la discusión del tema fiscal, bajo el supuesto que al mejorar el uso de los recursos, se alcanzará la suficiencia fiscal y se atenderán las necesidades de los pobladores, creando la aparente paradoja entre gastar más o gastar mejor.   Lo único realmente cierto es que, especialmente para los países del triángulo norte, la reducción del gasto mantendrán las condiciones sociales de largo plazo, por lo que se continuarán expulsando a millares de centroamericanos hacia otros países.
 
Los ingresos fiscales continuaron siendo insuficientes y decrecientes, al extremo que la carga tributaria regional pasó del 14.1% del PIB en 2017 y 2016 al 14.0% en 2018.   Si se mantiene lo considerado en los presupuestos de ingresos y gastos alcanzaría 13.6% en 2019, sin embargo, dicho valor no considera los efectos de las reformas tributarias aprobadas en Costa Rica y Nicaragua.  En 2018 los países que redujeron su recaudación tributaria fueron: Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y Panamá, siendo el caso de Nicaragua el explicable por factores exógenos (la crisis sociopolítica de dicho país), mientras que la pérdida de eficiencia recaudatoria de los otros tres, deriva simplemente de pérdidas en la capacidad recaudatoria y eficiencia administrativa. Honduras y El Salvador mejoraron su recaudación como consecuencia de pequeñas reformas administrativas que rindieron frutos en el corto plazo.   Es importante destacar que en ninguno de los países existe un plan público de combate efectivo a la evasión, aunque existen declaraciones verbales de funcionarios de Honduras y El Salvador; en consecuencia,  es apropiado que los entes encargados de colectar los tributos establezcan como guía principal en su plan estratégico, la reducción de la evasión y elusión tributaria, dado a que de lo contrario, aunque se aumenten las tasas o se practiquen reformas tributarias, los niveles de incumplimiento tributario seguirán siendo altos.

A pesar de la austeridad y de las reformas tributarias, la contracción de la carga tributaria produjo que el déficit fiscal creciera de 2.5% del PIB en 2017 a 2.7% en 2018, y si se cumpliera lo establecido en los presupuestos, alcanzará el 3.1% en 2019, sin embargo, estos resultados no incluyen los potenciales efectos de las reformas tributarias de Costa Rica y Nicaragua.   El crecimiento del déficit ha producido que la deuda pública regional alcance 45.0% del PIB en 2018, por encima del 42.8% de 2017.   Conforme los registros, Costa Rica, El Salvador y Honduras, alcanzaron los valores críticos establecidos por las instituciones financieras internacionales para la relación deuda / PIB (mayor de 40%), mientras que Costa Rica, El Salvador y Panamá exceden los valores recomendados para la relación deuda / ingresos públicos (250.0%). 
 
La sostenibilidad de la deuda es más complicada para Costa Rica y El Salvador, los cuales, uno con reforma fiscal y el otro con contracciones del gasto y mejoras administrativas recaudatorias, están tratando de que la deuda pública no crezca, lo que Icefi percibe como probable, sin embargo, eso prácticamente descarta la posibilidad de mejorar la atención de las necesidades de la población en el corto plazo.  Sobre este particular, Honduras y Guatemala presentan los casos más dramáticos, dado a que su plan de ajuste para el primer caso y la mal interpretada disciplina fiscal para el segundo, han producido el descuido de los servicios orientados a la población, por lo que no se percibe ninguna mejora en el corto y mediano plazo en las condiciones de vida de sus habitantes.

Icefi advierte que la discusión integral del tema fiscal debe ser incorporado por todos los políticos en los procesos electorales y por los Gobiernos en cada una de sus sociedades, dado a que el recorte fiscal es solo una visión unidimensional que si bien reducirá el peso de la deuda, no mejorará la situación de la población; por ello, las políticas fiscales deben comprender la adopción de estrategias permanentes de evaluación de la calidad del gasto público, para verificar su eficiencia y eficacia,  destinando los recursos estrictamente hacia las actividades que redunden en beneficio de los pueblos, así como de planes concretos de combate a la evasión, elusión tributarias y los flujos ilícitos de capitales para que la disponibilidad de recursos aumente para los Gobiernos centroamericanos, haciendo viable el cumplimiento de lo establecido en las Constituciones de cada país.

Hace falta una “Agenda de exigibilidad de derechos” para la población excluida

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.- Una “Agenda de exigibilidad de derechos”, orientada a generar un proceso de diálogo y consenso a partir de acciones a corto, mediano y largo plazo, que debería impulsar el Estado de Honduras para mejorar las condiciones que permitan la plena vigencia de los derechos humanos de la población excluida, fue presentada hoy en Tegucigalpa.

La propuesta forma parte de un estudio que recoge desde el año 2009 a la fecha, las recomendaciones priorizadas por diversas organizaciones sociales y del sector público, y la revisión, análisis documental e interpretación de documentos en relación con el orden jurídico e institucional, las políticas públicas, programas y proyectos concretos, y las instituciones del Estado responsables de su cumplimiento, para responder a las necesidades de la población.

Este es un primer paso en el camino que hemos iniciado con sociedad civil para que se reconozca, no solo entre los funcionarios sino también entre la misma sociedad civil, que no podemos hablar de democracia si no hablamos de Estado de derecho, señaló Josué Murillo, representante de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF por sus siglas en inglés).

La investigación Derechos Humanos en los países del Triángulo Norte de Centroamérica, realizada por el Proyecto Regional de Derechos Humanos y Democracia, analiza la situación de los DD. HH. En Honduras de la población migrante; niñas, niños y jóvenes; mujeres; pueblos indígenas y afrodescendientes; personas con discapacidad; defensoras de derechos humanos, y lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales (LGTBI).

El documento precisa que actualmente, el Estado de Honduras se enfrenta a muchos desafíos en materia de DD. HH., los que se deben afrontar “dando estricto cumplimiento a la normativa vigente, mediante la revisión de los vacíos de (la) ley y enmienda de los mismos, así como con la incorporación de una agenda de exigibilidad de derechos de grupos vulnerables, de acuerdo con las demandas de la población”.

Estamos conscientes que la credibilidad  de una democracia depende de cómo funciona en la práctica y como se benefician sus ciudadanos, expresó Deborah Ullmer, directora del Instituto Nacional Demócrata (NDI por sus siglas en inglés).

Señala que durante las primeras décadas de este siglo, desde distintos organismos internacionales de DD.HH., las organizaciones de la sociedad civil, el Examen Periódico Universal (EPU), la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, y la Comisión de Verdad, el Estado de Honduras ha recibido una serie de recomendaciones para avanzar y responder al desafío de la satisfacción plena de los derechos de la población.

Aclara que si bien en su mayoría estas recomendaciones fueron recogidas en la Primera Política Pública y el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos 2013-2022, hay demandas que todavía se mantienen, por lo cual se ha generado esta nueva agenda que requiere una necesaria coordinación y complementariedad con iniciativas que están en marcha, tanto a nivel nacional como en la región.

En su mensaje, la subsecretaria de Derechos Humanos y Justicia, Norma Cerrato, apuntó que “estamos firmemente comprometidos con no dejar a nadie atrás”, y recalcó que los sectores discriminados  identificados en esta  agenda, son prioritarios en las acciones de este Gobierno.

El estudio fue coordinado por el NDI, uno de los socios estratégicos del Proyecto Regional de DD. HH. y Democracia que es liderado por la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF por sus siglas en inglés), y financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USA).

UNFPA lanza informe del estado de la población con un foro sobre la inversión en niñas y adolescentes

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.- El matrimonio forzado, el trabajo infantil, la mutilación genital femenina y otras prácticas que dañan la salud y los derechos de las niñas amenazan la ambiciosa Agenda de Desarrollo 2030, advierte el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, en El Estado de la Población Mundial 2016, que se dará a conocer oficialmente el próximo jueves 20 de octubre.

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La edad de 10 años es fundamental para las niñas de todo el mundo, pues es el preámbulo de la pubertad. En algunas regiones del mundo, las niñas de esa edad cuentan con posibilidades ilimitadas y ellas mismas, o sus familias, comienzan a hacer elecciones que influirán en su educación y, posteriormente, en su vida laboral. Pero en otros lugares se considera que una niña que atraviesa la pubertad es un producto que se puede comprar, vender o negociar. Igualmente, puede verse obligada a contraer matrimonio, a abandonar los estudios y a comenzar a procrear y a iniciar una vida de servidumbre indica el informe del UNFPA, titulado “10. Nuestro futuro depende de las niñas que cumplan esta decisiva edad”.

“Impedir el paso seguro y saludable por la adolescencia hacia una edad adulta productiva y autónoma constituye una violación de sus derechos,” asevera el Director Ejecutivo del UNFPA, el Dr. Babatunde Osotimehin.

“Pero grava, además, a su comunidad y su nación” y cuando “no se hace efectivo el potencial de una niña todos perdemos”, insiste el Dr O Osotimehin en su introducción al informe anual del Fondo de Población 2016.

El informe El Estado de la Población Mundial señala que de los 125 millones de niños de 10 años de edad que existen actualmente, 60 millones están en desventaja a nivel mundial al pasar de la adolescencia a la edad adulta. Es menos probable que las niñas completen la enseñanza de nivel secundario y universitario; es más probable que su salud física y mental sea inferior y les será más difícil encontrar trabajo remunerado.

En el último decenio han aumentado las opciones a partir de políticas aprobadas por gobiernos en diferentes zonas del mundo. Entre ellas se incluyen la prohibición de prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, o poner a disposición de las familias pobres transferencias financieras para ayudarlas a las niñas a permanecer más tiempo en las escuelas. Estas políticas incluyen, además, la creación de oportunidades y capacidades para que estas pequeñas puedan enfrentar sus vidas. Esas capacidades incluyen una educación sexual apropiada y amplia, en el marco del respeto a sus derechos humanos.

El reto actual, dice el informe del Fondo de Población, consiste en aumentar esas intervenciones de manera que más niñas de 10 años se beneficien, en especial las más pobres y vulnerables.

“La forma en que invirtamos en  las niñas de 10 años determinará el aspecto que nuestro  mundo tendrá en 2030,” dice el Dr. Osotimehin. “Con el apoyo de la familia, la comunidad y la nación, y con la plena realización de sus derechos, una niña de 10 años podrá prosperar y ayudar a lograr el futuro que todos deseamos.”

 Estadísticas clave

Nueve de cada 10 niñas de 10 años viven en países en desarrollo, y una de cada cinco vive en un país menos adelantado: una de cada cinco en la India, y una de cada ocho en China.

  • Cada año de educación brinda un aumento de 11,7 por ciento adicional de posibilidades a las niñas en su vida posterior (comparado con 9,6 por ciento para los niños). Sin embargo, 16 millones  de niñas de 6 a 11 años de edad nunca irán a la escuela, el doble de los niños en igual circunstancia.
  • Si todas las niñas de 10 años de edad que abandonan los estudios o no asisten a la escuela en los países desarrollo completaran la educación secundaria impulsarían un dividendo anual de 21 mil millones de dólares.
  • Diez por ciento de las niñas de 5 a14 años de edad suman más de 28 horas de trabajo doméstico por semana, el doble que los niños. Tres de cada cuatro niñas trabajadoras no son remuneradas.
  • Se estima que 47.700 niñas contraen matrimonio antes de los 18 años de edad.

Estadísticas en Honduras

En Honduras 1 de cada 10 niñas de 10 años no asiste a la escuela

  • Cuando estas niñas tengan 14 años, 3 de cada 10 no estarán asistiendo a la escuela
  • Cuando lleguen a los 18 años, 6 de cada 10 no estarán asistiendo a la escuela
  • Unión marital temprana: a los 15 años 1 de cada 10 niñas ya estará en unión marital. A los 19, ese número se habrá incrementado a 2 de cada 10.
  • Embarazo en adolescentes: 1 de cada 4 niñas entre 15 y 19 años ya ha sido madre o está embarazada
  • Violencia de género incluyendo violencia sexual: en el año 2015, se emitieron 2,619 requerimiento fiscales por delitos sexuales. En 4 de cada 10 de esos requerimientos, la víctima tenía entre 10 y 14 años y en 3 de cada 10, tenía entre 15 y 19 años.

Honduras es un país expulsor de sus habitantes, revela estudio sobre migración (video)

Por: Redacción CRITERIO

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Unos cien mil hondureños intentan salir del país cada año debido a la pobreza, desempleo, inseguridad y violencia que se vive en su territorio.

Tegucigalpa. Las Cifras del Foro Nacional de la Migración (FONAMI) hablan de más de millón y medio que ya están fuera del país, pero el Centro de Atención al Migrante Retornado (CAMR) dicen que entre 80 y cien mil personas intentan salir del país cada año.

Brindar estadísticas exactas en cuanto a la migración de hondureños hacia los Estados Unidos es bastante difícil porque la mayoría de ellos no viajan de manera legal

Los factores que inciden en la migración tienen que ver con la pobreza, la falta de empleo y con la precariedad del poco empleo que el sistema genera y en esta etapa de acumulación el sistema no genera empleo, al contrario, destruye empleo y las políticas del gobierno de generación de empleo no son una solución al problema.

No se puede subsidiar la oferta con plata publica que se pasa a las grandes empresas para que paguen el 50% de los salarios, cuando gobiernos medianamente progresistas lo que hacen es subsidiar la demanda, es decir ayudar a las familias que no tienen empleo, a través de economía social, economía solidaria y de pequeñas empresas.

Además se está dando una feminización de la migración que ahora alcanza el 50% igualando a los hombres, solo que con mayores peligros y vejámenes a lo largo de la ruta migratoria.

Ortega apunta que hay una feminización de la migración y no tiene que ver solo con que haya más mujeres migrantes sino que las féminas están migrando como titulares de un proyecto económico, como proveedoras que es una estrategia más de sobrevivencia.

La violencia para las mujeres tiene un trato diferenciado por toda la violencia sexual que se genera a su alrededor y la trata de personas a lo largo de la ruta migratoria, señala Ortega.  

De continuar este escenario que dibujamos, seguiremos en un país de despojo y expulsor de su población y que tiene que ver con un proyecto económico de despojo, estamos ante una profundización de esa condición de país expulsor y no vemos que haya políticas que vayan a la raíz del problema, señala Ortega.