Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.- De acuerdo a un análisis e investigación del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), diputados al Congreso Nacional han incurrido en delitos de tipo civil y penal al trastocar de manera arbitraria las disposición del Presupuesto General de la República del 2018.
Se encontró que varias disposiciones fueron trastocadas de manera histórica, dijo Mauricio Díaz Burdett, director del Fosdeh, quien explicó que el presupuesto orientado a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) se modificó incumpliendo el mandato constitucional de otorgarle el 6 por ciento del Presupuesto General.
Además, se determinó modificaciones de recorte en instituciones como la Corte Suprema de Justicia y Ministerio Público, donde se observa una debilidad institucional, apuntó el economista.
“También hemos identificado cosas importantes que tienen que ver con la ausencia de planificación, y sin duda entre todas estas cosas hay algo que queremos resaltar, no solamente que ha habido un irrespeto, sino que se ha faltado a la ley y a la ética cuando no se da la discusión técnica que amerita las disposiciones generales y el Presupuesto General de la República, cuando hablamos de más de 240 mil millones de lempiras”: Mauricio Díaz Brudett, director del Fosdeh.
Señaló que cuando se discute el Preuspuesto no debería haber dispensa de debates en el Congreso Nacional y la Comisión Especial, para abordar el tema, debería tomarse el tiempo necesario para hacer las consignaciones.
Sobre los delitos en los que han incurrido los diputados que han participado en la manipulación del Presupuesto, Díaz Burdett, señaló que son delitos de tipo económico que competen al ámbito civil y penal. Asimismo, que ha sido una práctica histórica en Honduras, sin que hasta el momento se haya castigado a los responsables, por lo que lo aprobado para el 2018 “es la cúspide de lo indebido”.
FONDO DEPARTAMENTAL
Para hacer las valoraciones, la organización de sociedad civil hizo una comparación entre los presupuestos de 2017 y 2018, centrándose en el Fondo Departamental. Sobre este particular el Fosdeh tuvo dificultad para encontrar rastro de los dineros.
En enero pasado el Congreso Nacional mandó a publicar en el diario oficial La Gaceta un texto que no corresponde a lo que aprobaron los diputados. La publicación consiste en una reforma a la Ley Orgánica del Presupuesto, que le quitó las facultades de investigación penal al Ministerio Público para que indague la ejecutoria de fondos públicos por parte de diputados y funcionarios del Estado.
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Para evitar que la situación irregular continué, el Fosdeh ha pedido la eliminación del Fondo, al considerar que el Poder Legislativo no tiene responsabilidad de ejecutar recursos económicos, ya que el papel de los diputados es el de legislar y es para eso que el pueblo hondureño les paga y no para hacer proselitismo político con los recursos del Estado, remarcó Díaz Burdett.
Desde que se aprobó el Fondo Departamental en 2006 y tomando en cuenta la falta de transparencia en su manejo, el Fosdeh cuantifica que probablemente, en doce años, se han manejado más de 4,000 millones de lempiras.
“Pero es algo tan oscuro que además de que no se sabe exactamente en qué partidas presupuestarias están, tampoco se sabe cuál es la liquidación de fondos que históricamente debió haber hecho al Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
El Fosdeh considera oportuno que sobre el Fondo Departamental se practique una auditoría forense con el concurso de una firma internacional, dado a que a su juicio el TSC no ha cumplido su responsabilidad y porque los fondos gastados no han dado los resultados en virtud que los niveles de pobreza siguen aumentando.
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